Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ, en inglés) y la organización Earthjustice denunciaron el uso en un centro de detención para indocumentados del producto químico HDQ, un pesticida y desinfectante regulado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. que se usa en la industria hospitalaria, y que debe ser aplicado siguiendo estrictos protocolos de seguridad por los riesgos que implica para la salud.
No obstante, en centros de detención como el de Adelanto, en California, estas organizaciones activistas aseguran que esas medidas de seguridad no se cumplen por parte del personal que trabaja en las instalaciones, operada por la compañía privada GEO.
“Han estado rociando este producto químico HDQ cada 15 a 30 minutos al día para prevenir la Covid-19”, aseguró en conferencia de prensa Kimberly Galindo, integrante de ICIJ y quien dijo mantener comunicación con los detenidos en Adelanto.
El pesticida se está usando de día y de noche, ahondó Raúl García, director de comunidades saludables de Earthjustice, quien agregó que las pautas de seguridad estipulan que el químico sólo debe usarse con equipo de protección y que únicamente debe ser rociado al aire libre o en áreas bien ventiladas.
“No debe ser inhalado ni ingerido, y, si lo es, la persona afectada debe ser trasladada inmediatamente a un área con aire fresco”, añadió García.
Según las denuncias de los activistas, ninguna de estas prácticas de seguridad se está llevando a cabo en el centro de Adelanto, donde los detenidos vienen denunciando problemas respiratorios y de visión, erupciones de piel, náuseas y dolor de cabeza tras las constantes aplicaciones del producto.
En aislamiento
A los problemas de salud que están enfrentando por el químico HDQ los detenidos, se suma el hecho que los guardias de GEO estarían tomando represalias contras los inmigrantes que necesitan buscar atención médica por esta razón, de acuerdo con Galindo.
“Si van a un hospital, de regreso los ponen en confinamiento solitario durante 14 días y sabemos que el confinamiento solitario no es autocuarentena”, denunció la activista de ICIJ.
Estos no serían los únicos problemas que afrontan los detenidos en Adelanto, ubicado al noreste de Los Ángeles.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció esta semana que los oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) impidieron a una “vasta mayoría” de indocumentados acceder a unas mil 900 pruebas para detectar el coronavirus que se enviaron a esa instalación en mayo.
Según datos del ICE, desde que comenzó la pandemia en Adelanto se han reportado hasta el momento un total de 13 contagios, y actualmente hay tres personas con positivos que han sido aisladas.
En total, en todos los centros de detención en EE. UU. se han reportado desde el inicio de la pandemia cuatro mil 531 casos, cinco de ellos letales. En la actualidad se registran mil 147 casos que son vigilados por las autoridades.
A medida que la pandemia avanza en EE. UU., el país más golpeado por el coronavirus y con más de 5.2 millones de casos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins más voces se han unido para urgir a ICE a que deje en libertad condicional a los indocumentados y puedan seguir sus procesos de asilo en hogares de familiares o allegados.
El congresista federal Mark Takano advirtió este jueves que las cárceles han sido focos de propagación del coronavirus, por lo que aseveró que “una política racional sería minimizar el número de personas en estos centros”.
El demócrata destacó que los inmigrantes detenidos por ICE enfrentan acusaciones civiles, que no son crímenes violentos, y que se les debería liberar bajo fianza, como se hizo en el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).
“Muchos, muchos detenidos pueden ser liberados en la comunidad de forma segura, y ellos se presentarán en sus audiencias”, aseguró Takano.
