De esa forma, líderes migrantes en aquel país coinciden en que esta regla vulnerará a la comunidad hispana, a la vez que aseguran, muchos de ellos no viven de los servicios sociales.
El gobierno estadounidense anunció este lunes una nueva ley que reduce la cantidad de migrantes legales a quienes se les permitirá ingresar o residir en el país, ya que rechazará estos permisos, conocidos como “green cards” (tarjetas verdes, en inglés) si el solicitante recibe “uno o más beneficios públicos” durante más de 12 meses en un período de 3 años.
A su vez, los migrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados “carga pública”, lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal.
Los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados “carga pública”, lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal.
El Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer la norma que se espera sea publicada por el Registro Federal el miércoles de esta semana y que cobre vigencia 60 días más tarde, a mediados de octubre.
“Esta acción va a ayudar a asegurar que si un extranjero entra o permanece en Estados Unidos deba mantenerse a sí mismo y no depender de ayudas sociales”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
Impacto dramático
Organizaciones promigrantes afirman que la reglamentación golpeará a quienes están pendientes de procesar su nacionalidad, que pueden ser millones migrantes, la mayoría de origen latino, que trabajan en empleos mal pagados y que dependen de ayudas sociales para vivir. Entre las ayudas que incluye al ley están los subsidios para vivienda, el seguro de salud pública y los bonos para comprar alimentos.
La Alianza de Inmigrantes de la Florida (FIC, en inglés) calificó la ley como una “desviación radical” de la forma cómo se interpreta una política de migración, y advirtió que “tendrá un impacto dramático en la vida de los inmigrantes”, especialmente las personas afrodescendientes de bajos ingresos.
Isabel Vinent, directora ejecutiva interina de la Coalición expuso que las afectadas serán “familias trabajadoras que buscan vivir su máximo potencial mientras contribuyen enormemente a la cultura y la economía de los EE. UU.”, por lo cual, criticó que con la política “se dará prioridad a los inmigrantes blancos ricos”.
Por su parte, Thomas Kennedy, director de la sección Política de la misma organización, señaló que la aplicación de esta medida prueba que el ataque de Trump no es en contra de la migración ilegal, sino hacia la migración en general.
“Ellos quieren restringir la migración a este país porque es parte de su estrategia de supremacía blanca y se quieren asegurar que los migrantes no puedan entrar ni vivir en este país. Lo que va a pasar con esta nueva regla es que fomentará el clima de miedo que viven hoy en día los migrantes”, subrayó.
De acuerdo con Kennedy, la política es “inconstitucional” y “otra táctica de persecución en contra de los inmigrantes” en EE. UU. y la aplicación de la misma se traducirá en más pobreza para la comunidad que suele utilizar estos programas muchos de los cuales son hispanos.
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La FIC no descarta que en los próximos días organizaciones proderechos humanos planteen denuncias en contra de esa política.
Fortalece retórica antimigratoria
La Alianza Américas, red integrada por organizaciones de migrantes de Latinoamérica y el Caribe en EE. UU., es una de las que considera que el nuevo anuncio de la administración Trump se lanza con el fin de seguir generando la imagen de que los migrantes son “una carga indeseable para el país”.
“Lo que busca Trump es fortalecer la narrativa de que el extranjero de hoy, entiéndase latinoamericanos, son como una amenaza y carga para el país, que va en línea del mensaje que quiere popularizar pensando en su reelección”, enfatizó Óscar Chacón, director ejecutivo de la Alianza.
Para el activista, es un “mito” que se ha popularizado desde hace años y que ha acentuado el actual mandatario estadounidense, el que los migrantes hispanos usan y abusan de los programas de asistencia, lo cual no es cierto.
No obstante, por ser los hispanos el segmento más grande de extranjeros que llegan y residen en EE. UU., no duda que “muchos” serán afectados con la disposición.
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Chacón señaló que el término “carga pública” se ha utilizado durante mucho tiempo en EE. UU., pero que muchas veces quienes hacen uso de estos beneficios son confundidos con aquellos que los piden para sus hijos ya nacidos en ese país, y que por lo tanto tienen el derecho de ser ingresados en estos programas de ayuda.
Esto, según el director de Alianza Américas, se ha aprovechado para acusar a los padres migrantes que sea provechan de los programas de caridad.
Algunos sí lo hacen
Saida Pérez, quien reside en Denver, Colorado, y es parte de la Alianza Migrante Guatemalteca, lamentó que la política afectará a las personas “que de verdad lo necesitan”, puesto que reconoce, hay personas que se aprovechan de los aportes estatales, aunque son la minoría.
“Definitivamente estos programas de asistencia son algo que durante todos los años se ha trabajado y ha ayudado a muchas personas a salir adelante, pero lastimosamente habrá muchos que no podrán acceder a un estatus legal a causa de los que han abusado de esta ayuda”, puntualizó Pérez.
Para Juan García del Comité de Migrantes en Acción, la disposición es una forma de reforzar la ley, y con la cual saldrán afectados muchos migrantes guatemaltecos, sobre todo aquellos que mientan o traten de engañar al Gobierno de EE. UU. para obtener esos beneficios.
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