El canciller Pedro Brolo informó este martes 2 de marzo que los trámites de repatriación avanzan, pero que depende de los procesos de investigación forense que desarrolla la Fiscalía de Tamaulipas, pues recientemente solicitaron más tiempo.
Brolo agregó que han colaborado en ese sentido, pues buscan que se haga justicia y que castigue “con todo el peso de la ley” a los responsables.
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“Es un proceso de investigación criminalístico que implica un proceso forense y que a partir de ahí podemos establecer los tiempos con las autoridades mexicanas. Habíamos hablado de que para antes de mediados de este mes podríamos contar con la repatriación, pero la Fiscalía de Tamaulipas necesita todavía hacer unas evaluaciones adicionales para cumplir con la investigación forense, y nosotros respetamos el proceso porque queremos que se dé con los responsables y que se aplique todo el peso de la ley”, dijo Brolo.
Afirmo que “se está hablando de que para el 19 de este mes podríamos estar generando la repatriación.
El canciller dijo que es un proceso integral que incluye el acompañamiento a los familiares de las víctimas, por lo que coordinan con Conamigua para que se encargue del traslado de los cuerpos hacia las comunidades correspondientes.
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Además, dijo que se descarta que los cuerpos sean incinerados, porque así lo han pedido los parientes en Guatemala.
La masacre fue divulgada por las autoridades el pasado 22 de enero cuando hallaron dos camionetas quemadas, una de ellas con 19 cadáveres en el interior, en el poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas y con el estado mexicano de Nuevo León.
De los 19 cadáveres, 16 eran migrantes guatemaltecos que buscaban llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, tras partir, la mayoría de ellos, de San Marcos.
Una llamada anónima alertó a las autoridades de Tamaulipas sobre los dos vehículos que se encontraban abandonados e incendiados en un camino vecinal de Camargo, en donde estaban los 19 cuerpos quemados.
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El estado de Tamulipas, frontera con Estados Unidos, es un paso frecuente para los migrantes que entran a México con la intención de llegar a la frontera norte.
Las autoridades mexicanas que investigan los hechos vinculan la matanza con la disputa que las organizaciones criminales denominadas Cartel del Noreste (CDN) y Cartel del Golfo (CDG) mantienen por el control de los estados del noreste de México desde marzo de 2010, conflicto que ha dejado más de 15 mil desaparecidos y miles de muertes.
Por el crimen, adjudicado a carteles de la droga, están detenidos 12 agentes de la Policía del Estado y la Justicia investiga ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por su presunta participación.
El pasado 22 de febrero el INM ofreció cubrir los gastos de repatriación de los cuerpos de los migrantes guatemaltecos, cuya fecha de retorno aún no ha sido establecida.
