Entre los diputados firmantes está Carlos Calderón, que recientemente fue designado como representante del Congreso ante el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) y quien está señalado de tener vínculos con una oenegé que recibió Q7 millones del presupuesto nacional.
El proyecto ordena a las municipalidades a crear dentro de su esquema unidades de atención a los migrantes que tendrán la responsabilidad de canalizar, coordinar y ejecutar programas en favor de los guatemaltecos que residen en el exterior, los que sean deportados y a sus familias.
La ley establecería que la creación de esta comisión será de “carácter obligatorio” y dicta que los programas o proyectos deberán ser impulsados por direcciones municipales de planificación.
La necesidad de implementar planes en los municipios expulsores de migrantes es grande. Cada año, más jóvenes migran de manera irregular hacia EE. UU. sin que en sus comunidades la situación socioeconómica mejore.
Las remesas rompen récords año tras año. En 2021 alcanzaron la exorbitante suma de US$15 mil 295 millones, más o menos el 15% del presupuesto general de la nación. La cifra es el equivalente al 17.8% del producto interno bruto, y el año pasado, por primera vez en la historia, superó al total de exportaciones del país que fue de US$13 mil 594 millones.
Pero, a pesar del enorme valor que suponen las remesas familiares, esos recursos no logran transformar la realidad de los municipios, al menos no para la juventud que, en muchos casos, solo espera llegar a los 14 o 15 años para emprender el viaje a EE. UU.
Iniciativas
Distintas instituciones son las llamadas a encabezar proyectos en favor de los migrantes y sus familias, sobre todo Conamigua, cuya ley constitutiva dice en su artículo 2 dice que coordinará las acciones y actividades de las entidades del Estado tendientes a proteger, “atender y brindar asistencia y auxilio a los migrantes guatemaltecos y sus familias en Guatemala”.
Además, el artículo 7 dice que dentro de las funciones de Conamigua está “apoyar e incentivar las acciones, planes y programas que brinden beneficios y oportunidades de desarrollo en el país, a los familiares de migrantes guatemaltecos y, a quienes hubieran sido deportados”.
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El director ejecutivo de la Anam, Gerson López, expuso que ya existen algunas municipalidades que atienden el fenómeno migratorio ya que comparten la preocupación por la situación en que viven las familias de los migrantes que son retornados, que vuelven al país sin recursos y urgidos de asesoría u orientación de qué hacer al volver a sus comunidades.
Sin embargo, López subrayó que en lo que Anam no comparte es que se imponga la creación de instancias por medio de una ley que no ha sido consensuada con las municipalidades que son las verdaderas conocedoras de su gente, y que esta imposición “no se acompañe de recursos o mecanismos para implementarse”.
Concretamente, dijo que la instalación de unidades para atender el fenómeno migratorio demandaría de presupuesto para el equipamiento de oficinas y la contratación de expertos, por ejemplo, en la implementación de emprendimientos o proyectos productivos.
Señaló que entidades como Conamigua deberían liderar estas iniciativas y convocar a mesas de diálogo que permita plantear propuestas que las comunas podrían presentar desde lo local. “Esperaríamos participar en la discusión de la iniciativa para saber de dónde las municipalidades obtendrán los recursos”, dijo López.
La economía de muchos municipios se mueve por las remesas, en ese sentido analistas coinciden en que el Gobierno debería articular esfuerzos para orientar un mejor uso de estos recursos, no solo para las familias, sino para la comunidad a través de proyectos comunitarios o productivos con los que migrantes en EE. UU. estarían dispuestos a aportar.
Apoyos
Para Rosario Martínez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), es clave que los gobiernos municipales atiendan el fenómeno migratorio de acuerdo con su realidad y contexto, y precisó que el abordaje del fenómeno migratorio debe ir de la mano con otras problemáticas como el cambio climático.
“Definitivamente las municipalidades deben liderar el enfoque. A nivel local se necesitan acciones y ordenanzas que atiendan el fenómeno de la migración de salida, tránsito, retorno y destino”, expuso.
Los guatemaltecos en EE. UU. están dispuestos a ayudar a sus territorios, pero muchas veces no encuentran maneras de hacerlo. Según Martínez actualmente hay iniciativas que tienen que ver con cooperativas de migrantes para el uso productivo de las remesas que se intenta impulsar en algunos municipios.
Otras ayudan con la construcción de escuelas, centros de salud y también ofrecen viviendas o ayudas a los más necesitados.
Estas iniciativas deben articularse con las oficinas de territorialidad, juventud y de la mujer que ya hay en las municipalidades, dijo la entrevistada.
“El objetivo debería ser generar factores de arraigo para que los jóvenes no migren y para los retornados, herramientas de reinserción laboral y apoyo económico para generar emprendimientos”, dijo.
Suspicacias
Otros analistas, si bien coinciden en que las comunas son importantes para abordar la problemática migratoria, la propuesta de ley genera dudas.
Podría resultar en algo positivo si lo que se busca es acercar a las autoridades con las personas migrantes en situación de retorno o potenciales migrantes”, comentó Jahir Dabroy, analista en temas migratorios de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes).
El problema acá, agregó, es que estos espacios no debe ser vistos solo como una oficina que “solo incrementará la burocracia y no necesariamente soluciones”.
Dijo si acciones como la de abrir estas oficinas está desconectado una política pública focalizada en cada municipio “servirá de muy poco”. Además, señaló que Conamigua no lidera estos esfuerzos porque “sus capacidades son muy limitadas”, pero que puede sacar provecho para acercarse las comunidades a través de las alcaldías.
El abogado Pedro Pablo Solares, analista en migración, dijo que, siendo la migración un fenómeno con un fuerte componente territorial los gobiernos municipales deberían tener un papel protagónico en esta problemática.
Sin embargo, dijo que la iniciativa presentada por la bancada Vamos crea suspicacia ya que es “ambigua, adolece de sustancia y propuestas y tiene una pobre redacción”.
“Esto da lugar a cuestionar si las intenciones de la bancada oficial son legítimas o si utilizan la migración como un subterfugio —excusa artificiosa—, quizás con intenciones políticas-municipales, de cara al año electoral”, cuestionó.
Raúl Berríos, secretario ejecutivo de Conamigua, ve positiva la ley que refuerza el mandato de la institución que dirige. Dijo que, por la autonomía municipal, algunas comunas ya cuentan con oficinas de atención al migrante.
Para que estas comisiones sean funcionales, añadió Berríos, le deben apuntar a buscar el desarrollo económico de sus comunidades para generar fuentes de empleo y evitar la migración irregular, aunque, para alcanzar este objetivo, también deben involucrarse instituciones del gobierno central y el sector empresarial.
