En julio pasado, el juez federal Jon Tigar, basado en San Francisco, ordenó al gobierno suspender la entrada en vigor del reglamento que hacía que la mayoría de los migrantes que llegan a través de México fueran inelegibles para solicitar refugio.
Discurso antiinmigrante
Con esta nueva norma sobre el derecho de asilo, Trump, que busca la reelección con el mismo discurso antiinmigrante con el que llegó al poder, buscaba procesar únicamente los casos de extranjeros que demostraran que habían solicitado asilo en al menos un país antes de Estados Unidos y que su petición había sido denegada en última instancia.
La decisión judicial del juez Tigar fue secundada el 16 de agosto por un tribunal de apelaciones del circuito judicial de la costa oeste de Estados Unidos.
Para el abogado del gobierno, “Estados Unidos ha experimentado un alza sin precedentes en el número de extranjeros que entran de forma ilegal en la frontera sur y que si son aprehendidos, piden asilo y permanecen en el país mientras se resuelven sus demandas”.
Más de 82 mil migrantes
En julio último, 82 mil migrantes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, una cifra que refleja una caída de un 21% con respecto al mes anterior, tras un acuerdo con el gobierno de México para frenar el flujo.
Pese a este descenso, la cifra de julio sigue siendo más del doble que la del mismo mes de 2018, y fue registrada durante el verano boreal, cuando la cantidad de migrantes normalmente disminuye.
La mayoría son familias de Guatemala, Honduras y El Salvador, que huyen de la violencia y la pobreza en el Triángulo Norte de América Central.
El lunes pasado el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, expresó a Estados Unidos su “alarma” de que los acuerdos firmados por Trump con México y Guatemala para frenar la migración irregular causen un flujo de personas adicional en su territorio que su país no pueda gestionar.