El apoyo a las familias, así como su reacción ante los hechos, se considera tibia y débil por parte de varios sectores quienes esperaban pronunciamientos y exigencias de justicia más enérgicos por parte de los actores oficiales involucrados en el tema migratorio.
Salvando las distancias, en el 2007, cuando se produjo en Guatemala el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacén) y su piloto, cuyos cuerpos fueron quemados en un área de El Jocotillo, Villa Canales, hubo condenas de todo tipo y de todos los sectores de El Salvador y Guatemala, e incluso de EE. UU., en donde hasta el presidente —en ese entonces— George Bush, expresó preocupación.
Por esos días, entre otras acciones, se conformó un equipo de trabajo binacional para investigar el cuádruple crimen, este contó con el apoyo del FBI de EE. UU. Además, a los pocos días, El Salvador anunció que contrataría a un grupo de abogados para convertirse en querellantes adhesivos en el caso y se llevaron a cabo un sinfín de reuniones para abordar el tema.
Aparte de la condena del Gobierno salvadoreño, también se produjeron pronunciamientos en la misma línea de la Asamblea Legislativa y de partidos políticos de ese país, así como del Parlacén.
Al igual que en aquella ocasión, en el caso de Tamaulipas, fuerzas del Estado podrían estar involucradas; de hecho, México ya arrestó a 12 agentes migratorios de quienes se sospecha tuvieron que ver con el crimen.
Pero en Guatemala, todo lo ocurrido alrededor del caso no ha sido suficiente para generar condenas más enérgicas por parte del Estado.
Solo información
La Cancillería no ha pasado de emitir comunicados en donde informa de la situación. Aunque asegura que “han intervenido desde el primer momento” en que fueron alertados.
En principio, con la justificación de que no se conocía si oficialmente eran migrantes guatemaltecos los fallecidos, prefirió no emitir mayor postura.
Luego, cuando se confirmó la nacionalidad tampoco hubo alguna condena, más que una “solicitud” de que se aplique todo el peso de la ley a los responsables; se les dio el pésame a las familias, y se les ofreció apoyarlos en el proceso de repatriación de los cuerpos.
La Cancillería también se apresuró a desmentir “completamente” a un columnista mexicano que aseveró que el Gobierno de Guatemala podría demandar al estado de Tamaulipas porque la masacre habría sido cometida por agentes estatales.
Por parte del Congreso guatemalteco, hasta ayer, más de un mes después se aprobó un punto resolutivo donde condenaron el hecho. Manifiestó “la más enérgica condena” y reconoció “al distinguido Gobierno de México y a sus autoridades” y requirió “en forma respetuosa” la voluntad y empeño para llevar a cabo la investigación.
Además, exhortó a la Cancillería a continuar con el apoyo a los procesos de investigación y a las familias.
Mientras que en el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), su secretario, Raúl Berríos, tampoco condenó el hecho, e incluso, dijo que necesitaba la aprobación de los integrantes del Consejo para poder pronunciarse.
Respuesta débil
Analistas consultados coinciden en que la respuesta del Estado guatemalteco ante la masacre de sus ciudadanos ha sido débil y que eso es el reflejo de la importancia que las autoridades le dan al tema migratorio y a las personas que viven en pobreza que son las que finalmente tienen que migrar.
Por lo tanto, las tragedias que le suceden a esta población parece que no son tragedias que le incumban al Estado de Guatemala, afirma Pedro Pablo Solares, analista en temas migratorios.
De esa forma, cuando ocurren estos lamentables hechos, el Estado no hace más que dar respuestas administrativas, como la repatriación de cadáveres, y no da respuestas políticas que busquen evitar este tipo de casos en el futuro, como condenas firmes o peticiones de resarcimiento, añade Solares.
“El presidente —Alejandro Giammattei— no lo mencionó, tampoco el vicepresidente —Guillermo Castillo—, ni la junta directiva del Congreso. Es decir, se nota una ausencia absoluta del Estado. Es una tragedia ajena al poder político del país”, señaló.
Manos atadas
Oswaldo Samayoa, abogado y doctor en Derecho Constitucional Internacional, coincide en que la respuesta del estado ha sido “muy tibia”, sin embargo, cree que esto se da porque Guatemala tiene las manos atadas por la forma cómo trata a los migrantes de otras nacionalidades cuando transitan por el país.
El abogado cree que es urgente promover un diálogo multinacional que aborde las estrategias y políticas a seguir para atender la problemática migrante, particularmente las vulnerabilidades a las que se exponen durante el tránsito.
En ese sentido, opina que no sería conveniente demandar al estado mexicano ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), como en algún momento se sugirió, porque eso dividiría a los dos países en vez de unir esfuerzos para hallar soluciones.
Samayoa cree que, aunque el crimen haya sido cometido por los cuerpos de seguridad mexicano, esto no es suficiente para considerarlo un crimen de Estado, puesto que eso no demuestra de que el hecho haya sido planificado por alguno de sus poderes.
Pero hay otras voces que sugieren que Guatemala debe denunciar ante la CIDH al Gobierno de México, ya que eso sería un precedente para tratar de evitar otras tragedias similares y para garantizar un resarcimiento, no solo económico, sino también moral.
“La denuncia debe exigir que el gobierno de Tamaulipas asuma la responsabilidad total y plena de estos asesinatos”, precisó el consultor en temas migratorios, Fernando Castro, a la vez de recordar que los agentes procesados por la matanza pertenecían al Grupo Especial de Operaciones (Gope), una fuerza policial estatal que cuenta con antecedentes de violaciones a los derechos humanos.
Una posible queja ante la CIDH “sentará un precedente por parte de las autoridades del Gobierno de Guatemala para que no queden impunes estos asesinatos y respaldar así a los familiares de las víctimas”, agregó.
Respuesta
La Cancillería no hizo comentarios sobre los señalamientos sobre la respuesta débil del Estado.
A través de su oficina de Comunicación descartó alguna demanda ante la CIDH ya que “las autoridades mexicanas están dando persecución penal en el caso y se está colaborando con ellos en todo lo necesario para que puedan hacer su proceso de investigación”.
Además, se limitó a informar que el Gobierno de México asumirá los gastos para la repatriación de los cuerpos de las víctimas, aunque aún no hay una fecha de cuándo podría ocurrir puesto que se trata de “un proceso de investigación y está en manos de autoridades de otro país”.
Este miércoles 24 de febrero funcionarios de la Cancillería, se reunieron con las familias de las víctimas para confirmarles su identidad y expresarles sus condolencias y el “compromiso para brindar el acompañamiento en todo el proceso”.
Sin información
Mientras tanto en Comitancillo, San Marcos, de donde eran originarios la mayoría de migrantes, continúan, no solo a la espera de los cuerpos, sino de información alguna de si serán resarcidos. Alguna “ayuda”, dicen.
Lidia L. por ejemplo, dice que su hermano de 22 años era el principal sostén de la familia, puesto que su padre falleció hace unos años y su mamá está en un delicado estado de salud y recién acaban de operarla.
Hasta el martes de esta semana no tenían información de si algún gobierno les daría resarcimiento, mientras su hermana había viajado a la capital para una reunión donde les darían información.
“Sería bueno que nos pudieran ayudar con algo porque no tenemos dinero y ahora lo necesitamos”, dice Lidia.
El Gobierno de México, por su parte, dijo estar dispuesto a “atender” a las familias de las víctimas.
“Nuestro compromiso es ir a fondo, hacer justicia, llegar a la verdad, no repetición y atender a los familiares de los migrantes, víctimas de Camargo, Tamaulipas”, expuso Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en una reunión que sostuvo con una delegación guatemalteca.
Encinas señaló que se reparará el daño con una compensación para ayudarles a reconstruir un proyecto de vida, “no por ponerle precio a la vida humana, sino como medida de mitigación y en seguimiento a estándares internacionales”.
