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El pasado 24 de octubre, un guatemalteco deportado de 21 años afirmó a las autoridades guatemaltecas que era el padre de una pequeña de 3, cuando retornaban en un vuelo con 135 migrantes desde EE. UU.; sin embargo, cuando personal del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) le hizo unas entrevistas determinó que existían irregularidades en el certificado de nacimiento de la niña.
Según un reporte policial, los agentes de la Alianza de Seguridad Policial contra Fugitivos (Safe, en inglés), recientemente desmantelada, de la División de Información Policial (Dip), pidieron al Registro Nacional de las Personas (Renap), que está situado en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), que estableciera el nombre real de la niña y así constataron que el documento fue alterado en los nombres y apellidos de la menor y también en los nombres de sus padres.
El migrante, quien se supone era el tío de la pequeña, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) señalado de documentos falsificados y la niña fue entregada a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Las autoridades estadounidenses ya habían anunciado que los migrantes centroamericanos intentaban ingresar a su país con niños que podrían no ser sus hijos o familiares, para conseguir un permiso para trabajar o residir en EE. UU. Las miradas volteaban hacia los coyotes, las estructuras de traficantes que engañaban a sus clientes al hacerles creer que en compañía de menores era más fácil conseguir un asilo.
Esta detención forma parte de uno de los cuatro casos de guatemaltecos deportados señalados de uso de documentos falsificados, que fueron reportados por la Safe- Dip entre julio y octubre pasados.
Los detenidos son originarios de Petén y Huehuetenango, como es el caso de una mujer de 25 años originaria de Santa Eulalia. En septiembre pasado fue capturada también por el uso de documentos falsificados cuando presentó la certificación de nacimiento de su supuesta hija. El documento estaba alterado.
Durante las entrevistas realizadas por los investigadores a los detenidos se determinó que los coyotes fueron quienes realizaron las alteraciones a los documentos con base a certificados de nacimientos originales.
Los inmigrantes deportados también narraron que por el trámite y el viaje pagaron hasta Q80 mil, la mitad al inicio de la travesía y la otra mitad la entregarían cuando lograran cruzar la frontera de EE. UU.
Estas investigaciones están a cargo del Ministerio Público. Aunque se trató de obtener información de los expedientes sobre el proceso legal de los detenidos, no fue posible porque Comunicación Social de la Fiscalía no tramitó las entrevistas solicitadas.
Mynor Pinto, fiscal de Delitos contra la Trata de Personas, explicó que estos expedientes no estaban a cargo de dicha unidad porque recientemente fue creada la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, la que ahora se hace cargo de las investigaciones.
Organizaciones alquilarían niños
En agosto pasado, Matthew Albence, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés), durante una visita al país, afirmó que la agencia también luchaba contra inmigrantes que “mentían” con ser padres de supuestos hijos que resultaban hasta no tener ningún parentesco para quedarse en EE.UU.
En esa ocasión aseguró que tenían registrado un alto número de casos y también reconoció que con las pruebas genéticas de ADN practicadas durante un plan piloto dieron positivo 17 de 100 casos sospechosos que fueron remitidos por la Patrulla Fronteriza cuando cruzaron la frontera sur estadounidense.
Albence aseguró en esa ocasión que, además, existen organizaciones criminales que alquilan menores para que los niños sean utilizados para que los migrantes crucen la frontera y lograr obtener permisos legales en ese país.
Renap denuncia irregularidades
Heidi Melgar, portavoz del Renap, aseguró que cada certificado de nacimiento cuenta con altas medidas de seguridad para que no sea alterado, entre estas medida está un código QR que se puede leer a través de un dispositivo electrónico y validarlo a través de internet, cuenta cada certificado con una serie alfanumérica, identificación del operador registral que emitió el documento y la verificación de las certificaciones de manera directa en el portal web de la institución.
Melgar añadió que si son reportados casos de irregularidades en la emisión de los documentos personales en el Renap, estos trasladan la queja al Ministerio Público (MP) para que efectúen las investigaciones.
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