Jakelin, que tenía 7 años, y su padre Nery Caaal, de 29, cruzaron la frontera el 6 de diciembre de 2018 de forma ilegal por el desierto de Nuevo México, como parte de un grupo de inmigrantes que ese mismo día se entregó a CBP en Lordsburg (Nuevo México).
La niña murió dos días después y hasta ahora no se conocen los resultados de las investigaciones sobre su deceso.
“La muerte de Jakelin es una mancha oscura en el tejido moral de este país”, dijo Castro, quien junto a Pramila Jayapal, congresista por Washington, presentó el viernes 6 de octubre, en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que lleva el nombre de la niña.
El proyecto plantea que sea obligatorio para el DHS y a la Oficina de Salud y Servicios Humanos el investigar e informar sobre todas las muertes de personas bajo custodia del Gobierno.
El congresista Castro recordó que existen disposiciones vigentes que requieren que la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) informen al Congreso sobre la muerte de cualquier individuo bajo su custodia en plazos determinados.
Pero esas disposiciones no se cumplen, a pesar de “los miles de niños migrantes que pasan por su cuidado todos los años”, indicó.
Cuando Jakelin murió la Patrulla Fronteriza dijo en un comunicado que la niña llevaba “varios días sin comer o consumir agua” en el momento de su detención y murió 48 horas después.
Las causas de su muerte, según la autopsia, fueron una infección generalizada, fiebre y deshidratación.
Para el Center for American Progress, aunque Jakelin fue el primer menor que murió en custodia de la Patrulla Fronteriza en más de una década, por lo menos cinco más han fallecido en el año transcurrido, “a menudo debido a negligencia o enfermedades totalmente evitables”.
Tom Jawetz, vicepresidente de inmigración de ese centro, informó de que han intentado sin éxito obtener información oficial, para “entender mejor las circunstancias que condujeron a la muerte de Jakelin”.
Sin embargo, el resultado ha sido una “ausencia total de transparencia” y de “rendición de cuentas” por lo sucedido, señaló en un comunicado.
Wendy Young, presidenta de la organización humanitaria KIND (Niños Necesitados de Defensa), declaró a Efe que en el trágico aniversario de Jakelin, el país lamenta además la muerte reciente de otro niño guatemalteco por culpa de las fallas del sistema migratorio.
Mencionó el caso de Carlos Gregorio Hernández Vásquez, de 16 años, quien colapsó en una celda de la Patrulla Fronteriza en Texas durante la noche y permaneció en el piso durante cuatro horas hasta que los guardias fueron alertados y lo encontraron sin vida.
“Ningún niño que busque seguridad y un futuro lleno de promesas en los Estados Unidos debe enfrentar un tratamiento de este tipo en manos de la Patrulla Fronteriza, y su muerte, y la otros como él, demanda una investigación completa y llamado a responsabilidad de todos los involucrados”, expresó.
El niño puede haber estado enfermo de gripe, una enfermedad que, según dijo a Efe el congresista demócrata por California Raúl Ruiz, se propaga sin control en los lugares de detención fronteriza.
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El legislador, que es médico, visitó recientemente el lugar donde estuvo alojada Jakelin hace un año y comprobó “horrorizado” las condiciones a los que son sometidos niños y adultos.
“Las instalaciones están tan llenas de gente que no se puede ver el suelo, las personas tosen unas sobre otras, sin instalaciones sanitarias apropiadas o lugares donde lavar sus manos o bañarse”, relató.
Donald Kerwin, director ejecutivo del Centro de Estudios de Migración, dijo a Efe que la muerte de Jakelin y de otros niños en custodia de agencias de inmigración, “son llamadas a menudo tragedias”.
“Pero son el tipo de tragedia que se podría pronosticar y que involucra la complicidad de todos nosotros”, en particular el Gobierno, que cada día busca aplicar políticas más duras hacia los inmigrantes y quienes buscan asilo.
En el mismo sentido se expresó John-Michael Torres, de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), quien culpó al presidente Donald Trump de ser “intencionalmente” cruel con los niños, como castigo a los padres que intentan ingresar ilegalmente al país.
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