Esta ciudad ubicada 35 millas al suroeste de Miami, y tapizada con grandes extensiones de cultivos, es principalmente un área agrícola que emplea a unos 40.000 trabajadores, en un gran porcentaje indocumentados, como señala la organización local WeCount, que vela por los inmigrantes.
“Me da mucho miedo. Mi único delito en este país ha sido andar sin un documento, yo no le hago daño a nadie, no soy una delincuente”, dijo una mexicana de 40 años, que prefiere no identificarse por temor a represalias y trabaja en los cultivos de esta localidad, el último enclave antes de los Cayos de Florida.
La mujer, madre de tres hijos de 19, 14 y 5 años, alude de esta forma al vencimiento del plazo de dos semanas dado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, para que empiecen las redadas masivas en grandes ciudades del país, una amenaza reflotada luego de que el pasado fin de semana el mandatario advirtiera que comenzarían “muy pronto”.
“Ahora estamos en plena temporada del frijol y del boniato”, se lamentó la mexicana.
Por una jornada diaria de ocho horas, por la que gana ocho dólares la hora, la mujer recibe 1,600 dólares mensuales como retribución a un trabajo que la obliga a soportar altas temperaturas, que en estos meses llega a los 90 grados Fahrenheit (32,5 centígrados), así como lluvias torrenciales y picaduras de insectos.
“Tengo que esforzarme mucho para ganar lo que gano, llueva o truene aquí andamos, bajo la lluvia y bajo el sol”, dijo con resignación.
A pocos kilómetros de donde trabaja, se levanta el mayor centro de detención de menores indocumentados del país, con capacidad para unos 3,200 niños de entre 13 y 17 años que han sido separados de sus padres en proceso de deportación y objeto de críticas por organizaciones civiles y legisladores demócratas.
Tras el primer debate entre aspirantes a la nominación del Partido Demócrata de cara a las elecciones de 2020, celebrado a fines del pasado mes en Miami, muchos precandidatos intentaron ingresar al centro de Homestead, que calificaron de “cárcel” y criticaron que sea gestionado por empresas privadas.
Precisamente, ser separada de sus hijos estadounidenses es uno de los mayores temores de la mexicana, natural del estado de Hidalgo, y quien busca ofrecerles en EE. UU. una mejor educación y vida.
“Mis hijos se van a quedar abandonados y si me los llevo de vuelta a mi país no tendrán la misma preparación”, comenta la mujer, que sueña con eventualmente poder asistir a la graduación universitaria de su primogénita.
Los indocumentados que faenan en los cultivos de Homestead, en gran número latinoamericanos, han redoblado sus precauciones ante la esperable presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.
Alejandra, una guatemalteca de 30 años que también trabaja en los campos de Homestead, cuenta que cuando está en el campo se pone en las zonas más alejadas de la carretera para tener tiempo de reacción y “poder escapar” en caso de una redada.
Asegura que “ahora hay mucho temor” y no deja de pensar en el día de mañana en caso le toque separarse de su familia.
La guatemalteca comparte un grupo de chat con otras compañeras para intercambiar información y, sobre todo, alertas sobre la presencia de agentes federales.
Algunas organizaciones locales de ayuda a los indocumentados, como WeCount o la Coalición de Inmigrantes de la Florida, confían en que el Gobierno encuentre una solución para los inmigrantes.
“Uno tiene el derecho de permanecer en silencio según la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, no hay que firmar ningún documento y hay que sacar el teléfono para grabar porque eso nos ayuda a verificar si (los agentes) están o no abusando”, avisa Guadalupe de la Cruz, una de las voluntarias de WeCount, con sede en Homestead.
Mientras aguarda el desarrollo de los acontecimientos, la mexicana, con la piel muy irritada debido a los pesticidas utilizados en la siembra, pide que se valore “el gran sacrificio que están haciendo” los inmigrantes.
Lo único que hacen, dice, “es trabajar para sobrevivir”.
