Este 6 de junio en la capital guatemalteca los directores de los entes centroamericanos que controlan y regulan la migración se reunieron para abordar cambios en los protocolos de la normativa que incluye el CA-4.
La reunión fue a puerta cerrada y al finalizar la misma, el director del Instituto Nacional de Migración de Guatemala (INM), Carlos Emilio Morales, confirmó que se analiza una “actualización” del manual para evitar que “se utilice a la niñez para delinquir” al generar procedimientos migratorios irregulares.
Morales garantizó que los cambios no irían en la línea de limitar el libre tránsito de los ciudadanos de los cuatro países involucrados en el CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), y afirmó que aún es muy temprano para mencionar los cambios sensibles que tendrá la normativa puesto que las mesas de trabajo aún deben definirlos y llegar a consensos.
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Aunque el funcionario prefirió no hablar de nuevos requisitos para las personas migrantes en su tránsito por los cuatro países, sino más de bien de una “actualización” es inminente que sí los habrá. “El propósito es homologar los requisitos y procedimientos”, apuntó Morales.
“Nos preocupa que un derecho humano como la migración se haya utilizado por criminales que utilizan a grupos vulnerables como la niñez para actos delictivos”, insistió el director del INM, quien afirmó que se han registrado “casos de niños que han viajado ocho veces o más y cada vez con diferente persona”.
La propuesta final para actualizar el manual estaría lista en unos seis meses.
Pedro Pablo Solares, analista en temas de migración
Ven riesgos
Analistas en temas migratorios coinciden en la preocupación que despierta la propuesta de cambios, sobre todo por la coyuntura migratoria actual y porque las discusiones se revelaron a partir de las exigencias de la administración de Donald Trump de contener la migración irregular.
Por ejemplo, el abogado y analista en temas migratorios, Pedro Pablo Solares, expuso que el tratado CA-4 ha sido un obstáculo para que Guatemala reprima legalmente las olas de migrantes centroamericanos, tal como lo exige Trump.
“La preocupación es que se elimine una norma que es de beneficio para los países centroamericanos con tal de complacer las exigencias del gobierno de Estados Unidos que es hostil con esta población”, enfatizó Solares.
Al hablar de los efectos colaterales que implicaría poner limitantes al libre tránsito de personas por estos países, el analista precisó que el comercio podría resultar “gravemente afectado” lo que generaría una crisis para los importadores y exportadores que dependen de la agilidad fronteriza para transportar sus productos.
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Además, indicó que las poblaciones fronterizas de nuestros países también se verían afectadas al restringir la libre movilidad puesto que, históricamente están acostumbradas a mantener relaciones humanas.
Danilo Rivera, coordinador del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (Incedes) calificó de “retroceso” un posible cambio del Manual de Procedimientos CA-4 si al final de cuentas restringe la movilidad, puesto que este convenio en sí ya es un mecanismo efectivo para migrar de forma regular y ordenada.
Rivera añadió que si los cambios tienden a clasificar a las personas que puedan o no ingresar a Guatemala para evitar que lleguen a EE. UU. lo único que causará, aparte de violentar el derecho a migrar, es el aumento del tráfico ilícito de migrantes.
El analista explicó que, si se va a delimitar y clasificar a las personas que pueden o no ingresar o permanecer en el país “la región del CA-4 se va a convertir en una cárcel o una olla de presión” ya que la migración ha sido una opción de los pueblos para sobrevivir por la pobreza y violencia que han padecido.
Presión de EE. UU.
Solares aseguró que no existe otra razón que no sean las presiones de EE. UU. para pensar en el por qué los gobiernos centroamericanos analizan ahora actualizar el Manual de Procedimientos CA-4.
No obstante, el director del INM afirmó que los cambios se han analizado “desde mucho antes” y no responden “de ninguna manera” a exigencias de EE. UU.
Sin embargo, la primera vez que se mencionó el análisis de dicho tratado fue en marzo pasado, cuando se convirtió en uno de los acuerdos de la quinta reunión de ministros de seguridad que se llevó a cabo en Honduras y en la que participó la exsecretaria de Seguridad Nacional de aquel país, Kirstjen Nielsen.
Es más, Morales garantizó que la iniciativa de actualizar el manual coincidió con la coyuntura migratoria actual y las caravanas. Afirmó que los cambios también obedecen a que el mismo Pacto Mundial de las Migraciones exige que la movilización se haga de forma ordenada y segura.
“Estamos claros que nuestros países están abiertos a la migración, estamos interesados en que haya turismo, inversión extranjera, no estamos tomando acciones que limiten la migración, sino lo que queremos es que sea ordenada y segura”, subrayó Morales.
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Soldados blindarán fronteras
A la par de las discusiones para actualizar el acuerdo del CA-4, el gobierno mexicano anunció estar dispuesto a enviar hasta seis mil efectivos de su Guardia Nacional a la frontera con Guatemala y a ayudar así a EE. UU. a implementar un cambio drástico en el mecanismo de deportación de los indocumentados centroamericanos, informó el diario The Washington Post.
El ofrecimiento forma parte de las negociaciones que mantienen las autoridades de México y de EE. UU. esta semana en Washington, destinadas a alcanzar un acuerdo sobre migración que convenza a Trump, para que desista de su intención de imponer aranceles del 5 por ciento a todas las importaciones mexicanas a partir del próximo lunes.
De acuerdo con el medio estadounidense, que citó a un funcionario estadounidense y a otro mexicano, el envío de militares a la frontera con Guatemala repercutirá en “reducciones inmediatas” de la entrada de indocumentados a México.
Sin embargo, los analistas refutan tal afirmación al asegurar que “las poblaciones están huyendo” porque no se atienden los problemas estructurales graves que hay en el país como la pobreza, el cambio climático y la inseguridad.
“Los gobiernos están provocando una confrontación entre población civil que escapa de sus condiciones de vida, desarmada y desesperada, y fuerzas de seguridad armadas y con historiales de violación de derechos humanos en la región”, cuestionó Solares.
Rivera dudó que, si la finalidad de los soldados será capturar para deportar a migrantes, tengan claro cuáles serán los criterios o perfiles que utilizarán para atender el caso de una persona que busca asilo o protección internacional, por ejemplo.
Solares apunta que los migrantes reconocen que al viajar se exponen a morir, pero seguirán haciéndolo porque las condiciones en sus lugares de origen son peores.
“Yo hablé con una persona en Alta Verapaz que está en fila del coyote para migrar y va viajar con su hija. Le recordé el caso de Jakelin Caal —que murió en custodia de la Patrulla Fronteriza en diciembre pasado—, pero él me comentó que había perdido recientemente a un hijo por desnutrición aquí en Guatemala”, contó el analista.
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