Alonso Santizo, originaria de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, intentó migrar a EE. UU. en 2014, pero en Reynosa, Tamaulipas, fue secuestrada por criminales. Al ser liberada las autoridades pensaron que se trataba de una victimaria, pero en realidad era víctima.
Sin embargo, la migrante guatemalteca no pudo defenderse puesto que en ese entonces solo hablaba chuj, su idioma materno.
Este sábado, la Fiscalía de Tamaulipas indicó que firmó una petición para que el juez conceda la liberación de Alonso Santizo lo cual se concretará “en las próximas horas”.
La historia de la guatemalteca se hizo mediática, y luego de varias protestas y marchas que protagonizaron familiares y amigos, la noticia llegó a oídos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien la semana pasada pidió públicamente por su liberación.
“Esta tarde se le notificó a la señora Santizo su liberación y el reconocimiento de inocencia”, publicó en un comunicado la Presidencia de la República de México. “La señora Santizo fue detenida injustamente en 2014 y permaneció más de siete años en prisión por un delito que no cometió”, añadió.
El día de su captura a Alonso no se le dio acceso a un traductor ni apoyo consular.
En una nota informativa emitida en agosto de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos relata que la migrante no entendía de qué la acusaban ni qué hacía en la estación policial cuando fue detenida, lo que fue aprovechado para hacerla firmar un documento donde aceptaba su culpabilidad.
Según la nota, en la casa de seguridad de la banda ella y otras mujeres fueron sometida a trabajos forzados. Al menos una de ellas logró escapar y denunciar el hecho, pero Alonzo no pudo huir y por esa razón fue hallada en el lugar y apresada.
Familiares denuncian que no contó con la ayuda de un traductor ni hubo presencia del consulado guatemalteco y que Alonzo se enteró de la culpabilidad que había aceptado hasta cuatro años después cuando, en prisión, empezó a comprender un poco de español.
El consultor en temas migratorios Fernando Castro comentó que este caso ilustra la vulnerabilidad a la que están expuestos los migrantes indígenas, muchos de los cuales emprenden el viaje a EE. UU. sin dominar el idioma español.
Dijo que el Estado de Guatemala debería hacer una demanda internacional para exigir el resarcimiento económico en favor de la migrante guatemalteca porque sufrió la violación de sus derechos humanos.
Conamigua debería ser la primera entidad en tomar estas acciones, añadió. Asimismo, dijo qe la Comisión del Migrante del Congreso debería ser la pedir informes pormenorizados al Ministerio de Relaciones Exteriores para determinar qué acciones se hicieron para ayudar a Alonso, puesto que es “inexplicable” que haya estado tanto tiempo en prisión preventiva sin ninguna prueba.
“También deben pedir un informe de otros procesos que están en procesos judiciales en territorio mexicano que están presos para evitar que ocurra esta situación”, añadió.
