Más de 253 mil guatemaltecos tienen órdenes finales de deportación en EE. UU., según el ICE

Cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) revelan que un millón 20 mil 602 migrantes no detenidos cuentan con expedientes con órdenes finales de expulsión de EE. UU., lo que, a criterio del analista migratorio Fernando Castro, podría ser aprovechado por la Administración del presidente Donald Trump para comenzar con las expulsiones masivas.

De acuerdo con las cifras del ICE, hasta el 24 de noviembre del 2024, 253 mil 413 personas son guatemaltecas, por lo que Castro le hace un llamado al Gobierno de Bernardo Arévalo para que implemente planes de acción por parte de autoridades migratorias y consulares, así como para la recepción, atención, albergue, alimentación y transporte para quienes sean deportados.

Castro considera urgente que el Gobierno refuerce los consulados en EE. UU. para poder brindar la atención de asistencia y protección consular necesaria a los connacionales que así lo requieran.

El analista asegura que esos 253 mil 413 guatemaltecos no pueden hacer nada para revertir la decisión de las autoridades de deportarlos; sin embargo, considera que será un proceso largo, puesto que ninguno de ellos está detenido, pero las autoridades estadounidenses tienen el control de sus movimientos y les será fácil ubicarlos.

Añadió que el ICE cuenta con un cuadro con más de 200 nacionalidades, en la que se desglosa el número de personas con órdenes de deportación por país de procedencia.

Además, dijo que México tiene 252 mil 44 personas en esa situación; Honduras, 261 mil 651; El Salvador, 203 mil 822; Nicaragua, 45 mil 995; Costa Rica, dos mil 116; Belice, 899; y Panamá 662.

 “Llamo a la reflexión de las autoridades por el significativo número de sus connacionales para tomar en cuenta en la creación de programas de asistencia e incorporación laboral que a la fecha no existen, como es el caso de Guatemala, deportaciones que deben tomarse en cuenta por las serias consecuencias en el engrosamiento de la falta de empleo existente en cada uno de los países”, detalló Castro.

Agregó: “Siendo urgente el tomar las medidas necesarias que correspondan y un plan de contingencia que contemple la asignación presupuestaria adecuada ante las deportaciones que se darán. La autoridad migratoria nacional debería considerar que se efectúe un traslado de más del 50% del presupuesto asignado al Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala”, detalló Castro.

Vía libre a redadas

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio vía libre este martes a las redadas de migración en lugares previamente considerados "protegidos" como escuelas, iglesias y hospitales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) revocó una directriz de la Administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares o cerca a ellos.

El Gobierno alega que la decisión de este martes "empodera" a los agentes de migración a "seguir las leyes" y capturar a los que llaman "criminales extranjeros", según indicó un portavoz del DHS en un comunicado.

El texto asegura, además, sin citar pruebas o ejemplos, que hay "criminales" que se "esconden en las escuelas y las iglesias" de EE. UU. para evadir ser arrestados.

La decisión llega un día después de que Trump asumiera el poder y enfatizara que cumplirá con su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de EE. UU.

La directriz que fue revocada fue emitida por el Gobierno de Biden en 2021 y prohibía a los agentes de migración llevar a cabo arrestos o redadas en algunos lugares sin aprobación de un superior.

Entre los "sitios protegidos" se incluía tanto los centros educativos, como de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras un desastre natural.

La idea de la medida, según el memorando de 2021, era evitar que las personas extranjeras se mostraran reacias a asistir a lugares donde se ofrezcan servicios esenciales.

"Podemos cumplir con nuestra misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe", señala ese documento.