Este tránsito, a todas luces ilegal, ha sido la norma en esta frontera “porosa”, como la definen analistas, cruzada por mexicanos y guatemaltecos en balsas, hechas de madera y grandes neumáticos.
“Todo el tiempo ha sido el pase libre, de aquí para allá y de allá para acá. Nunca hemos tenido problema con eso hasta ahora”, dice Norman Marín, guatemalteco de 34 años dedicado a importar automóviles desde Estados Unidos.
Marín había cruzado con un grupo de amigos al lado mexicano, pero se aprestaba a volver al lado guatemalteco e ingresar, por orden de un agente migratorio, por el puente fronterizo Rodolfo Robles, paso oficial entre la guatemalteca Tecún Umán y la mexicana Ciudad Hidalgo.
“Ni modo, tenemos que acatarlo, esa es la ley”, dice.
El despliegue, que incluye la movilización de 6.000 soldados al sur de México y ha alterado la vida de esta región, fue la respuesta de las autoridades mexicanas a las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Bajo amenaza de represalias comerciales, Trump conminó a México a reducir la escalada de migrantes centroamericanos indocumentados que pasan por su territorio con destino a Estados Unidos. Desde siempre, su principal acceso ha sido el Suchiate.
Acceso restringido
Apenas hace tres semanas, la AFP constató que en la ribera mexicana del Suchiate no había agentes de seguridad o migratorios y el flujo de balsas trasladando personas y mercancías fluía como las aguas del río.
Pero todo ha cambiado. Miembros de la Guardia Nacional, la policía federal y del Instituto Nacional de Migración (INM) están apostados en al menos nueve puntos del Suchiate, solicitando identificaciones a todos los que cruzan, según refirieron los propios agentes.
“Mientras sean aquí fronterizos no hay ningún problema, ahora si son hondureños o más retirado, salvadoreños, esos sí van para atrás”, dice sobre el operativo un agente migratorio de 41 años que pidió mantener su identidad en reserva.
Si se detecta a ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua u otras nacionalidades sin papeles migratorios, el protocolo indica detenerlos y trasladarlos a la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula donde son retenidos hasta concretar su deportación.
La AFP atestiguó el momento en que una mujer nicaragüense acompañada de un niño, de unos ocho años, fue intervenida por un agente migratorio y una mujer policía.
Al detectar que sus papeles eran falsos, ambos fueron subidos a una camioneta del INM que partió minutos después rumbo a la instalación migratoria de Tapachula, según refirió la mujer policía.
Golpe al comercio
El agente migratorio explica que a mexicanos y guatemaltecos se les pide que muestren una identificación y se les “hace la invitación” a que acudan al puente internacional para tramitar un pase formal. Otros colegas son menos flexibles y los fuerzan a regresar, como en el caso del guatemalteco Marín y sus acompañantes.
Las autoridades esperan que estos controles reduzcan notoriamente el flujo de migrantes indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos, sobre todo de cara al próximo lunes 22, fecha acordada por Washington y México para evaluar los resultados de las medidas migratorias.
Datos de Washington señalan que la cifra de migrantes que llegaron a su frontera sur bajó de 144.000 en mayo a unas 100.000 en junio.
En un efecto colateral, la caída en el flujo de migrantes ha repercutido en la economía de la zona.
Verónica Hernández, una comerciante de 40 años, que vive de la venta de refrescos, cervezas y bocadillos justo sobre la ribera del Suchiate, asegura que su negocio va a la baja.
“Los negocios de acá dependen de la gente que entra de Guatemala, entonces ahorita se ha visto bastante el cambio y el negocio bien bajo porque la gente pues ya no entra”, dice la mujer mientras mece en una hamaca a un bebé de meses.
“Por una parte hay más vigilancia, más seguridad pero igual afecta en lo que es el comercio”, agrega.
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