De acuerdo con números de AILA, de enero hasta mediados de febrero pasado, 93 familias que llegaron a EE. UU. e hicieron su solicitud fueron regresadas a Tijuana, México.
Leidy Pérez-Davis, abogada de AILA, precisó que la seguridad de los solicitantes de asilo que pasen por esa situación podría verse comprometida puesto que, de acuerdo con su experiencia como abogada de inmigración la mayoría de estos migrantes tienen temor de permanecer en México.
Además, considera que a los requirentes del alivio migratorio les será “casi imposible” conseguir un abogado que pueda representarlos, y de hacerlo, no está claro cómo podrían contactarse con ellos para todos los requisitos y entrevistas indispensables que se deben cumplir, como declaraciones y traducciones juradas, ya que el gobierno de EE. UU. no ha dicho cómo podría facilitar este acceso.
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Otro inconveniente que también preocupa a AILA es la cantidad de tiempo que los migrantes permanecerán en suelo mexicano toda vez que el sistema judicial migratorio acumula más de 800 mil casos pendientes de proceso, en parte por el reciente paro parcial del Gobierno de EE. UU. y, según Pérez-Davis, por casos cuya judicialización no era necesaria y porque tras la llegada del presidente Donald Trump al poder se reabrieron procesos que ya habían sido clausurados.
¿Se extenderá a más frontera?
Aunque hasta el momento, Permanezca en México ha sido una política aplicada solo en la frontera Tijuana-San Isidro, la abogada de AILA teme que la administración de Trump pueda extenderla al resto de pasos fronterizos, nueve en total; de ahí, que el número —relativamente bajo— de familias retornadas a México no sea trascendente.
“No es tanto que la cifra sea elevada o no, para nosotros son 93 personas que están sufriendo innecesariamente y es una indicación de lo que va a pasar por toda la frontera. Mientras en más puntos de entrada empiecen a implementar la política más y más personas van a ser afectadas”, advirtió Pérez-Davis.
En un informe emitido el 1 de febrero último, AILA consideró que la nueva política tendrá “consecuencias devastadoras” en los solicitantes de asilo ya que altera dramáticamente el procesamiento de las solicitudes y hace que sea mucho más difícil recibir una revisión justa de sus casos.
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Las consecuencias de que el oficial de CBP falle en la evaluación inicial del programa son graves, entre ellas el retorno forzado a un lugar impredecible en México donde las condiciones de vida probablemente sean difíciles y peligrosas, también supone una barrera casi insuperable en el afán de conseguir asilo, subraya la asociación.
¿Tendrá capacidad México?
La implementación de la política también es de suma preocupación para organizaciones de derechos humanos en Guatemala porque considera que “de facto niega el derecho a protección internacional”.
El Grupo Articulador de la Sociedad Civil en materia migratoria, un conglomerado de 15 organizaciones externó su rechazo a esa política y consideró que, con estas acciones, Estados Unidos viola sus propias leyes y pactos internacionales como país receptor directo de solicitudes y otorgamiento de asilo.
En un comunicado, el grupo indicó que la política “claramente es un mecanismo para que los solicitantes de asilo se desanimen y desistan del proceso”, a la vez que duda de la capacidad de las autoridades mexicanas para garantizar los derechos de los migrantes que serán devueltos.
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“La decisión del gobierno de Trump pone en riesgo la vida de las personas centroamericanas que huyeron de sus países por la violencia. Los deja en mayor situación de vulnerabilidad, porque en México quedan expuestos a demasiados riesgos”, indicó el Grupo Articular, quien recordó que el vecino sureño de EE. UU. es un país donde los migrantes sufren asaltos, extorsiones y sus derechos humanos son violentados por el crimen organizado.
Se solicitó una postura a la Embajada de México acerca de si las autoridades podrían garantizar la atención de los migrantes y la protección de sus derechos humanos, así como qué harían en caso una posible devolución masiva de solicitantes de asilo y cómo se procedería con ellos; sin embargo, la oficina de Comunicación no respondió a una solicitud enviada vía correo electrónico ni a las llamadas telefónicas.
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