El caso de Alonzo ha dado mucho de qué hablar en Reynosa, Tamaulipas, donde se encuentra detenida. Periódicamente los medios sacan a relucir el caso, sin que esto acelere el proceso judicial. Las audiencias judiciales se postergan por cualquier motivo y a la fecha no se ha celebrado un juicio.
El pasado 31 de enero, familiares y amigos de Alonzo hicieron un viaje de 15 horas desde San Mateo Ixtatán para manifestar frente a la Embajada de México en Guatemala y en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) para pedir su liberación.
Alonzo se encuentra en prisión desde noviembre de 2014 después de que fue detenida en un operativo en una casa de seguridad —sitio en donde organizaciones delictivas ocultan a personas secuestradas o mercancías ilícitas— de Reynosa, en ese entonces solo podía comunicarse en chuj, su idioma materno.
En una nota informativa emitida en agosto de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos relata que la migrante no entendía de qué la acusaban ni qué hacía en la estación policial cuando fue detenida, lo que fue aprovechado para hacerla firmar un documento donde aceptaba su culpabilidad.
Según la nota, en la casa de seguridad de la banda ella y otras mujeres fueron sometida a trabajos forzados. Al menos una de ellas logró escapar y denunciar el hecho, pero Alonzo no pudo huir y por esa razón fue hallada en el lugar y apresada.
Familiares denuncian que no contó con la ayuda de un traductor ni hubo presencia del consulado guatemalteco y que Alonzo se enteró de la culpabilidad que había aceptado hasta cuatro años después cuando, en prisión, empezó a comprender un poco de español.
“No hacen su trabajo”
“Ya es demasiado, son siete años de repetir el caso sin una resolución, por eso pedimos al Gobierno que la liberen inmediatamente porque no tienen pruebas en su contra”, dijo Pedro Alonzo García, tío de Juana, en la manifestación que organizaron frente a la sede diplomática mexicana.
El grupo de manifestantes hizo entrega de una carta donde exponen su petición al Gobierno de México y la hicieron acompañar con las firmas de cinco mil 135 personas y 43 organizaciones que claman justicia. “Apresan a los inocentes y dejan en libertad a los culpables”, exclamó Alonzo García.
“Juanita esta recluida pagando por un delito que no cometió. Las autoridades solo escuchan y no hacen el trabajo que tiene que hacer, nunca nos hacen caso por eso les hacemos un llamado a las autoridades para que la dejen en libertad”, agregó.
Evangelina Ramos, amiga de Juana, dijo que se les ha dificultado viajar a los lugares donde tienen que hacerlo por falta de recursos, pero que la familia ha contado con el apoyo del pueblo y que no piensan abandonar la lucha “hasta que Juanita esté libre”.
Informó que el próximo 8 de marzo, si no la han liberado, harán una caminara para exigir justicia.
Obligación internacional
El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, de la Organización de las Naciones Unidas —ratificado por el Estado de México en el 2003— dice que no se puede enjuiciar a quien contrate los servicios de alguien para cruzar una frontera de forma irregular.
El tío, Pedro Alonso García, habló de la petición que hicieron en la Embajada. @prensa_libre pic.twitter.com/XafZRscCWB
— Sergio Morales (@smorales_pl) January 31, 2022
El artículo 5 dicta que “los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal” por el hecho de haber sido objeto de tráfico ilícito de personas o de otra conducta que facilite dicho delito. Además, el artículo 2 indica que el fin del Protocolo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y proteger sus derechos como víctimas.
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Reciben petición
La Policía y la Fiscalía de Reynosa no dan información de cómo marcha el proceso, mientras en la sede diplomática de México en Guatemala, el ministro de la Embajada, Abel Escartín, dijo a la familia que no conocía el caso; sin embargo, recibió la carta y las firmas y prometió preguntar a las autoridades en ese país “qué podemos hacer con la solicitud”, aunque adelantó que difícilmente podrían intervenir porque ni siquiera es competencia del poder ejecutivo.
“Entiendo la preocupación e impotencia”, expuso Escartín, pero “este caso, por mucho que sonara no es competencia de la Embajada de México en Guatemala, sino de la Embajada o los consulados en México”, expuso Escartín.
Al ser consultado sobre la falta de información del caso, indicó que una autoridad judicial “jamás” va a proporcionarla por ser una investigación o de un proceso jurídico, por lo tanto, está restringida para el círculo familiar de Alonzo.
Pero a la familia le cuesta viajar a un lugar tan lejano como Reynosa por la falta de recursos y porque, afirman, no han recibido ningún apoyo del Gobierno de Guatemala, ni siquiera para gestionar las visas.
El día de la protesta en la Embajada de México, los familiares y amigos de Alonzo también fueron al Minex a presentar su petición y ahí les dijeron que el proceso está bajo reserva, pero que iban a enviarles información de cómo avanza el proceso.
La oficina de Comunicación del Minex aseguró que “se le está dando seguimiento al caso desde el consulado de Guatemala en Monterrey, Nuevo León.
Informó que del 2017 al 2021 la defensa de Alonzo estuvo a cargo de un abogado que ella contrató, pero que, ante las “evidentes deficiencias e incapacidad” del profesional aceptó ser representada por la Defensoría Pública Penal Federal, por iniciativa de dicho consulado.
El Minex aseguró que “se ha logrado que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas aceptara revisar el caso, con altas posibilidades de lograr su desistimiento”. “La Cancillería de Guatemala confía plenamente en que el caso se logre resolver de manera efectiva y obtener al corto plazo la libertad de Juana Alonzo”, precisó en un comunicado.
Atención urgente
El abogado Pedro Pablo Solares, consultor en temas migratorios, expuso que el testimonio de Alonzo narra “el desprecio adicional que carga el indígena maya en tránsito por México”.
Explicó que en las regiones chuj de Huehuetenango es muy poco frecuente el uso del español, en especial entre las mujeres, pero “resulta difícil quebrar la testarudez de los citadinos, como muchos funcionarios” sobre esa realidad.
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“La función pública está rezagada en dotarse de traductores. Y el sistema consular, a pesar de la demanda de poblaciones indígenas, no es una excepción”, subrayó.
En el norte de México solo funcionan tres consulados, en Tijuana, Baja California; San Luis Potosí y en Monterrey, Nuevo León. Entre los tres suman nueve trabajadores que están a cargo de cubrir una extensa parte del territorio mexicano conocida por su peligrosidad.
“La vida e integridad de los guatemaltecos en tránsito por México está en peligro, los consulados ameritan urgente atención estatal”, resaltó Solares.
Promotores de la liberación migrante, organización que ha acompañado el caso de Alonzo, explica que la vulneración de los derechos de los migrantes mayas es muy frecuente en suelo mexicano y las mujeres son las más vulnerables.
La organización ha dado servicio gratuito de interpretación en cortes de EE. UU. a más de 360 personas desde el 2017 a quienes les han ayudado a formular su petición de asilo o de otro alivio migratorio. Los idiomas mayas de los que más demanda tienen son: k’iche’, q’eqchi’ y mam.
Una voluntaria que no quiso ser citada explicó que las autoridades mexicanas no toman en cuenta que en Guatemala hay más de 20 idiomas mayas y que estos tienen sus variantes y cuando detienen a las personas los procesan en español y ni siquiera les preguntan si pertenecen a una etnia en especial.
