Judith Erazo, investigadora del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Ecap), institución que ha participado en la reunificación de unos 30 menores de edad, afirma que los niños que tienen 10 años o menos, al regresar con sus familias muestran síntomas de depresión, ansiedad, inseguridad y desconfianza.
Esos estados traen como consecuencia, agregó la experta, alteraciones del sueño, pesadillas, y pareciera que en ocasiones les falta energía; además, tienden a estar muy pegados a la madre, lloran con mucha frecuencia y se aíslan de otros niños.
“Al ser separados de su familia el vínculo y la confianza básica se rompe. Estos niños se mantienen en estado de alerta, viendo si puede pasar algo que les afecte. No quieren acercarse a nadie”, acotó Erazo.
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La investigadora de Ecap expuso que de no darse un tratamiento adecuado a estos pequeños puede desarrollar un trauma y tener repercusiones de por vida. “Sí puede haber la instalación de un trauma que afecte su vida, sus relaciones interpersonales, su comunicación y su seguridad”, añadió.
En cuanto a los menores de edad que tienen más de 10 años, los casos presentan otro tipo de complejidad, dependiendo de cuánto tiempo estuvieron en EE. UU. Algunos, por ejemplo, pueden tener choque de identidades en cuanto a la comida o forma de vestir, expuso Erazo.
Precisó que, en el caso de los jóvenes de 14, 15, 16 o 17 años, se da el problema de que los parientes y vecinos ven la deportación como un fracaso al adolescente retornado como un perdedor.
“No se me despega”
Lourdes de León es madre de Leo Jeancarlo, ambos estuvieron separados por la política tolerancia cero casi tres meses, desde que intentaron ingresar de manera irregular a EE. UU. el pasado 12 de mayo. Aunque ella se comunicaba con él todas las semanas y no dejaba de decirle cuanto lo amaba, las secuelas de la separación son inevitables.
“Ha sido difícil, nos ha costado olvidar todo eso. Él tiene mucho temor, no se me despega ni para ir al baño”, afirmó de León, quien contó que su hijo va a la escuela en San Pablo, San Marcos, pero ya no lo hace con el entusiasmo de antes porque cada vez que lo va a dejar le pregunta si ya lo van a regresar a traer o si los van a separar de nuevo, y luego se pone a llorar.
“Leo le tiene un pavor a la oscuridad, el otro día se fue la luz y era un llanto que no lo podíamos controlar”, dice de León, quien atribuye ese miedo a que supuestamente en la familia que lo tuvo a su cargo en EE. UU. lo encerraban en un ropero.
Leo estudia el último año de preprimaria, la maestra lo apoya y le asegura que no los van a separar otra vez, pero eso no lo convence. A de León le gustaría que su hijo recibiera tratamiento psicológico, pero reconoce que “quisiera, pero no está a nuestro alcance”.
En cuanto a demandar al gobierno de EE. UU. por los daños y perjuicios casi lo descarta porque considera que sería “perder el tiempo”. “Lo único que yo exigiría es que se hagan cargo de esos gastos porque es un trauma a largo plazo”, precisó.
No hay acceso a salud mental
Ángela Reyes, psicóloga de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, expuso que lamentablemente en Guatemala el acceso a la salud mental es escaso, por lo cual para los menores, acceder a esta es “super difícil”.
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“Si el presupuesto que se le asigna a la salud física de las personas es casi nada, la salud mental es un tema casi invisibilizado”, indicó la profesional, quien aseguró que el problema no es por la falta de psicólogos, sino porque el Estado no ha sido capaz de impulsar políticas para garantizar el acceso a esta salud.
Para Reyes, el Estado es el obligado a reparar los daños psicológicos porque es el que le ha negado a las familias el derecho a vivir dignamente. En el interior, la atención psicológica es limitada por eso es el Estado el que debe garantizar la reparación integral.
Para Erazo, el papel de la familia es muy importante porque deben tener paciencia con los menores y darles la certeza de que van estar bien, pero si no actúa de manera adecuada los niños tendrán repercusiones de por vida.
Reyes, por ejemplo, indicó que las consecuencias psicológicas también podrían manifestarse en la vida adulta, en el hecho de que los menores crezcan crean que no tienen derecho a una vida mejor y a superarse, puesto que, con sus padres fueron detenidos cuando buscaban hacerlo.
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“Es como que les dijeran a ellos que no tiene derecho a tener una vida mejor y trabajar por ella, y es como condenarlos a que no se superen y eso lo va a tener muy dentro de su estructura psicológica”, precisó Reyes.
Añadió que al llegar a la adolescencia y juventud los menores pueden desarrollar ausencia de sueños y metas porque en el pasado les negaron la posibilidad de salir adelante.
La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia informó que desde el 2015 lleva a cabo un protocolo de recepción de los niños y adolescente no acompañado con enfoque psicosocial que incluye procesos de atención y seguimiento a menores vulnerables o con necesidad de protección especial, antes, durante y después de la migración.
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