Familiares de la migrante guatemalteca la recibieron en medio de un cúmulo de emociones y entre abrazos y llanto puesto que tenían mucho tiempo de no verla. Hicieron un largo viaje de más de 10 horas desde San Mateo Ixtatán —su lugar de origen— para recibirla.
Alonzo estalló en lágrimas cuando abrazó a sus familiares en el salón de protocolos del aeropuerto La Aurora, sin importarle la presencia de funcionarios guatemaltecos o el nutrido grupo de periodistas que cubrió su regreso al país, luego de que fuera liberada el sábado en horas de la tarde de la prisión en al que se encontraba en Reynosa, Tamaulipas.
Luego, en una rueda de prensa, Alonzo agradeció a las personas que la ayudaron para hacer posible su liberación. “Cuando uno no tiene familia y está en otro país es muy difícil”, dijo. “Ahorita hay muchos guatemaltecos que pueden estar en la cárcel”, agregó.
Historia
La historia de Alonzo Santizo comenzó en agosto de 2014 cuando, como miles de guatemaltecos, decidió migrar a EE. UU. en busca de mejores oportunidades de vida. El coyote ofreció llevarla hasta ese país, pero ya en Reynosa, fue secuestrada por una banda de traficantes y encerrada junto con otras mujeres en una casa privada donde fueron forzadas a trabajar.
En ese entonces, la migrante guatemalteca no hablaba español, solo chuj, su idioma materno.
En un testimonio que fue recogido por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), en México, relata que otras dos mujeres que fueron secuestradas lograron escapar y denunciaron a Alonzo de ser parte de la banda, por lo cual la policía la detuvo en noviembre del 2014 bajo cargos de tráfico de personas.
Sin embargo, la migrante guatemalteca no tuvo nunca acceso a un abogado, ni oportunidad de defenderse porque no entendía de que la acusaban. Según Oacnudh de México, que la visitó en prisión, fue amedrantada, golpeada y obligada a firmar una declaración donde se auto incriminaba el hecho.
Pero Alonzo no tenía ni la menor idea de lo que había firmado, seguía sin saber hablar español y por lo tanto sin poder comunicarse con nadie, no fue sino hasta años después que luego de esforzarse por aprender ese idioma comenzó a entender ciertas palabras y su caso se mediatizó.
La familia se enteró del paradero de Juana hasta 2018. Desde entonces iniciaron una lucha por su liberación con la certeza de que era inocente. La Fiscalía de Tamaulipas nunca acusó a Alonzo y tampoco pidió su liberación. Así se consumieron casi ocho años.
A inicios de 2022, la familia llevó a cabo manifestaciones en la sede de la Cancillería guatemalteca y frente la Embajada de México en Guatemala, y recientemente participó en una caminata que los llevó a ese país en donde exigían su liberación.
Pero, a pesar de protestas y reclamos de justicia no fue sino hasta que López Obrador intercedió que la Fiscalía pidió su liberación y Alonzo salió de la cárcel.
Analizarán demanda
El canciller guatemalteco, Mario Búcaro, dijo que con los abogados de la familia evaluarán si procede una demanda en contra del Gobierno de Tamaulipas por la violación de los derechos de la migrante guatemalteca, aunque aseguró, existe un “gran diálogo” con las autoridades de ese estado.
El funcionario agregó que durante los siete años en los que Alonso estuvo en prisión se le dio acompañamiento consular y dijo que buscarán pláticas con la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas de cara a un posible resarcimiento. “Esto no se puede quedar así”, aseveró el canciller.
Por su parte el director jurídico de la Fiscalía de Tamaulipas, Craig López Olguín, que acompañó el regreso al país de Alonzo reconoció que la migrante pasó estos ocho años en prisión preventiva y que se hacen investigaciones por la posibilidad de que haya sufrido tortura para dar con “la verdad y castigar a los responsables”.
Regresará a su pobreza
Durante la conferencia de prensa, Pedro Alonzo, tío de Juana Alonzo, refirió que hace siete años y medio, su sobrina migró a EE. UU. con la intención de ayudar a la familia, puesto que tiene hermanos más pequeños a quienes les quería dar educación, y su madre estaba enferma.
Al mismo tiempo cuestionó ¿Quién va a pagar por esa cicatriz que le dejó a Alonso siete años de prisión sin tener culpabilidad alguna?
Añadió que la comunidad sigue en las mismas condiciones. “Juanita regresará a su misma choza, pobreza y —a comer— hierbas y frijoles con tortilla, quiso ayudar a su mamá y a su familia, pero no se pudo, el sueño seguirá siendo un sueño”, dijo.
La organización Promotores de la Liberación Migrante, que dio acompañamiento al caso, expuso que queda pendiente la sanción de los responables y la reparación de daño. Al mismo tiempo que lamentó, este caso no es aislado.
“En México se violan de forma generalizada los derechos humanos de las personas migrantes y existe un patrón de acusaciones penales fabricadas, basadas en estigmas y prejuicios, en su contra”, señaló.
No obstante, el canciller guatemalteco dijo que hasta el momento no tiene conocimiento de otro caso similar.
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