En total se contabilizan 177 presuntos abusos cometidos por oficiales de las agencias estadounidenses, federales, estatales y locales, explicó la oenegé, que tiene su sede en El Paso, Texas, y que año con año elabora un reporte con posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
Del total, la BNHR logró documentar al menos 52 abusos que se habrían cometido a lo largo de la frontera, solo en lo que comprende el estado de Texas, casi la mitad de los más de tres mil 100 kilómetros de la línea fronteriza entre EE. UU. y México.
La organización dio a conocer que en el total de casos se produjeron 31 distintos tipos de abusos. También se cuentan, violaciones al debido proceso, capturas en zonas sensibles —como en iglesias—, discriminación de género, tratos racistas, privación de necesidades básicas, decomiso ilegal de la propiedad, muertes a causa de las políticas migratorias y revisiones inapropiadas de mujeres y de menores de edad.
El informe señala que los abusos recopilados muestran “un patrón sistémico de impunidad bajo el cual las agencias policíacas interactúan con migrantes refugiados”. Además, destaca como los casos más preocupantes las muertes a causa de la política migratoria, de cuatro menores de edad, mientras estaban al resguardo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) y de la Patrulla Fronteriza.
Parte del informe relata que en “muchos casos” los migrantes dijeron que no pudieron ducharse mientras estaban en detención y que no tuvieron acceso a atención médica ni alimentación.
“Los casos demuestran un patrón de abuso verbal y psicológicos por parte de oficiales de ICE —servicio de Inmigración y Control de Aduanas—, BP —Patrulla Fronteriza— y CBP —Aduanas y Protección Fronteriza—, donde las víctimas fueron objeto de insultos, intimidación y amenazas. Se les negó una llamada telefónica y se les obligó a firmar documentos sin información”, detalla el reporte.
Muchos guatemaltecos
Alan Lizárraga, coordinador de Comunicaciones de la BNHR, dijo que la situación en la frontera ha empeorado en los últimos años, debido a la retórica antimigrante que impulsó la administración del expresidente Donald Trump, que estigmatizó a los migrantes como invasores y criminales.
Añadió que las cuatro nacionalidades que más se incluyen en el informe son venezolanos, mexicanos, hondureños y guatemaltecos.
La retórica antimigratoria, a decir de Lizárraga, derivó en Texas a que el gobernador Greg Abbott implementara el plan Estrella Solitaria, mediante el cual el Estado se ha atribuido funciones migratorias que solo competen al gobierno federal, y ha enfocado sus baterías y fuerza pública en contra de los migrantes.
De esa forma la Policía de Texas, la Guardia Nacional Texana y otras agencias locales se dedican a perseguir a quienes cruzan la frontera de manera irregular, muchos de los cuales lo hacen en busca de asilo.
“La retórica está empoderando a los supremacistas y xenófobos, que ven al migrante como un enemigo”, lamentó el Lizárraga, lo que se ve agravado porque el gobierno de Joe Biden no cumple sus promesas de restaurar el “roto” sistema de inmigración e implementar políticas humanas, como lo ofreció en campaña.
“Esto, sumado a las operaciones racistas de —Greg— Abbott crean la fórmula perfecta para incrementar los abusos en la frontera, las muertes y el caos”, subrayó.
El informe recoge el caso de la menor guatemalteca de 15 años que murió mientras estaba en resguardo del HHS, en julio pasado, y que estando hospitalizada su salud comenzó a empeorar hasta que murió por una “falla multiorgánica”. Al respecto, el HHS lamentó la tragedia y explicó que trabajó con la familia y los apoyo con “los arreglos”.
También resalta el caso de una niña panameña que murió mientras estaba en custodia de la BP, a pesar de que su madre pidió auxilio en reiteradas ocasiones porque tenía dificultades para respirar y no podía caminar. “A mi hija me la mataron porque ella quedó casi un día y me dio sin respirar”, dijo la madre. “Lloraba, suplicaba por su vida y no le hicieron caso. Nada hicieron por ella”, recoge el informe.
Abusos reiterados
Tekandi Paniagua, quien fue cónsul de Guatemala en Del Río durante varios años, explicó que la capacidad de los consulados es limitada, como ejemplo, indicó que en 2018 él atendió unos 400 casos, cuando solo por Texas, ingresaron unas 185 mil personas.
Dijo que en lo que él estuvo en dicha misión atendió muchas denuncias de abusos, una de las más emblemáticas, el de un menor de 12 años que fue amedrentado con un arma de fuego por un agente de la CBP y luego fue forzado a hacer prácticas humillantes frente a otros agentes para que se burlaran de él.
El exfuncionario considera que parte de los abusos ocurren porque no hay gente especializada para atender personas, como en el caso de CBP; no obstante, afirma que la mayoría de los oficiales de las agencias de EE. UU. son muy profesionales, pero “como todo en la vida” hay buenos y hay malos.
Paniagua coincide en que el discurso político “de los últimos tiempos” también puede alentar actitudes y abusos de ciertos agentes que “se toman muy en serio la protección de las fronteras” y que se ven “inspirados por discursos de odio”.
El diputado Edgar Batres, integrante de la Comisión del Migrante del Congreso, dio a conocer que en una gira que él hizo el año pasado a la frontera sur, pudo recoger testimonios de guatemaltecos que le dijeron que sufren malos tratos por parte de las autoridades estadounidenses.
“Hay cargas racistas, nos comentarios que los tratan de indios y otras palabras peyorativas a los latinoamericanos”, enfatizó el legislador.
Dijo que otra práctica que pudo constatar y que califico de “tortura” es el hecho de que a muchas familias se les mantiene durante tres días en un centro de procesamiento donde son interrogados, después son subidos a un avión y no se les dice a dónde van y cuando aterrizan se dan cuenta que fueron enviados de vuelta a Guatemala.
“Esto es una tortura psicológica, los niños, niñas y adolescentes se quedan con un trauma, esto bajo el argumento de la seguridad nacional de EE. UU.”, aseveró Batres.
Posturas
Prensa Libre intentó obtener unos comentarios por parte de la CBP, pero esta no respondió a una solicitud de comentarios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), por su lado, afirmó que “nuestros consulados velan por el respeto de los derechos humanos de todos los guatemaltecos. En el caso de las sedes consulares ubicadas en la frontera sur, se cuenta con funcionarios con experiencia en abordaje psicosocial para apoyar a nuestros connacionales con los protocolos adecuados, a fin de brindar alivio debido a los desafíos que enfrentan en la ruta migratoria”.
