En aquella fecha, siete redadas coordinadas por el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) llegaron en horas de la mañana de forma sorpresiva a plantas procesadoras de pollo en seis ciudades de Misisipi y capturaron a 680 personas, casi 400 de ellas guatemaltecas.
Aunque al día siguiente dejaron en libertad a cerca de 300 por cuestiones humanitarias, hoy en día, por entre 200 y 250 esperan audiencias judiciales en cortes de inmigración y también federales puesto que son acusadas de varios delitos como usurpación de identidad y uso de documentos falsos ya que habrían utilizado documentos de seguro social que no son de ellos para conseguir trabajo.
Uno de los casos es el de María Domingo García, una madre mexicana cuyo esposo, guatemalteco, se ha tenido que hacer cargo de los tres niños Henry, de 11 años, Alan, 3 y Jakelin de apenas siete meses.
Vía telefónica el padre de los menores, Manuel (nombre ficticio, ya que prefiere no ser citado por motivos de seguridad), contó a Prensa Libre lo difícil que ha sido llevar la vida desde el pasado 7 de agosto y cómo los planes familiares cambiaron, ya que pasaron del regocijo de haber comprado una casa en Misisipi a pensar seriamente a regresar a vivir a Guatemala.
“Han sido días difíciles”
Manuel tiene 17 años de vivir en Misisipi. Narra que desde el pasado 7 de agosto le ha tocado vivir “días difíciles”, debido a que ha tenido que decirle a Alan que su madre está trabajando; además, recuerda que la pequeña aún era amamantada.
“Han sido días tristes porque yo estoy encargado de los tres niños. Para tratar de que la pena no sea tan grande, pues lo que me queda es ir a la iglesia y pedirle a Dios; además, tengo que aguantarme para no demostrar ante mis hijos esta tristeza que tengo… tengo que luchar porque no hay de otra”, dice este migrante de 34 años evidentemente afectado al hablar de su esposa.
Dalila Reynoso, activista promigrante de Estados Unidos, respecto al sufrimiento que ha acompañado a los menores desde las redadas.
Cuenta que le ha costado hallar la forma de cuidar a sus hijos ya que los días en los que debe trabajar debe encontrar a alguien que los cuide. Al salir del trabajo los pasa a traer y luego los lleva a casa donde cocina para ellos.
A Manuel le gustaría cuidar a sus hijos todos los días, pero tiene que trabajar; sin embargo, el empleo es algo que escasea estos días por Misisipi para los migrantes en condición irregular o que hayan enfrentado problemas con Inmigración, por ese motivo debe de conformarse con el empleo que le da un “conocido estadounidense” a veces una, dos o tres veces por semana.
Manuel, originario de Suchitepéquez, dice que espera un milagro de Dios para que su esposa pueda salir libre y reencontrarse con la familia.
“Yo solo pido que no la encierren por mucho tiempo porque no se lo merece. Queremos que nos den una oportunidad en este país porque el único error que cometimos es estar aquí si papeles. Nosotros no hacemos nada malo, solo trabajamos, buscamos una vida mejor, trabajando honradamente”, asegura Manuel.
No obstante el anhelo de una mejor vida para su familia, este padre guatemalteco dice que debido al sufrimiento que atraviesan están pensando renunciar a la pelea del caso de asilo de María y regresar a Guatemala con su esposa y los tres niños.
Aunque María nació en Chiapas, México, no tiene a ningún familiar allá puesto que sus padres son guatemaltecos.
Si María, a quien no le han querido otorgar fianza en varias comparecencias ante un juez, acepta firmar una orden de salida voluntaria podría salir de prisión en días, pero estaría obligada a abandonar EE. UU.
“No podemos aferrarnos a algo que no podamos lograr, a estar en un lugar donde ya no nos quieran porque en este país quizás hay un odio hacia nosotros. Mire los maltratos que nos dan, entonces mejor es renunciar, para que no salgan tan afectados los niños porque ellos no tienen la culpa de lo que está pasando”, dice Manuel con resignación.
Concluye con la única esperanza a la cual también se aferran decenas migrantes guatemaltecos: “Esperamos un milagro de Dios porque como dice en su palabra para él nada es imposible”.
Más de 200 casos
Pero el sacerdote Roberto Mena, a cargo de la iglesia San Miguel de Forest, una de las ciudades más golpeadas por las redadas, cree que quienes sopesan regresar a sus países de origen son los migrantes que tienen hijos pequeños, puesto que los padres que tienen niños en edad escolar o ya son adolescentes, lo piensan dos veces ya que estos se han acostumbrado al estilo de vida estadounidense.
El sacerdote de origen guatemalteco explicó que muchos niños y jóvenes han experimentado problemas de depresión a consecuencia del trauma que representó para ellos las redadas, otros han bajado sensiblemente en su rendimiento académico.
Expuso que unas 250 personas continúan en prisión sin que se sepa qué ocurrirá con ellos. Hoy en día, añade, pareciera que al mismo Gobierno de EE. UU. no le interesa lo que pasará puesto que su atención está volcada hacia un eventual juicio político en contra del presidente Donald Trump y la campaña presidencial de próximo año.
Mena refiere que tres meses y medio después del fatídico 7 de agosto la ayuda aún fluye pese a que los gastos de las familias afectadas son elevados. A cada una de estas, cuyos padres se quedaron sin trabajo o están detenidos se les paga la renta de la vivienda más los servicios, y solo en Forest la suma de las cuentas llega a US$32 mil mensuales.
En ese sentido, el sacerdote destaca la reacción de organizaciones sociales e iglesias que han aportado fondos que se han canalizado a través de Caridades Católicas, pero está consciente de que es una ayuda que no durará siempre.
“Yo supongo que son pequeños negociantes que son caritativos, pero se dice que esta ayuda llegará hasta enero y después quién sabe cómo seguirá la cosa”, se pregunta el religioso.
Más drama
Así como Manuel, decenas de guatemaltecos más padecen las secuelas de las redadas.
Lorena Quiroz, activista que coordina una coalición de organizaciones que se han dedicado a recaudar fondos para las familias afectadas, contó el caso de una familia guatemalteca en donde la madre fue detenida y el padre quedó con tanto miedo que apenas salía para conseguir alimento para sus tres niñas.
También el caso, un tanto más dramático, de Lucrecia, una madre soltera que al ser detenida un vecino se hizo cargo de sus tres hijos que son de padres distintos. Aún no ha salido de prisión y corre el riesgo de ser deportada.
Los menores son estadounidenses por lo cual para salir del país tendrían que tener pasaportes de EE. UU. y la autorización de los padres. Este permiso también lo requeriría si su deseo fuera tramitarles a sus hijos la ciudadanía guatemalteca.
En todo caso la madre no puede hacer nada porque permanece en una cárcel de Luisiana.
A todos estos problemas, se suma la escasez de recursos. Quiroz confirmó que las organizaciones han logrado canalizar fondos, pero el dinero “está a punto de acabarse y no hay más”.
Por ese motivo están por organizar una actividad para recaudar fondos para seguir auxiliado a las familias puesto que no consiguen trabajo en Misisipi, y al tener un grillete localizador no puede abandonar el estado para buscar empleo en otro lugar, y si pudieran hacerlo se enfrentarían a un incremento de policías en las carreteras y se expondrían a ser detenidos.
Otro reto, añadió Quiroz, es la falta de abogados sin costo. Actualmente hay unos 80 que prestan ese servicio para una demanda de 300 migrantes que fueron liberados un día después de las redadas, de 680 que fueron detenidos; del resto, algunos ya fueron deportados, otros 200 a 250 siguen presos, y a muy pocos les han otorgado una fianza.
“Necesitamos la atención mundial para que todo el mundo se dé cuenta de todo lo que hizo esta administración encabezada por el presidente de EE. UU. Son cientos de niños y familias afectadas y como indocumentados no hay opciones para ellos”, concluye Quiroz.
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