Con la entrega de los cuerpos culminará un proceso burocrático en el que, primero, las autoridades mexicanas tuvieron que identificar plenamente a las víctimas mediante pruebas de ADN y darles el tratamiento como parte de la evidencia de un crimen.
El Instituto Nacional de Migración de México costeará la repatriación, mientras que, con recursos del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala se les llevará hasta sus lugares de origen.
Pero luego de que sepulten a sus seres queridos las familias se preguntan ¿Qué seguirá? Muchas tendrán que enfrentarse a las deudas que les quedaron por pagar a los coyotes el fatal viaje, probablemente alguna esté por perder su casa o terreno que dieron como garantía.
Otras, además de la deuda, se preguntan qué harán para sobrevivir puesto que en ese ser querido que falleció en Tamaulipas tenían puestas sus esperanzas de un mejor futuro.
Un ejemplo son los familiares del joven futbolista de 22 años, una de las víctimas, quien era el único sostén de la familia, puesto que el padre falleció hace unos años y la madre está en estado delicado de salud; de hecho, recién acaban de operarla.
Como esta familia, las otras esperan que cualquiera de los dos gobiernos pueda darles algún tipo de ayuda para enfrentar un futuro incierto.
No obstante, hasta hace poco la única asistencia que habían recibido era la de otros migrantes que radican en EE. UU. y que se han aliado con guatemaltecos de otros municipios del país, e incluso con migrantes de otras nacionalidades para auxiliar a los deudos de las víctimas.
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De esa forma han organizado colectas para enviarlas en efectivo a Comitancillo o bien sea para comprar víveres que se les han entregado a los familiares.
“No conocen nuestra realidad”
“Por parte del Gobierno de Guatemala no nos han dicho nada. No hemos hablado de esa situación”, dice Marco Antulio Pablo, padre de uno de los migrantes que murió en el ataque, que aún está en investigación pero que ya ha dejado al menos a 12 agentes migratorios mexicanos detenidos, como sospechosos.
Las familias tienen la idea de que una indemnización es lo mínimo que el Gobierno debería proporcionarles, pero esto es algo que no suele hacerse.
“Gracias al pueblo comiteco es que nos han estado echando la mano. Ahora, entidades de Gobierno que hayan llegado allá con nosotros a ver la realidad que estamos viviendo, no”, aseveró Pablo, quien cree que al finalizar el proceso de repatriación intentarán hablar con autoridades para saber “qué vamos a hacer”.
Un grupo de familiares de los migrantes se encuentra en la capital desde el domingo pasado para esperar el día en que vendrán los cuerpos de sus seres queridos, y aunque no han gastado en estadía y alimentación, señalan que no han podido trabajar y en consecuencia han dejado de percibir ingresos.
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Los jóvenes se están yendo
El párroco de la iglesia de Comitancillo, Mario Aguilón, dijo que las necesidades que enfrentan las familias son las mismas que tenían antes de la partida de sus seres queridos, y coincidió en que hasta el momento estas han subsistido gracias al aporte de otras personas.
Aparte de considerar justo y urgente que el Gobierno otorgue algún tipo de compensación económica a las familias, el sacerdote dijo los familiares han conversado entre ellos sobre la posibilidad de que esta tragedia sea un punto de partida para que el Estado ponga atención al problema migratorio en el municipio y al menos se construya uno o dos institutos tecnológicos para que los jóvenes puedan capacitarse y tener más opciones de desarrollo en su país.
“Las mismas familias expresan que no hay que pensar solo en nosotros sino en la mayoría en los que se están yendo y los que van a seguir yéndose”, dijo Aguilón.
Desde Comitancillo, cada semana se van hacia EE. UU. de 10 a 15 jóvenes. “Yo lo sé porque se acercan cada domingo muchos jóvenes a pedir la bendición para el viaje”, enfatiza.
Lo merecen
El sacerdote Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante, considera que el Estado debe apoyar a las familias porque tiene una deuda histórica con ellas al no ser capaz de ofrecer las condiciones de vida necesarias para quedarse en su país.
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Recuerda que, con la masacre de 2010 en San Fernando, también en el norteño estado de Tamaulipas, las autoridades guatemaltecas no tomaron mayor acción con las familias de los connacionales fallecidos.
Verzeletti lamentó que “una vez más el Estado no da una respuesta a la altura” a los parientes de las víctimas que salen del país porque las oportunidades de desarrollo en Guatemala son escasas, pero que lamentablemente en la ruta migratoria encuentran la muerte y dejan huérfanos y viudas sin ningún futuro.
“Lamentamos que los migrantes son valorados solo cuando envían remesas, pero cuando se violan sus derechos humanos, prácticamente las respuestas del Estado son nulas, inexistentes, para dignificar a estas personas”, enfatizó el sacerdote.
Estos migrantes —subrayó— han contribuido al desarrollo de sus familias y del país. Por tal motivo recordó que “en la mayor parte de las comunidades que se han desarrollado lo han hecho gracias a las remesas”. Es decir, el Estado necesita de los migrantes, “pero cuando ellos necesitan del Estado, este no está para ellos”.
“Daremos acompañamiento”
El viceministro de Asuntos Migratorios y Consulares, Eduardo Hernández, expuso que a través del mecanismo binacional creado a raíz de los hechos darán seguimiento al posible resarcimiento que ya fue ofrecido por México.
En Guatemala es más complicado puesto que, aunque la Ley Anticoyotaje aprobada en 2015 también habla de resarcimientos, antes se deben deducir responsabilidades. Además, carece de un reglamento que defina los pasos a seguir. Al parecer nunca se ha resarcido a alguna familia guatemalteca por un caso similar.
Hernández garantizó que la atención a las familias y a las comunidades de donde eran originarios los migrantes no terminará con la entrega de los cuerpos.
“Ahora corresponde una comunicación específica con los ministerios de Economía, Educación y Desarrollo Social para brindar acompañamiento y una atención específica”, dijo el funcionario.
“No se trata de entregarles los cuerpos y ahí se acabó. No, sino de darle seguimiento como Estado porque queremos evitar que esto pase otra vez”, añadió.
Respecto a atacar las causas de la migración en estos pueblos, Hernández indicó que es parte del plan de gobierno del presidente Alejandro Giammattei. A la Cancillería le corresponde, entre otras acciones, atraer inversión extranjera e impulsar con los guatemaltecos en el exterior un uso más productivo de las remesas que hoy en día se consumen en un 95% para el gasto.
