El caso ha cobrado relevancia a nivel nacional por las restricciones al aborto impuestas por Ohio después de que el Tribunal Supremo revocara su protección en junio, algo que presumiblemente habría llevado a la niña a acudir al estado vecino, aunque las autoridades de Ohio dicen que habría podido abortar sin tener que viajar.
El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, se refirió al caso en público la semana pasada para atacar a sus rivales republicanos, que controlan el Gobierno estatal en Ohio.
“Violada y embarazada de seis semanas con diez años. Ya traumatizada y tuvo que viajar a otro estado. Imaginen ser esa niña pequeña”, dijo Biden.
El acusado y autor confeso de la violación es Gerson Fuentes, que según fuentes de Inmigración citadas por el canal conservador Fox News es un migrante guatemalteco que se encuentra en EE.UU. en situación irregular.
A Fuentes -que confesó ante la Policía haber violado a la niña en por lo menos dos ocasiones– se le ha impuesto una fianza de dos millones de dólares y por el momento permanece detenido en la cárcel del condado de Franklin (Ohio).
Después de que el Supremo revocara la protección legal al aborto, Ohio activó una ley que se encontraba suspendida y que prohíbe la mayoría de abortos cuando han pasado seis semanas o cuando se detecta el primer latido del corazón del feto.
Pese a que los demócratas están usando este caso para atacar a los republicanos de Ohio por las restricciones al aborto, el fiscal general del estado, Dave Yost, aseguró en declaraciones a la prensa que la niña podría haber abortado legalmente en Ohio dadas las circunstancias de su caso.
Investigan a doctora
El fiscal general de Indiana, Todd Rokita afirmó el 14 de julio que se está investigando a la doctora que le realizó el aborto a la menor de diez años, debido a que no avisó a las autoridades acerca del procedimiento.
En una carta que fue fechada el 13 de julio, el fiscal habría solicitado al gobernador de Indiana, Eric Holcomb los registros del Departamento de Salud y del Departamento de Servicios Infantiles para determinar si la doctora Caitlin Bernard avisó del aborto a las autoridades en un plazo de tres días.
“Si la doctora Bernard no presentó los informes requeridos a tiempo, ha cometido un delito cuyas consecuencias pueden incluir un enjuiciamiento penal”, dijo Rokita.
