Estas personas, entre los cuales hay migrantes guatemaltecos y de otras nacionalidades, han llegado a la frontera sur de EE. UU. y al ser aprendidos, casi de inmediato y sin ningún procedimiento de entrevista, según denuncias, los suben a un avión y los mandan de regreso al sur de México, Tapachula, Chiapas, o Villahermosa, Tabasco.
Ya en estas ciudades mexicanas, en autobuses son trasladados a los puntos fronterizos con Guatemala donde los migrantes son dejados a su suerte, sin ninguna orientación o ayuda, y sin siquiera registrar su ingreso a suelo guatemalteco.
Hasta el momento la Cancillería guatemalteca se ha limitado a manifestar su “preocupación por la presencia” de estos grupos de migrantes que han sido deportados sin notificar a las autoridades guatemaltecas.
El 17 de agosto indicó que había enviado notas diplomáticas a EE. UU. y México “solicitando” información oficial y mostrando disposición a continuar con la recepción de retornados, pero hasta el momento no se ha cursado alguna queja formal y se desconoce si dichos gobiernos ya respondieron.
Se violan los derechos humanos
Mientras tanto, sectores promigrantes lanzan fuertes críticas por las condiciones en que se producen estas deportaciones.
Hasta antes de implementarse este programa, los deportados eran registrados por el puesto fronterizo de Tecún Umán, San Marcos, y previo a la pandemia también ingresaban por acá los migrantes centroamericanos. Desde ahí se coordinaba la logística para trasladarlos hacia el interior del país y a Centroamérica.
En El Ceibo, esto no ocurre.
“Es indignante. Se están violando los derechos humanos de los migrantes”, aseveró el consultor migratorio Fernando Castro, al agregar que estas personas se les dejan abandonadas sin opción de recibir atención consular y sin la posibilidad de, una vez haber ingresado a Guatemala, regresar a México.
Eduardo Wolkte, defensor de las Personas Migrantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, urgió al Gobierno a que cumplan con lo establecido en el Código de Migración no solo en cuanto a la protección de los retornados, sino en relación con la administración de los flujos.
Afirmó que Guatemala, al permitir estos ingresos masivos y sin ningún control, está siendo cómplice del proceso de expulsión exprés que viola los derechos de las personas.
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“Es claro que hay una flagrante vulneración a la integridad y seguridad de las personas y sus derechos que los estados están obligados a reconocer y proteger. Nos preocupa esta situación porque la respuesta estatal es casi nula”, subrayó el defensor.
El analista en temas migratorios Pedro Pablo Solares indicó que la falta de reacción de la Cancillería hace pensar que el silencio es una medida con fines políticos para evitar la crítica hacia EE. UU. por parte de grupos humanitarios.
Solares considera que este programa de deportaciones debió haber contado con un anuncio previo y una reacción del gobierno guatemalteco, pero el hecho de que ninguna de las dos cosas haya pasado “indica que es un acto flagrante parte de una política de deshumanización que tiene como único objetivo disuadir a las personas de hacer nuevas migraciones”.
“Sabemos que El Ceibo está aislado, absolutamente remoto. No están evaluando los peligros de llevarlos a un lugar donde no se encuentra nadie que brinde protección o apoyo”, dijo Solares. Estas personas al llegar a sus comunidades darán testimonio de lo terrible que fue viajar a EE. UU. y también regresar deportado.
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Gobierno debe reaccionar
Los analistas afirman que el Gobierno de Guatemala debe tratar este problema al más alto nivel y el canciller Pedro Brolo debe convocar a una mesa binacional con México para encontrar puntos de ingreso al país donde se pueda a tender a los migrantes de manera digna.
“La Cancillería de Guatemala debe protestar ante el Gobierno mexicano y Conamigua (Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala) alzar la voz de protesta”, expuso Castro.
Samayoa dijo que la Cancillería debería convocar a una conferencia regional urgente de cancilleres o presidentes de Centroamérica para establecer una posición conjunta en contra de este tipo de expulsiones.
Pero antes, añadió, Guatemala debería presentar algún tipo de reclamo por la contradicción hacia los acuerdos internacionales o bilaterales que se han establecido para hacer deportaciones seguras, más aún en el contexto de la pandemia, para evitar que se ponga en riesgo su salud y la del resto de habitantes del país.
Al ser consultado sobre la aparente pasividad de la Cancillería, Samayoa considera que más que esta, lo que parecer haber es una complicidad de Guatemala a cambio de que EE. UU. pueda “callar ciertas cosas” en ciertos temas relacionados, por ejemplo, a la debilidad institucional.
“Esta complicidad se traduce en no importarles las condiciones o derechos de los propios guatemaltecos sino simplemente satisfacer los acuerdos para que retorne la mayor cantidad de gente posible”, subrayó Samayoa.
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Reacciones
La respuesta estatal parece ir a cuentagotas.
El IGM indicó apenas este lunes que había enviado una delegación de cuatro personas a El Ceibo para “conocer de cerca la problemática” y luego crear las condiciones para atender los flujos. Dijo que a través de la Cancillería han solicitado a México que las deportaciones se hagan en Tecún Umán, como tradicionalmente ha sido, pero no han obtenido respuesta.
Por su parte Raúl Berrios, secretario ejecutivo de Conamigua, aseguró que la institución está “brindando atención inmediata” a los migrantes en El Ceibo, que hasta el momento consiste en orientación y llamadas telefónicas.
Para asistirlos con transporte, explicó, el consejo de Conamigua aún debe reformular el Plan Operativo Anual puesto que no lo contemplaba.
La Cancillería guatemalteca indicó que “se han cursado notas diplomáticas y se ha insistido por todos los medios a efecto de solicitar información oficial” y aseguró que han sido “enfáticos en que se pueden seguir implementando los protocolos de retorno correspondientes” incluso con migrantes de otras nacionalidades.
“El hecho de que no tengamos información oficial y oportuna sobre cada uno de los retornos, pone en riesgo a la población migrante”, indicó en una nota a Prensa Libre.
La Embajada de México en Guatemala tampoco ha respondido a una solicitud de información que este medio le planteó desde que comenzaron a ocurrir estas devoluciones.
