Aunque las autoridades guatemaltecas aún no hacen oficial la identidad de los fallecidos, y las mexicanas apenas empiezan a identificar a las víctimas; en Comitancillo, San Marcos, ya lloran a sus seres queridos.
¿Por qué?
Las familias en ese empobrecido municipio ubicado a 253 kilómetros de la capital fueron alertadas por “alguien que iba con el grupo” de que habían sufrido un percance. En realidad, habían sido ejecutados.
La tragedia ha puesto sobre la mesa a las redes de coyotaje que en las zonas indígenas del occidente del país están enraizadas fuertemente y con el pasar de los años se han fortalecido por la pobreza y la falta de oportunidades de desarrollo.
En Guatemala
Pero esa necesidad de migrar y la dificultad para hacerlo de manera regular han generado millonarias ganancias a las redes de tráfico de personas que han afinado una maquinaria en Guatemala que incluye abogados, supuestos prestamistas y reclutadores, quienes “facilitan” los viajes.
Supuestamente le prestan cierta cantidad de dinero para llevarlos a EE. UU. que deberán pagar una vez lleguen a su destino. Para garantizar el pago persuaden a las personas a hipotecar sus terrenos. En otros casos los hacen firmar la venta de este.
Algunos migrantes llegan a su destino, trabajan y pagan el dinero, pero otros no. En algunas ocasiones suele ocurrir que llegan trabajan unos meses, pero por algún motivo son detenidos y deportados, con lo cual regresan a Guatemala, sin dinero y ya sin casa donde vivir.
“Nosotros, como no tenemos dinero, embargamos la casa para que nos dieran el préstamo, fue de Q65 mil”, dijo la madre de una de las presuntas víctimas. Ese monto suele hasta duplicarse en algunos casos, depende de las rutas y de las “comodidades” del viaje.
Los coyotes ofrecen llevar sanos y salvos al migrante hasta su destino en EE. UU. Algunos aceptan el pago en dos cuotas, una al salir y otra cuando la persona ya ha llegado a aquel país. Se cree que las bandas operan de forma regional y en coordinación con otros grupos delictivos no solo de México, sino también de El Salvador y Honduras.
Redes
Familiares y amigos de algunas de las posibles víctimas de Tamaulipas, que viven en EE. UU., no pueden ocultar su cólera porque “muy probablemente la masacre quede impune” y porque los cómplices de los coyotes que se han aprovechado de la situación viven en el propio Comitancillo y han acumulado una fortuna a costillas de la necesidad del resto de gente. Algunos, incluso son familiares de exalcaldes, señalan.
“La necesidad nos hace buscar un coyote y sin coyote no podemos pasar”, dice con indignación un migrante originario de aquel municipio marquense y que ya vive en EE. UU., pero que prefiere no identificarse porque sabe que él o su familia en Guatemala podría correr riesgo.
“Las familias —en Comitancillo— saben quiénes son los involucrados, pero no van a decir nada porque ellos —los coyotes— son gente pudiente que fácilmente les pueden tapar la boca”, agregó el entrevistado.
“Pobre gente, empeñaron sus terrenos, y si la persona pasa, no hay problema. Pero ahorita ¿dónde van a estar?, porque no se van a tentar el alma para quitarle sus casas, y esta pobre gente tienen familias, padres, hijos, hermanos”, cuestionan.
El actual alcalde de Comitancillo, Hector López Ramirez, reconoció que los coyotes son originarios del municipio, pero que en ese sentido es el Ministerio Público el que debe hacer su trabajo.
En unas declaraciones recientes afirmó que “he escuchado” es que un viaje puede costar hasta Q120 mil y los “económicos” se cotizan de Q75 mil a Q90 mil, aunque no habló de si hay coyotes originarios de su municipio o que viva en él.
El jefe edil posee información que no se ha revelado en otros círculos oficiales, por ejemplo, que al parecer hubo un grupo que logró escapar y que ya se encuentra en EE. UU. “Escuchamos a algunos y estaban llorando porque habían visto lo que le pasó al otro grupo”, señaló en una entrevista radial.
Además, pidió al gobierno central proyectos productivos, trabajo, escuelas y un instituto tecnológico para evitar que la juventud siga migrando a EE. UU.
Datos
El Ministerio Público (MP) informó que durante el 2020 la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes logró la detención de 41 personas, y rescató a 177 de diferentes nacionalidades y dos guatemaltecas, víctimas de las redes de tráfico de personas.
Además, en ese mismo año se presentaron ocho acusaciones ante la justicia y hubo dos sentencias condenatorias.
Prensa Libre, buscó una entrevista con el fiscal, pero no fue posible. No obstante, en el 2018, la misma Fiscalía indicó que estas estructuras se integran por un líder; un coordinador, que controla las finanzas; colaboradores, encargados del traslado de migrantes, y en algunos casos de reclutarlos; así como transportistas y cuidadores.
Estas redes obligadamente tienen que negociar con poderosas bandas de narcotraficantes en el norte de México para tener el derecho de cruzar a un migrante por el río.
Aunque todas las fronteras son muy peligrosas, desde la masacre de San Fernando en el 2010 cuando fueron hallados en fosas 72 migrantes, Tamaulipas ha cobrado notoriedad. Diferentes voces señalan que el río Bravo, que divide México y EE. UU. prácticamente está tomado por el crimen organizado.
A raíz de la reciente matanza, en redes sociales se divulgó un amplio mensaje en donde un supuesto coyote explica qué fue lo que pasó en Camargo, Tamaulipas.
El mensaje explica que desde 2006 bandas del narcotráfico han cobrado por el cruce de la frontera. Al pagar se les asigna una clave que cada migrante debe saber para no tener problemas y tiene que decirla cuando uno de los miembros de estas bandas lo pregunte.
“Si no paga su clave pues lo van a garrar y le van a cortar la cabeza”, dice el supuesto coyote en el mensaje”. A veces, añade, matan a los migrantes porque los coyotes cobran muy barato y ya no les alcanza para pagar el cruce e intentan esquivar a las bandas criminales.
Zona tomada por el crimen
“El crimen organizado campea en Tamaulipas y tienen vínculos con los coyotes, entonces son empresas bien planificadas que tienen diversidad de productos, no solo drogas, sino de armas, personas y de cualquier naturaleza”, coinciden organizaciones y personas que radican en ese estado.
Tal como señalan reportes de prensa, coinciden en que el terreno es disputado para quedarse con el monopolio de la criminalidad entre los carteles del Golfo y del Noreste, quienes se han enfrenado en múltiples ocasiones y han cometido crímenes atroces con la misma saña que el cometido en contra de los 19 migrantes.
“Son como cinco o seis municipios que son territorios de nadie”, comenta un activista que prefiere guardar su identidad y que vive en una zona cercana a donde ocurrió el crimen, que no ha sido aclarado.
Los migrantes al llegar a las zonas fronterizas los tienen en inmuebles del crimen organizado, llamadas casas de seguridad, donde pueden estar semanas hasta que familiares, principalmente en EE. UU., paguen la cuota para el cruce.
Después, cuando consideran que hay condiciones, cruzan la frontera y llevan a los migrantes a otras casas de seguridad ya en territorio estadounidense.
Se ignora el alcance de estas bandas delincuenciales; de hecho, las propias autoridades mexicanas reconocieron el lunes 1 de febrero que investigarán al Instituto Nacional de Migración de México porque uno de los vehículos utilizados para cometer la masacre participó en diciembre pasado en un rescate de migrantes en Nuevo León.
El blanco favorito
Jeniffer Harbury es una activista humanitaria fundadora del movimiento llamado Tías y Abuelas Enojadas, creado como un grupo de apoyo a los migrantes durante la separación de familias en el 2018.
Harbury cuenta que “la situación de inseguridad en todo Tamaulipas es imposible, en especial para los migrantes, puesto que son muy vulnerables y no tienen nadie quien los proteja”.
“Muchos se preguntan porque ellos si no tienen dinero, pero los criminales son inteligentes y saben que los migrantes tienen familiares o amistades en Estados Unidos”, dice. “Aunque sean pobres, si reciben una llamada amenazándolos con que van a vender a una esposa o a una hija de 3 años, la gente encuentra US$5 mil o más”, añade.
La activista cuenta que por esa razón los migrantes se han convertido en el blanco favorito de los delincuentes en Tamaulipas y no duda en reconocer que gran parte de la culpa es de la administración de Donald Trump que envió a miles de solicitantes de asilo a una zona que el propio Departamento de Estado de EE. UU. la ha calificado como nivel 4, es decir, de las más peligrosas del mundo, al mismo nivel que Afganistán.
Aquellas personas que no tienen familiares a quien reclamarles el dinero puede ser obligados a trabajar para los carteles, si son mujeres puede que sean vendidas a una red de prostitución o incluso que los maten por considerarlos inútiles para sus propósitos de obtener ganancias.
“Incluso hay historias de que los utilizan para vender sus órganos, no quiero ni pensarlo, pero los carteles tienen el dinero para hacerlo y da escalofrío”, apunta Harbury.
Otros activistas cuentan que la tarifa solo por el permiso para cruzar el río Bravo es de US$500, en ese sentido urgen al gobierno recién estrenado de Joe Biden de que deshaga las políticas crueles de asilo y citan números y encuestas que han efectuado, según las cuales, el 80% de los migrantes son golpeados, asaltados o secuestrados al menos una vez.
Por esta razón, muchos padres prefieren enviar al puente de acceso a EE. UU. solos a sus niños, algunos de tan solo 3 años, para evitar que les pase algo.
Si un migrante logra cruzar aún deben enfrentarse al peligro de morir ahogado en el río y después a caminar largas distancias bajo el calor o frío, según sea la época del año, durante áreas y terrenos inhóspitos en el sur de Texas.
