El funcionario aseguró que, en parte, el retraso para conocer las solicitudes se debe a “la pandemia que nos cayó”, por lo cual durante “marzo, abril y mayo era una locura y este tema se quedó en segundo plano”.
Hace dos semanas, la Pastoral de Movilidad Humana señaló que más de 700 solicitudes de asilo y refugio se han acumulado desde el 2017, sin que el Estado de Guatemala dé respuesta, pero Díaz aseguró que no hay ninguna petición por resolverse de ese año y que las 768 que contabiliza el IGM son del 2018 a la fecha.
Al explicar el porqué del retraso, el funcionario añadió que, si bien es cierto el IGM tiene relación directa con los asilos y refugios, no es el responsable de extender a una persona permiso para residir en Guatemala.
Detalló que luego de recibida una solicitud, Migración traslada los expedientes a la Conader, que está integrada por delegados de varios ministerios.
Esta comisión, agregó Díaz, analiza cada expediente y los traslada a la Autoridad Migratoria Nacional, que preside el vicepresidente Guillermo Castillo y también integran los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores, Trabajo y Desarrollo Social, además del director del IGM y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).
El director del IGM aseveró que, aparte de la pandemia, la acumulación de casos obedece “a la particularidad del proceso de cada persona”, y garantizó que la institución que dirige ha cumplido con la emisión de los documentos necesarios para que los solicitantes permanezcan en el país de forma provisional.
Según registros de Migración, del total de solicitudes de refugio recibidas este año, la mayoría corresponde a hondureños —95— y salvadoreños —71—. Aunque también hay 34 ciudadanos de Nicaragua, 21 de Venezuela y 12 de Cuba.
En menor cantidad se tienen solicitudes por resolver de colombianos, cameruneses, mexicanos e incluso un sirio y un paquistaní.
Cada vez hay más refugiados
El incremento de casos puede obedecer a las políticas migratorias que ha implementado EE. UU. en su frontera sur, mediante las cuales prohíbe el ingreso de cualquier persona y la deporta, bien sea a México o a su país de origen.
Con estas prohibiciones, contenidas en el Título 42, EE. UU. pretende evitar que sospechosos de portar covid-19 entren a su territorio.
En los municipios fronterizos de Guatemala con México se sintieron los efectos de esas medidas. El acalde de Malacatán, San Marcos, Emilio Gálvez, afirmó que en las últimas semanas subió el número de deportados a ese municipio, también de centroamericanos que, aunque las fronteras estuvieron cerradas, logran atravesar el río y fueron sorprendidos en algún camino o aldea.
Muchos llegan a Guatemala con la intención de pedir refugio. Debido a la demanda, la comuna de Malacatán autorizó crear una oficina del migrante, cuyo objetivo es abordar una problemática que, como afirma Gálvez, no le corresponde resolver a la municipalidad.
