Serán el Ki’che, Kanjobal, Mam, Chuj y Kaqchikel de Guatemala y el Zapoteco, Mixteco, Mixe y Chinanteco de México.
Pero para llegar a esta acción, al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) le tomó diez años ponerse de acuerdo con las autoridades estadounidenses para reconocieran que los latinos no solo hablan español.
Además, la muerte del migrante guatemalteco Manuel Jaminez Xum a manos de la Policía angelina el 5 de septiembre de 2010 fue un punto clave en esta gestión.
Jaminez estaba intoxicado y se enfrentó con oficiales con una navaja en la mano. Los agentes ordenaron en inglés y español que soltara el arma, pero él no entendía porque solo hablaba K’iche y no obedeció.
Esto llevó a los oficiales a dispararle, en un suceso que originó una serie de protestas de la comunidad.
“Es un paso muy importante para que la Policía tome en cuenta a la población indígena migrante que vive en la ciudad. Un error en comunicación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, advierte Odilia Romero, vocera del FIOB.
Romero recuerda que antes del fallecimiento del indígena los activistas ya habían advertido sobre esta problemática, pero la tragedia puso en evidencia las graves consecuencias de este muro lingüístico.
Para la Policía de Los Ángeles fue una dura lección, señala el comandante del Buró Sur del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Alfred Labrada.
“Esto abrió los ojos a algunos agentes de que no todos los latinos hablan español”, apunta.
Una serie de reuniones finalmente lograron unir a las autoridades con los líderes comunitarios para encontrar una solución, que ahora se concreta con estas tarjetas, ya en poder de los uniformados.
“Nos tomó más de diez años llegar a este acercamiento y tener estas tarjetas”, resalta Romero sobre unas tarjetas que están escritas fonéticamente para que los agentes del LAPD puedan preguntar si habla alguno de éstos idiomas.
“Ofrece la oportunidad a los oficiales para saber inmediatamente que necesitan un intérprete o quizás encontrar en la comunidad asistencia en el momento”, considera el comandante, quien promueve el programa entre sus oficiales.
Labrada añade que la medida también es una oportunidad para construir confianza con este sector de la comunidad migrante para que víctimas de delitos o testigos se decidan a colaborar.
Tanto las autoridades como los activistas son conscientes de la resistencia que existe por parte de los indígenas migrantes para relacionarse con la autoridad. Muchos de ellos llegan desde sus países con una falta de confianza hacia el Gobierno y la Policía.
“Es un caos, porque los problemas de comunicación no solo son con la Policía, es también en la escuela, en el hospital, con tu familia”, insiste.
A las barreras de la comunicación oral también hay que sumar el analfabetismo de algunos migrantes, que impidieron crear tarjetas escritas para dárselas a ellos.
