La semana pasada, dos nutridos grupos con cerca de 600 personas fueron detenidos luego de haber ingresado en el país sin autorización. De ellos, 369 fueron expulsados.
La cifra es mínima si se compara con la enorme cantidad de migrantes que logran llegar a la frontera sur de EE. UU. A falta de un mes para que concluya el presente año fiscal en ese país, la Patrulla Fronteriza ya registra dos millones 150 mil encuentros con indocumentados, 415 mil más que los detectados en todo el 2021.
Por primera vez, los migrantes del triángulo norte de Centroamérica —Guatemala, El Salvador y Honduras— dejaron de ser el segundo grupo más numeroso, detrás de los mexicanos. Ahora, ese lugar es para los ciudadanos de países que afrontan crisis políticas y sociales o que son señalados por EE. UU. y otras naciones de tener regímenes autoritarios.
De Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba se han producido 543 mil 142 detenciones en la frontera sur, este año fiscal.
Interceptación
De esa situación surge la necesidad de la Casa Blanca de intentar poner un freno a esta migración. El problema podría influir en las elecciones de medio término del próximo 8 de noviembre, con las cuales se renovará parte del poder Legislativo estadounidense.
Esta migración también supone un reto para países como Guatemala, que han visto incrementado el número de extranjeros que piden asilo o refugio. El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) registra que de 2017 a septiembre de este año el país albergó a 13 mil 691 extranjeros.
La urgencia de EE. UU. por detener los flujos hace pensar en si Washington está dispuesto a cambiar su estrategia hacia países como Guatemala, a los cuales criticó duramente durante el primer año y medio de la administración de Joe Biden por asuntos de corrupción y de estado de Derecho.
Funcionarios del Departamento de Estado han publicado mensajes anticorrupción y listas de políticos, funcionarios, exfuncionarios y empresarios señalados de corrupción y de debilitar la democracia.
Sin embargo, desde hace meses dichos pronunciamientos han bajado de tono. Ahora Usaid (Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional) firma convenios de cooperación millonaria con el gobierno de Guatemala y Alejandro Giammattei presume de haberse reunido con el gobernante estadounidense, en medio de las actividades por el 77 período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas.
Biden, preocupado por la creciente migración, dijo recientemente que ya trabaja con los gobiernos de México y de Centroamérica “para frenar el flujo” de indocumentados que llegan a la frontera sur.
Moneda de cambio
México y Guatemala estarían en la disposición de ponerle un alto a los migrantes, pero “van a exigir o negociar algo a cambio”, opina Bernardo Méndez Lugo, director de la organización América sin Muros, con sede en México. “Van a colaborar con EE. UU. si reciben algo a cambio; frenar la migración no va a ser gratuito”, aseveró.
No se sabe qué condiciones pondría sobre la mesa Guatemala. La Cancillería no confirmó si ha habido tal petición o alguna reunión al respecto.
Méndez Lugo expuso que, aunque las autoridades guatemaltecas podrían requerir beneficios migratorios o más visas agrícolas, bajar la intensidad de la lucha contra la corrupción por parte de EE. UU. también es una posibilidad.
En el caso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría pedir a EE. UU. apoyo para consolidar en Centroamérica sus programas Sembrando vida y Jóvenes construyendo el futuro.
Méndez Lugo reconoce que la migración es un tema muy importante para la política estadounidense; sin embargo, en las elecciones tanto las de medio término como las presidenciales del 2024 podrían pesar más otros factores como la economía o el desenvolvimiento del conflicto en Ucrania.
En opinión del analista político Renzo Rozal, la agenda de EE. UU. para Guatemala ha cambiado “drásticamente” lo que se ha traducido en que “bajó la guardia” en cuanto a apuntar la corrupción existente en el país.
Aunque en un inicio se enfocó en esta como una causa de la migración, sobre la marcha, según el analista, EE. UU. se dio cuenta de que la corrupción es un problema de toda América Latina y que reducir los flujos con ese enfoque le llevaría mucho tiempo, cuando frenar la migración es algo que urge.
EE. UU. es más “pragmático” y lo que le interesa es la migración, señaló Rosal. “Debemos doblar la página de que presiona cada cierto tiempo el botón de la corrupción, lamentablemente, no va a mandar más mensajes ni alertas”, añadió.
Negociación bajo la mesa
El analista y excanciller Édgar Gutiérrez indicó que EE. UU. lanzó su estrategia “sin valorar la gravedad que acá tiene la captura criminal del Estado”.
Estima que las autoridades guatemaltecas “sacaron las credenciales falsas de soberanía y no injerencia en los asuntos internos, mientras bajo de la mesa les ofrecían ser guardianes implacables contra migrantes irregulares del sur y sus caravanas”.
Sin embargo, Gutiérrez coincide en que otras prioridades de seguridad global terminaron por absorber la atención de la Casa Blanca.
El excanciller cree que las elecciones del 2023 en Guatemala será el punto de inflexión donde el país “se jugará su futuro”, y “toma el camino de la dictadura abierta o rectifica el camino”. “Si EE. UU. lo entiende se puede corregir el rumbo”, subrayó.
No es la primera vez
EE. UU. ya recurrió en el pasado a Guatemala para pedirle que frene la migración.
El expresidente Donald Trump, con su particular estilo, lo hizo durante su administración. Luego de amenazar a estos países con imponer aranceles forzó a sus gobiernos a firmar acuerdos de tercer país seguro mediante el cual estos estaban obligados a recibir migrantes que pretendieran pedir asilo en EE. UU.
Con la administración de López Obrador, acordó el programa “Quédate en México” para que este país también aceptara quedarse con demandantes de refugio.
El sacerdote Mauro Verzeletti, exdirector de la Casa del Migrante, lamentó que “la frontera sur de EE. UU. se esté trasladando hacia Centroamérica” y que se busque que Guatemala se convierta en una especie de tapón, como la selva del Darién, entre Panamá y Colombia, con la diferencia de que este es natural.
Para Verzeletti, en vez de “reprimir migrantes” EE. UU. debería llevar a los países expulsores grandes inversiones para promover el desarrollo de sus ciudadanos, del tamaño que lo está haciendo con el conflicto Rusia-Ucrania. Añadió que los gobernantes de Centroamérica tendrían que dialogar, bilateral o multilateralmente con EE. UU., “y no siempre arrodillarse”.
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