Los recursos que se destinan para la atención a los migrantes no son suficientes para la creciente demanda de servicios que reclaman los guatemaltecos en aquel país. Ese es parte del problema, afirman migrantes consultados.
Estimaciones para el 2012 calculaban entre 1.2 a 1.6 millones el número de guatemaltecos radicaban en aquel país. Hoy en día, según el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el número casi se ha duplicado hasta alcanzar los 2.8 millones, aunque migrantes en EE. UU. creen que la comunidad chapina en aquel país podría alcanzar los cuatro millones.
Para 2021, unos 300 trabajadores atendían a los cerca de tres millones de connacionales en EE. UU., de acuerdo con información que proporcionó en su momento el Minex. El presupuesto actual para los servicios consulares ronda los Q286 millones, el 0.002 del presupuesto general de ingreso y egresos de la nación.
Documentos
Acceder al documento personal de identificación (DPI) y al pasaporte es, tal vez, la principal demanda de los connacionales en EE. UU. Estos documentos les son de suma utilidad para hacer diversas gestiones, tanto con dependencias estadounidenses como guatemaltecas.
Coinciden en que desde hace unos 10 años empezaron a notarse problemas en la atención, pero fue con la llegada de la pandemia que se acentuaron al implementarse el mecanismo de citas —que aún se mantiene—, puesto que desde entonces ha sido muy difícil conseguir una.
“Esperamos que el próximo presidente reactive los consulados móviles para poder hacer trámites porque al no contar con un estatus legal en EE. UU. ni en Guatemala estamos doblemente indocumentados, y eso pone en riesgo al guatemalteco”, señaló Alfonso Pérez, fundador de la Alianza de Guatemaltecos Unidos (AGU) en Los Ángeles, California.
“Se necesitan documentos para hacer trámites, como abrir una cuenta bancaria o simplemente tener asistencia en un hospital”, añadió.
“Sin el pasaporte aquí, la gente no es nada. Los migrantes sufren si este documento se les vence o daña porque no tienen como enviar remesas y tiene que pagar a alguien para que les haga el favor”, expuso Juan Carlos Pocasangre, líder migrante radicado en Nueva York.
Remesas productivas
Otros migrantes también ven como una urgencia el coordinar con los guatemaltecos en EE. UU. programas que incentiven la inversión productiva de las remesas, para llevar desarrollo a las comunidades y disminuir la migración irregular.
Solo el año pasado los migrantes enviaron Q18 mil millones en remesas las cuales se utilizan principalmente para el consumo.
Marvin Otzoy, un empresario guatemalteco que vive en Nevada, afirma que está dispuesto a invertir en proyectos productivos; sin embargo, señala que hoy en día no hay una entidad o figura a nivel gubernamental que coordine estos esfuerzos.
“El reto para las próximas autoridades será crear un ente que haga que las remesas sean productivas, designar agregados comerciales que logren que los empresarios guatemaltecos que viven en EE. UU. puedan hacer inversiones directas”, puntualizó el líder migrante quien preside la Fraternidad Guatemalteca del norte de Nevada.
“Hay muchos empresarios en EE. UU. que si se les abriera la puerta para comercializar invertirían mucho”, enfatiza Otzoy. “El Gobierno tiene la mitad del trabajo hecho porque los guatemaltecos tienen familia allá, conocen sus lugares, las leyes y quieren invertir para generar más empleo”, añade.
Pocasangre sugirió capacitar a las comunidades en Guatemala acerca de cómo exportar sus productos a compañías que sean propiedad de guatemaltecos en EE. UU. Asimismo pidió que haya representaciones de las principales dependencias de Guatemala en los consulados de aquel país, como del Ministerio Público.
Más demandas
Entre otras peticiones que hace la comunidad migrante en EE. UU. está facilitar asesoría legal a miles de migrantes que enfrentan procesos judiciales, muchos de los cuales no cuentan con los recursos económicos para costearlos y deben de buscar ayuda de abogados pro bono.
Asimismo, piden que se asigne más presupuesto a los consulados para que puedan contratar con más personal y agilizar el proceso de citas.
Además, que se comience a pensar en un plan de prestaciones para el retiro de miles de connacionales que por haber trabajado con estatus irregular no tienen derecho a pensiones ni en EE. UU. ni en Guatemala, para enfrentar la vejez.
Otros, como Mónica del Cid, presidenta las Asociación Casa del Guatemalteco en las Carolinas, les preocupa más la situación socioeconómica de Guatemala que está expulsando cada vez más a más connacionales que arriesgan sus vidas con tal de llegar a EE. UU. y creen que esa debe ser la prioridad del próximo gobernante.
“Si tuviéramos trabajos dignos no se vendría la gente para acá”, comenta.
Roberto Monjaras, integrante de la organización Maya I’q Balam en Florida, EE. UU., afirma que “si el Gobierno tiene voluntad deber empezar por atender mejor a la comunidad migrante” y mejorar el presupuesto para este fin porque los salarios de los trabajadores consulares son muy bajos y a los guatemaltecos que radican allá no les interesa ocupar esos puestos.
Entonces, siempre hay falta de personal lo que redunda en el atraso de los servicios consulares, agrega. Esto, a la vez, impide que puedan concentrarse en funciones como la defensa de los derechos de la comunidad, otra prioridad que debe atenderse, añade.
Al menos se esperarían posturas políticas más contundentes en favor de los guatemaltecos en EE. UU., subraya Monjaras, sobre todo para respaldar a aquellos que radican en estados como Florida, tradicionalmente hostiles hacia los migrantes.
Planes
Los migrantes tenían altas expectativas con la llegada al poder de Jimmy Morales en 2016, pero en poco tiempo se decepcionaron. Alejandro Giammattei, incluso, ofreció crear un viceministerio para los migrantes, pero no lo cumplió.
El plan de gobierno de Bernardo Arévalo contempla transformar la relación entre el Estado de Guatemala y los migrantes para que tengan una participación efectiva en el desarrollo nacional. Para alcanzar tal fin ofrece duplicar los recursos destinados a los servicios consulares y apoyar la formación de una institución financiera para mejorar los servicios que requieren los guatemaltecos en el exterior.
Además, aseguran que impulsarán la creación del distrito electoral 25 y de un programa, en el Seguro Social, que cubra a los migrantes y sus familias, aunque para esto necesitarán del Congreso.
