El plazo que el Gobierno de Donald Trump le impuso al de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vencerá el 10 de septiembre y en ese momento se abrirá la interrogante sobre si México hizo lo necesario para contener la migración y si EE. UU. está conforme con los resultados, o por el contrario revive su amenaza arancelaria.
“Tenemos un plazo que es el 10 de septiembre que son los tres meses, pero vamos bien”, aseguró López Obrador el 27 de junio. Una percepción -la de que está cumpliendo el trato con su vecino del norte- que ha mantenido desde entonces.
Para el investigador Vicente Sánchez, del Colegio de la Frontera Norte, la maniobra del Gobierno mexicano busca “aliviar por el lado sur (del país) la presión que tiene México en el norte”, controlando así la llegada de migrantes.
Con el apoyo económico, continúa, México quiere disminuir y “estabilizar flujos” migratorios, tras el arribo de centenares de miles de personas desde octubre pasado.
Señaló que históricamente se han dado esas ayudas a Centroamérica, aunque los recursos no siempre “fluyen hacia los grupos a los que se pretende apoyar”, pues a menudo se queda entre “las élites”.
En los últimos dos meses, México ha acordado con El Salvador y Honduras, respectivamente, la inyección de recursos mediante un Plan de Desarrollo Integral, que integra un programa de reforestación mexicano, Sembrando Vida, y otro de aprendices, Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya ha aplicado en territorio mexicano.
La inversión mexicana en ambos países y a la que posteriormente se unirá Guatemala es de US$30 millones para cada país y tiene el objetivo de generar unos 20 mil empleos en cada país y así frenar la migración.
Para el investigador del Colegio de la Frontera Norte, un problema de esa inversión es saber si México le dará seguimiento al mecanismo y evaluará su aplicación.
Para la experta en migración y seguridad Eunice Rendón el Gobierno mexicano debe “revisar” la entrega del dinero mexicano y apretar para que otras naciones también participen del proyecto.
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Recordó que ambos programas de ayuda son los más emblemáticos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y deben funcionar con la “mayor transparencia”.
Rendón pidió no perder de vista que necesitan más recursos y se requiere de un plan maestro “más grande” y recordó que la principal causa de migración en los últimos años está relacionada con la inseguridad y la violencia que se registra en los citados países.
Rendir cuentas con EE. UU.
Esta programa para atender las causas de la migración -y proteger sus derechos humanos- contrasta con otras medidas tomadas por el Gobierno para controlar la migración, mucho más duras e inmediatas, y claramente enfocadas en contentar al jefe de la Casa Blanca.
Desde el 7 de junio, cuando se firmó el acuerdo migratorio, miles de agentes de la nueva Guardia Nacional y funcionarios migratorios se han instalado a lo largo de todo el país -especialmente en sus fronteras norte y sur- para frenar el número de migrantes que llega a Estados Unidos.
Los operativos están dando resultados. Este 8 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos informó que las detenciones de indocumentados en la frontera norte cayeron cerca del 45% tras el acuerdo con México del pasado 7 de junio.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) dio a conocer que se detuvo en julio a 71 mil 999 inmigrantes indocumentados en la frontera con México.
Las estadísticas de julio revelan, además, una caída considerable respecto a mayo, cuando las detenciones en el límite repuntaron hasta 132 mil 870, el mayor número desde marzo de 2006.
Pese a los claros avances de México, Trump no ha rebajado su acciones antimigración y esta misma semana realizó una redada masiva en varias procesadoras de alimentos en Misisipi, que se saldó con 680 indocumentados detenidos, 122 de ellos mexicanos.
Y todo ello, en medio de una semana crítica para los hispanos en Estados Unidos con el tiroteo en El Paso (Texas), que se saldó con 22 personas muertas, entre ellos 8 mexicanos, un crimen atribuido a la ideología supremacista blanca.
La masacre podría empeñar la relación entre las dos naciones, pues México ya evalúa, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), presentar una denuncia por terrorismo contra el joven que perpetró el ataque.
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