“Se perturbaría todo el sistema porque el crimen organizado y el tráfico de personas buscarían nuevas rutas y habría una mayor extorsión a las policías federales y municipales”, explicó Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar.
Roldán apuntó que una política de esa clase implementada en México no solo causaría una violencia inmanejable en contra de los migrantes, sino que podría incrementarse la problemática social de ese país, ya que muchos indocumentados no tendrían más alternativa que quedarse a radicar allí.
La académica espera que el próximo gobierno de México, que presidirá Andrés Manuel López Obrador, quien tomará posesión el 1 de diciembre próximo, tenga mayor capacidad de negociación con EE. UU. y mejores objetivos en cuanto a la migración, ya que, según lo han informado las autoridades electas, ambos países comparten la necesidad de frenar la migración ilegal, aunque por razones distintas.
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Violación de derechos
Juan Luis Carbajal, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, coincide con la experta en que medidas más drásticas harán más difícil la migración de centroamericanos, pero no la detendrán.
“Los migrantes buscarán otras rutas mucho más peligrosas”, precisó Carbajal, para quien, si México acepta los US$20 millones para cerrar sus fronteras, violentará los derechos de las personas de proteger su vida y solicitar asilo en otros países.
Carbajal afirmó que la ayuda del gobierno estadounidense al mexicano es algo que en la práctica se ha dado desde hace años, aunque de manera extraoficial. Las estadísticas parecen darle la razón.
Solo este año, hasta el 30 de septiembre han sido detenidos y deportados desde México 31 mil 163 guatemaltecos. En el 2017 la cifra llegó a 33 mil 71; en el 2016, a 56 mil 142, y en el 2015, a 75 mil 45.
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Carbajal aseguró que la experiencia comprueba que el endurecimiento de esas políticas no disuade la migración.
“Deportan hasta siete veces a una misma persona, pero cuando no se solucionan los problemas de raíz no lo van a hacer gastando dinero con más policías o drones. Esto es lo que la experiencia nos enseña”, aseguró.
En qué consiste
El plan, que fue revelado por el New York Times el pasado 13 de septiembre, contempla el traslado millonario de fondos a México, en apoyo a las operaciones de repatriación, que permitiría la deportación de unos 17 mil migrantes indocumentados a Centroamérica, tanto vía terrestre como aérea.
En años recientes, la colaboración entre ambos gobiernos para la detención de migrantes se ha estrechado y el número de capturas, principalmente de centroamericanos que buscan llegar a EE. UU., también muestra alzas. En cuatro años, 431 mil 461 centroamericanos han sido deportados.
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Sin respuesta
Desde que se conoció la intención del gobierno estadounidense, México no ha rechazado del todo el plan.
El 6 de octubre último, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores publicaron un comunicado que afirmaba que “el Gobierno de México no ha aceptado de manera verbal o escrita dicha propuesta ni ha firmado documento alguno a ese respecto”.
No obstante, según una publicación de El Universal, el pasado viernes, EE. UU. habría dejado en suspenso el programa hasta llegar a un acuerdo con las autoridades del futuro gobierno mexicano.
Al respecto, la virtual secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, ya lo descartó en una ocasión, al indicar que ese país “no será policía de Estados Unidos para la migración”.
Separaciones
El Gobierno de Estados Unidos defendió el pasado viernes su actuación en materia migratoria y no rechazó los rumores de que consideran implementar políticas que supondrían nuevas separaciones de familias de inmigrantes que cruzan la frontera sur ilegalmente.
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Según The Washington Post, el gobierno del presidente Donald Trump estudia nuevas medidas contra los migrantes, las cuales implicarían de nuevo la separación de menores de edad de los familiares que los acompañan al cruzar la zona limítrofe con México.
Al preguntarle al respecto, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Katie Waldman, defendió las políticas del Gobierno en materia migratoria y no negó la información de dicho medio.
“Para mantener el compromiso del presidente con la población estadounidense, el DHS continuará aplicando la ley de forma humana y seguirá examinando un rango de opciones para asegurar las fronteras de nuestra nación”, explicó Waldman a EFE.
La portavoz mantuvo la retórica de la administración Trump y resaltó que “los agujeros de la ley incentivan a quienes cruzan ilegalmente la frontera a emprender este viaje peligroso porque es poco probable que afronten consecuencias por su conducta ilegal y serán casi con total seguridad liberados”.
Con información de EFE
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