No obstante, críticos consideran que la puesta en marcha de esta no será tan fácil, toda vez no se han ubicado los recursos en las distintas entidades oficiales para que sea implementada.
El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), que tendrá a su cargo la implementación y coordinación de la política, asegura se empezará a poner en práctica el próximo año y que “cada institución deberá iniciar la ejecución de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria”.
“La implementación de la política será de forma gradual, por lo que se alentará a que las instituciones vinculadas puedan efectuar internamente las programaciones anuales necesarias en sus instrumentos de planificación estratégica institucional”, detalló la oficina de Comunicación del IGM.
Añadió que el Código de Migración especifica que el IGM y sus subdirecciones son los responsables de la implementación, pero que también habrá coordinaciones con el resto de las instituciones vinculadas.
Recursos
Hasta el momento, la propuesta de presupuesto 2024 que debe ser discutida por el Congreso contempla recursos para el tema migratorio solo para tres instituciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que asigna Q297 millones para el programa de servicios consulares y de atención al migrante.
También al Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), Q73.2 millones, más lo que corresponde al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), que cuya asignación para 2023 suma Q305 millones.
Sin embargo, aparte de estas instituciones, según la política aprobada, hay otras 24 que también tienen alguna relación con el tema migratorio. Por citar algunos ejemplos, la Secretaría de Bienestar Social que atiende a los menores de edad no acompañados que son deportados o el Registro Nacional de las Personas, vinculado con la identificación de los connacionales en el exterior y los que son devueltos a al país.
Entre otras, también el Ministerio de Gobernación, que por medio de la Policía Nacional Civil se vincula con la migración en tránsito, o el de Salud que tiene la obligación de proporcionar atención a esta población que cruza el país.
Otras carteras como, las de Desarrollo Social o Agricultura, así como otras instituciones como el Instituto Técnico de Capacitación o la Procuraduría de los Derechos Humanos también tienen relación con el tema migratorio, pero, al igual que las anteriores, dentro de sus presupuestos programados para el 2024 no tienen recursos destinados específicos para este fin.
Se requiere de voluntad
El diputado Edgar Batres, integrante de la Comisión del Migrante del Congreso y quien acompañó el proceso de elaboración de la Política, afirmó que, aunque la herramienta ya fue aprobada, todavía está pendiente el presupuesto para su ejecución, así como el diseño de los procedimientos para su evaluación, algo que esperan discutir en una reunión el próximo 10 de noviembre.
El legislador precisó que el IGM es el responsable de crear los clasificadores presupuestarios para que cada institución asigne los recursos en sus planes operativos anuales.
Según Batres, a más tardar en el primer trimestre del próximo año, las 28 instituciones que tienen algún mandato por cumplir según la Política, deberán revisar y readecuar sus presupuestos.
“Lo que nos preocupa es el tema del presupuesto porque por lo menos la Autoridad Migratoria debería contemplarlo para el primer cuatrimestre de enero, o si no buscarlo del presupuesto”, enfatizó Batres.
“Necesitamos voluntad de los personeros que van a asumir la conducción del Instituto Guatemalteco de Migración el próximo año. Necesitamos que los nuevos funcionarios conozcan la dinámica de la Política y el papel que le corresponde jugar en la coordinación del Instituto”, remarcó.
En ese sentido, la Vicepresidencia dio a conocer que la vicepresidenta electa, Karin Herrera, “ya fue informada” de la aprobación de la Política, pero que aún está pendiente una reunión de la Autoridad con ella y su equipo de trabajo.
Según el Código de Migración, el vicepresidente de la República es quien dirige la AMN, que a su vez es la obligada a supervisar la Política.
Aracely Martínez, directora de la maestría en Desarrollo de la Universidad del Valle, teme que la política se quede en un “conjunto de buenas intenciones”, si es que esta al final no tiene definidos los presupuestos ni un plan de monitoreo y evaluación e indicadores de logros para determinar si la política es funcional, o si al cabo de cierto tiempo hay que cambiarla o desecharla.
Añadió que el próximo gobierno debe asignarle presupuesto lo antes posible y en ese sentido, dijo esperar que las nuevas autoridades articulen mejor a los actores vinculados con el tema.
El analista en temas migratorios, Fernando Castro, opinó que sin presupuesto la Política Migratoria servirá de poco y el país estaría destinado a continuar con la atención del fenómeno de la migración con cada institución haciendo lo que puede por su lado.
En tal sentido, dijo esperar que su implementación sea una de las primeras prioridades de la vicepresidenta Herrera al comenzar su gestión.
Castro, quien también participó en varias reuniones e hizo incidencia en favor de la Política, añadió que, a la fecha, se desconoce si en la propuesta final se incluyeron las sugerencias que hicieron los sectores de la sociedad civil que participaron, una de estas, precisamente era la de garantizar la disponibilidad de presupuesto.
El IGM detalló que el acuerdo que dará vida a la Política se publicará en el diario oficial “próximamente”, con lo cual cobrará vigencia legal, y subrayó en que esta será socializará el día de la presentación y será hasta entonces cuando se podrá acceder a su contenido en formato electrónico.
Ejes
Según un borrador compartido en una de las últimas reuniones, la Política consta de cuatro ejes: derechos humanos y personas en situación de vulnerabilidad; integración y reintegración sustentable; servicios migratorios, consulares y gestión integral de fronteras; así como migración y desarrollo sostenible.
Estos ejes tienen por objetivo, garantizar la atención integral de los migrantes y asegurar la protección de sus derechos humanos, integrarlos o reintegrarlos a ellos y a sus familias en las comunidades de acogida y ofrecer servicios migratorios y consulares simples, ágiles y accesibles. También favorecer la migración segura, ordenada y regular.
En el borrador de la propuesta se identifican 160 acciones. Para su elaboración participaron 117 instituciones, 50 del Estado, 31 de la sociedad civil, seis representantes departamentales, 13 de guatemaltecos en el exterior, seis organismos internacionales, cinco del sector privado, cinco académicas más la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
