La implementación de la política de atención a los migrantes guatemaltecos en el extranjero es de gran importancia y de haber estado vigente, por ejemplo, establecía protocolos para auxiliar a los connacionales en casos como las redadas que ocurrieron en Misisipi el pasado 7 de agosto, en donde quienes se salvaron de ser detenidos, así como sus familiares les urgía documentarse, pero el consulado móvil llegó hasta un mes después.
Desde hace varios años que existe la intención de aprobar una política de esta naturaleza. La anterior administración del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) socializó y consensuó una con los guatemaltecos en EE. UU., la presentó en enero del 2017, pero nunca fue implementada.
Ese mismo año la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan) retomó el proyecto y consideró algunos aspectos de la que ya se había presentado puesto que en esa también se invirtió tiempo y dinero.
El proyecto se culminó a mediados del año pasado y el consejo de Conamigua lo aprobó a finales del 2018; sin embargo, fue hasta el 27 de junio pasado que se entregó a la Cancillería para que siguiera su trámite, más de medio año después de aprobada.
En cámara lenta
El titular de Segeplán, Miguel Ángel Moir, expuso que la política la impulsó el presidente Jimmy Morales desde el 2017 año cuando se formuló y se socializó con la comunidad migrante en EE. UU., pero que, debido a los problemas de índole político en Conamigua no ha avanzado como se esperaba.
No obstante, el secretario ejecutivo de esta institución, Carlos Nárez, asegura que no hubo ningún retraso y que se cumplió con los plazos establecidos y que, ya en poder de la Cancillería esta debe hacer llegar la política a la Secretaría General de la Presidencia (SGP) que posteriormente la debe trasladar al presidente de la república. Cobraría vigencia cuando sea aprobada en consejo de ministros.
“Se cumplieron los plazos establecidos. Ahí —en el proceso— intervenían varias representaciones de instituciones, cuerpos jurídicos de cada una y sus aportes y sugerencias y se entregó el documento”, aseguró Narez.
Agregó que “esta política se viene discutiendo desde finales del año pasado” y no desde el 2017 como lo asegura el titular de Segeplán.
Pero Moir sostiene que los conflictos políticos han perjudicado el funcionamiento de Conamigua puesto que por la forma en que son electas sus autoridades —por el Congreso de la República— no puede existir armonía entre secretario y subsecretario, lo que habría incidido en el retraso de la promoción de la normativa.
“Hubo un momento en que el presidente Morales dijo ‘mejor saquémosla del Conamigua porque si no esa política nunca va a salir’, pero nuestra recomendación fue que ahí tenía que nacer porque era donde estaba el marco jurídico que sustentaba la responsabilidad de ejecución”, expuso el funcionario.
Otra razón, agregó, es porque Conamigua tienen un presupuesto cuyo destino debe ser atender y proteger a los migrantes. El presupuesto de esa institución para el 2019 es de Q34.2 millones de los cuales hasta hoy en día ha ejecutado apenas el 12.24%.
El funcionario destacó la importancia de que la política sea aprobada puesto que esta “busca propiciar oportunidades de atención y protección para las personas que migran a Estados Unidos, pero con el enfoque de derechos y protección social para que la migración no sea una obligación, sino una opción”.
Por otra parte, también tiene un componente que mejora la atención de los connacionales que viven en EE. UU., razón por la cual la política fue alimentada con aportes de estos.
Política es urgente
Líderes migrantes que radican en EE. UU. afirman que la política es “vital” y consideran que no se ha aprobado por falta de interés de las instituciones relacionadas con el tema pese a que fue un ofrecimiento del presidente Jimmy Morales.
De hecho, la Política General de Gobierno 2016-2020 de Segeplan establece que una de las acciones estratégicas de la administración de Morales será la formulación de una política migratoria para la protección de los derechos humanos de los migrantes, así como la promoción para que EE. UU. otorgue el TPS a los guatemaltecos (Estatus de Protección Temporal, en inglés). Hoy a menos de cuatro meses de que finalice su mandato, ni una ni la otra se han cumplido.
“Esa política da el manual de cómo atender al migrante, porque algunos quieren hacerlo, pero no saben cómo, y otros a los que no les interesa el tema los obliga a hacer algo”, expuso Hugo Mérida, presidente de la Coalición Nacional de Organizaciones Guatemaltecas (Conguate) una de las que participó en la elaboración de la propuesta.
Mérida explicó que la política da los lineamientos para auxiliar al migrante en EE. UU. y también a los que son retornados a Guatemala, estos segundos que al ser deportados vienen con muchos conocimientos en áreas como construcción, cocina o panadería, pero que “no tienen una institución que abogue por ellos”.
Además, asegura que en EE. UU. los consulados no sirven para otra cosa más que para extender documentos y hacer trámites cuando deberían implementar programas sociales para ayudar a muchos guatemaltecos que viven en medio de precariedades, incluso sin un techo donde dormir. La normativa también tiene un componente para atender estos casos.
Mérida asegura que países como México y El Salvador sí cuentan con este tipo de programas.
Pero algunos guatemaltecos en EE. UU. creen que la situación no cambiará toda vez no se reforme la ley de Conamigua puesto que actualmente no puede ejecutar recursos en el exterior.
Marlon González, integrante de la Misión Guatemala USA, expuso que la política en cuestión no fue consensuada con todas las organizaciones de guatemaltecos en EE. UU., pero que, de igual forma, cualquier iniciativa está destinada a fracasar toda vez Conamigua no cambie.
El líder migrante que radica en Miami, Florida, coincide en que debe mejorarse la atención de los migrantes en EE. UU., pero, afirma, debe ser a través de la reforma de Conamigua.
“Creímos que Conamigua era una verdadera política de Estado para beneficiar a la comunidad, pero cuando llegó a manos del Congreso comenzaron a utilizarla para fines muy particulares que no la hizo funcionar”, señaló González.
Entidades no responden
La Cancillería guatemalteca no respondió a la pregunta desde hace varios días de si ya había trasladado la política a la SGP o qué corresponde hacer para que cobre vigor.
La portavoz Marta Larra se limitó a indicar que la próxima semana nos atendería un funcionario de esa dependencia, ya que por el momento la política “está en proceso y faltan unos detalles técnicos”.
Representantes de Conguate señalaron que, según información que ellos han recibido, esta Secretaría habría rechazado la normativa porque aduce que la creación de esta es competencia de la Autoridad Nacional Migratoria, creada a raíz del nuevo Código de Migración que aprobó el Congreso en septiembre del 2016.
Pero Moir asegura que la normativa que impulsa el Gobierno a través de Conamigua no es esta política como tal, sino un protocolo para mejorar la atención de los migrantes en el extranjero, así como a los retornados y sus familias.
La SGP tampoco respondió a una solicitud de información vía correo electrónico sobre qué paso con la iniciativa, si ya se le dio un dictamen o en caso contrario cuándo se hará y qué pasos siguen para que sea una realidad.
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