En total son nueve casas del migrante las que administra la Iglesia Católica y en ellas, según se informó por parte de la Conferencia Episcopal, se atiende a por lo menos 25 mil migrantes al año, por lo que su cierre es calificado como una violación a los derechos humanos, principalmente al de libre locomoción, dijeron este viernes los obispos al finalizar su Asamblea Plenaria Anual.
“La dura realidad de los migrantes nos ha llevado a poner estructuras y espacios de la Iglesia disponibles para brindar acogida y consuelo a miles de personas en esta situación. Este servicio está puesto seriamente en riesgo debido a las exigencias establecidas por el Estado guatemalteco en el marco del proceso de registro de albergues, específicamente en las obligaciones dispuestas en el artículo 107 del Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional número 7-2019, Reglamento del Código de Migración”, señala la Conferencia Episcopal en un comunicado.
La misiva agrega que “expresamos nuestra inconformidad en cuanto a lo exigido, ya que consideramos que nuestras casas del migrante deben mantenerse como un servicio de caridad respetuoso y gratuito. La aplicación estricta de la normativa impediría el mismo y nos obligaría a clausurarlas”.
EN ESTE MOMENTO
En tanto, monseñor Domingo Buezo Leiva, obispo de Sololá-Chimaltenango, señaló que “la preocupación que expresamos es por el artículo 107 del reglamento que contienen exigencias de control migratorio que nosotros no estamos en condiciones ni dispuestos a asumir”.
Buezo añadió que la misión de la Iglesia es evangelizar y dar asistencia humanitaria, por lo que “dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y darle hospedaje al que no lo tiene”, en este caso al migrante”, es un compromiso que deben cumplir.
“Estamos haciendo una propuesta de reforma a ese artículo y esperamos que sea aceptada y modificada a modo de que podamos seguir prestando nuestro servicio”, agregó el religioso.
“La exigencia es de control migratorio y nosotros damos asistencia humanitaria, entonces el vinculo que podría hacerse por este control migratorio y la persecución legar de personas o instituciones que acojan o favorezcan el tránsito y la permanencia de los migrantes podría poner en riego las casas de los migrantes”, reiteró Buezo.
En tanto, el Cardenal Álvaro Ramazzini dijo que lo que quieren es tener un control total, “hasta quisieran saber qué es lo comen los migrantes y eso nos preocupa porque se está violentando el derecho de la libre locomoción, que es un derecho humano y por eso no entendemos por qué tanto control”.
“Cuando nosotros hemos organizado estas casas del migrante nos hacemos responsables de las personas que allí entran, es como si pusieran en duda nuestra capacidad de tener esta actitud de responsabilidad y como que si pensaran que las casas de migrantes se vuelven cuevas de ladrones”, dijo el Cardenal Ramazzini.
Agregó que el paso siguiente será buscar llegar a la comisión del Gobierno que trabaja en el tema y no solo con el director de Migración.
Bueno concluyo diciendo que “mientras que nuestros países no tengan condiciones suficientes para tener una vida digna, siempre habrá un alto flojo de migrantes y nos corresponde como cristiano acompañar y guiar en todo lo que podemos, dar asistencia con las capacidades que se han desarrollado en la Iglesia y recomendar a los países centroamericanos que se facilite tener una vida digna mientras van en el trayecto”.
