Guatemala
Migración desde México hacia Guatemala ha existido por amenazas de narcotraficantes
Gobierno debe acogerse a estatutos internacionales para resguardo de desplazados forzados, indican expertos en temas migratorios.
La migración de familias mexicanas hacia Guatemala es un problema que existe desde años anteriores ante la amenaza de grupos armados, y el país debe acogerlos según lo establecido en los estatutos internacionales para crearles condiciones de vida adecuadas, recomienda la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
La noticia de varias familias mexicanas que se refugieron en Cuilco, Huehuetango, devela un problema que se agudizó desde años atrás, según los informes de Flacso, que ha efectuado investigaciones en comunidades acentadas en la línea fronteriza, donde los pobladores son víctimas de robos, reclutamiento obligatorio y abusos sexuales por parte de grupos armados.
“Hay incongruencia en los datos, el gobierno dijo que eran doscientass o trescientas familias las que ingresaron al país, pero hay medios internacionales y organizaciones que dicen que son 800, tiene lógica que esto ya estaba pasando, pero no eran tan dramático como ahorita”, refiere Rosario Martínez, investigadora de Flacso.
Martínez menciona que en 2023, durante un sondeo en el sur de Chiapas, representantes de organizaciones sociales les advirtieron que era mejor retirarse ante la ola de violencia creada por estructuras de narcotráfico.
También mencionó que personas que trabajaban para organizaciones de asistencia humanitaria a migrantes, debieron huir a otros lugares de ese país por amenazas.
"Entonces pueden ser cientos de personas que han migrado dentro de México y hacia Guatemala”, afirmó.
Abusos
Martinez enfatiza que muchas familias optan por quedarse y no escapar. Sin embargo, en el caso de los hombres son obligados a participar en las actividades delictivas de los carteles de la droga, mientras que las mujeres deben cocinar para los grupos armados y son víctimas de abusos sexuales.
Para la investigadora, Guatemala debe proveer condiciones de vida adecuada para las familias y deben involucrarse varias entidades, como el Instituto Nacional de Migración, el cual debe levantar un censo exacto de las personas que están resguardas y proveerles los permisos migratorios debidos, mientras solventan su situación.
Martinez enfatiza que la Convención sobre el estatuto de Refugiados de 1967 y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 son estatutos internacionales que Guatemala debe cumplir y que estipula protocolos de cómo deben ser las atenciones.
“Hay que verificar que el gobierno cumpla con esos puntos, debe actuar con reciprocidad hacia México, y crear las condiciones para que las familias tengan un lugar donde dormir, alimentación, atención médica y auxilios psicológicos”, acota.
Evitar tensión
La investigadora recomienda que, si bien las entidades de Gobierno otorgan alimentos e insumos médicos, debe existir transparencia en la entrega de esos recursos, como lo plantean los protocolos para refugiados que Flacso ha elaborado.
Además, se recomienda establecer comunidades específicas para las familias desplazadas, con la intención de que no afecten la armonía de las comunidades que los reciben.
“Si se utilizan escuelas para refugio de migrantes, puede afectar a los estudiantes de la comuniad”, afirma.
"Se puede generar tensión entre la comunidad porque se preguntarán por qué ahora si hay alimentos para los mexicanos, y no para las familias pobres que ya residen allí”, agrega.
Pedro Solares, analista en temas migratorios, dice que es un deber dar albergue a las familias mexicanas, puesto que hay normativas internacionales que lo obligan, además, debe haber una correspondencia cuando cientos de familias buscaron refugio en México durante el conflicto armado interno y se les otorgó.
“Existe una preocupación máxima que es la capacidad que pueda tener el Estado de Guatemala para dar seguridad tanto para los desplazados y para los pobladores de Cuilco”, señaló.
Resguardados
Durante una conferencia, autoridades de gobierno se refirieron a la situación de las familias que han buscado refugio en Cuilco, Huehuetenango.
Danilo Rivera, director del Instituto Guatemalteco de Migración, indicó que 44 unidades familiares, equivalente a 260 personas, han sido contabilizadas en el grupo de mexicanos desplazados.
Rivera dijo que otorgan un certificado de permanencia humanitaria para las familias que deseen estar en Guatemala por algún tiempo. Este documento tiene vigencia para 30 días pero pueden ser renovadas las veces que sea necesario mientras los afectados resuelven su situación migratoria.No obstante una de las dificultades es que algunas personas no portan sus documentos de identificación.
Hasta ayer se habían entregado 207 certificaciones a mexicanos refugiados en Cuilco.
El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, explicó que hasta ahora únicamente se ha detectado que Guatemala es utilizada para el trasiego de ilícitos; sin embargo, no se ha identificado la presencia de carteles del narcotráfico.Añadió que de forma preventiva ampliarían las acciones de operativos como el denominado Cinturón de Fuego para prevenir que esto ocurra.
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