Esto representa la mayor acción contra la migración en la era del presidente republicano, Donal Trump.
Tres meses después, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes realizó una audiencia en el lugar de los hechos para evaluar el evidente impacto que esto provocó en el estado más pobre del país.
Estas son las cifras más relevantes reveladas en la audiencia:
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Cero intérpretes para los migrantes guatemaltecos
De los 680 detenidos, la mayoría eran indígenas guatemaltecos que hablaban cuatro idiomas distintos pero un poco manejo del español. Para ellos no hubo ningún intérprete que pudiera traducirles las preguntas de los agentes federales.
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18 meses de planeación
El representante de ICE en la audiencia indicó que la planificación de esta redada les tomó 18 meses y más de 24 mil horas de investigaciones. Sin embargo, no pudieron preveer que coincidió con el inicio del ciclo escolar en Misisipi, una de las mayores críticas a las redadas.
Ese día, decenas de niños regresaron de la escuela y no encontraron a sus padres al llegar a casa, dejándolos a su suerte y al cuidado de desconocidos.
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119 casos de robo de identidad
Éste es el total de los trabajadores de las polleras allanadas por ICE que han sido acusados de robo de identidad.
La compra y usurpación de identidad para obtener trabajo ha sido una práctica recurrente entre la comunidad indocumentada que sirve de mano de obra.
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Solo 9 personas tenían récord criminal:
El presidente Trump justificó las redadas diciendo que querían sacar a los “criminales” del país. Pero el representante de ICE, Jere Miles dijo que de 680 personas, solo 9 tenían antecedentes criminales.
Seis de ellos tenían récord por violencia doméstica, uno por asalto, uno por agresión y uno por resistencia al arresto. Ninguno estaba asociado a terrorismo y pandillas y todos ya se habían presentado ante la justicia.
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Casi medio millón en las redadas
Solo los salarios de los casi 600 agentes que participaron elevan el costo de la redada a US$478 mil. “Son un error y representan el mal uso de los recursos” dijo el director de McArthur Justice Center de la Universidad de Misisipi.
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Sin información para las autoridades locales
Tanto el alguacil del condado de Scott, como el alcalde de la ciudad de Canton dijeron haber quedados sorprendidos con la irrupción de ICE en sus ciudades y se quejaron de que las autoridades federales no les compartiera ninguna información que les permitiera atender a la emergencia humanitaria que se avecinara.
