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Con base en múltiples conversaciones con abogados que trabajan con solicitantes de asilo y una revisión de registros de hospital y documentos legales, la pesquisa descubrió que numerosos ciudadanos estadounidenses recién nacidos fueron expulsados hacia México después de que sus madres fueran sometidas a un veto fronterizo del Gobierno de Donald Trump (2017-2021) que la nueva Administración se ha tardado en rescindir.
Los abogados sospechan que el número real de casos es más elevado porque la gran mayoría de estas expulsiones expeditas han ocurrido lejos del escrutinio público y sin el involucramiento de abogados, sostiene la investigación, realizada en conjunto con el periódico británico The Guardian.
“De acuerdo con defensores de migrantes y abogados, este patrón reciente de remociones de ciudadanos estadounidenses sin certificados de nacimiento ha ocurrido ante un trasfondo de políticas y prácticas migratorias en años recientes que han dañado a mujeres y niños ya de por sí vulnerables”, dice el informe.
Durante la Administración de Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) emitieron en marzo de 2020 el Título 42 como parte de la respuesta del Gobierno a la pandemia de covid-19. Esta disposición señala que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) puede devolver por la fuerza a través de la frontera a migrantes que hayan entrado de forma irregular a Estados Unidos, sin darles la oportunidad de solicitar asilo o protección.
La investigación cita el caso de Hélène, una mujer haitiana de 23 años que tenía nueve meses de embarazo cuando llegó a EE. UU. en julio. Funcionarios de la Patrulla Fronteriza la llevaron a un hospital de California, donde dio a luz. Hélène fue devuelta a México después de ser dada de alta, sin el certificado de nacimiento de su hija recién nacida.
Este incidente constituye solo una de las casi 20 mil expulsiones registradas por la CBP bajo el Título 42 en el año fiscal 2020.
El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió el martes pasado una orden ejecutiva para que los CDC y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) “revisen prontamente” el Título 42 junto con otras políticas de la era Trump destinadas a frenar la inmigración.
La orden señala que si bien “Estados Unidos es un país con fronteras y leyes que deben ser respetadas”, se necesitan mejores “sendas legales para la inmigración a este país” y restaurar el sistema de asilo que “ha sido gravemente dañado por políticas aplicadas en los últimos cuatro años que contravinieron nuestros valores y causaron sufrimiento humano innecesario”.