El caso es más indignante aún por las revelaciones de que fue forzada a firmar un “documento legal” donde se comprometía a “mantenerse alejada del agresor”, por lo que caía en ella la responsabilidad de lo que sucediera.
De acuerdo con la publicación del matutino, el agresor fue un niño mayor que se encontraba también en el centro de detención de Arizona administrado por Southwest Key Programs.
La menor, sólo identificada como D. L., huyó de Guatemala junto con su madre de la violencia causada por las pandillas, revela el diario, e ingresaron por El Paso, Texas, el 24 de mayo último, donde presentaron “toda la documentación” para solicitar asilo por el temor que tenían de que les hicieran daño.
Pero dos días más tarde, siguiendo las directrices de Donald Trump y su plan de tolerancia cero, las separaron y enviaron a la niña al refugio Casa Glendale, donde ocurrió el supuesto abuso sexual.
El 11 de junio, la noticia le fue comunicada por el mismo albergue al padre de la niña, un inmigrante indocumentado que se había establecido en California, a quien le dijeron que “un niño mayor había tocado a su hija, pero que no se preocupara porque ellos se asegurarían de que no volviera a suceder”.
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The Nation tiene copia de un documento legal en el que, un día después de que se le comunicó al padre del hecho, la niña fue obligada a firmarlo admitiendo que fue abusada y se comprometía a “distanciarse del niño que había cometido el abuso”, y quedaba obligada a seguir “un plan de seguridad”.
“Cuando supe del suceso me sentí realmente terrible porque estaba detenida y separada de ella; fue una pesadilla y estaba tan asusatada”, dijo la madre, citada por el diario.
Pero el calvario no terminó allí. El 22 de junio, el padre de D. L. fue llamado de nuevo para informársele de que el niño había vuelto a tocar a su hija, pero con el agravante de que esta vez también la había golpeado, sin revelar más detalles.
Finalmente, la familia pudo reencontrarse, pero la madre de D. L. asegura que la niña actúa de manera muy extraña y “aún sigue las reglas impuestas en el centro de detención”.
“Ella no nos permite acariciarla, no nos permite, incluso, bañarla. Dice que no quiere volver a lugares donde haya más niños. Se comporta como si estuviera programada”, dice la madre al diario.
Nada nuevo
Según el reporte de The Nation, los abusos sexuales contra niños en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) no es nada nuevo.
De hecho, a principios de año la Unión Americana de los Derechos Civiles (Aclu) presentó un informe de 30 páginas en donde documentaba cientos de casos de abusos contra niños entre el 2009 y el 2014 en los centros de detención, un texto que el ICE desvirtuó y lo calificó de carecer de fundamento.
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Hace unos siete meses, un grupo de congresista escribió una carta al Departamento de Seguridad Nacional exigiendo que se investigaran todos los casos de abusos en ese tipo de albergues, pero tampoco obtuvieron la respuesta que esperaban.
La cadena Telemundo también cita el caso de Wálter, un inmigrante que recién se reencontró con su hija que había sido separada de él, y supo que otro niño de su edad “le había tocado sus partes íntimas”, no sólo a ella sino a muchas otras niñas en el centro de detención donde se encontraba.
“Los albergues para niños están lejos de ser lugares seguros, como lo afirman autoridades”, dice el reporte, que cita también el caso de un trabajador social que habría acosado a un joven hondureño dentro de uno de los albergues.
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