La medida entraría en vigor cuando el Título 42 —otra norma implementada por Trump y continuada por Biden—, finalice y que se estima ocurra el 11 de mayo. Estaría vigente durante los siguientes 24 meses.
Si bien, la norma habla vías legales para ingresar a EE. UU. de ciertos solicitantes de asilo que cumplan con algunos requerimientos, estas se limitan al programa que beneficia a los ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, regímenes que Washington considera fallidos y autoritarios.
También a las solicitudes a través de la aplicación CBP One en donde, los solicitantes de asilo que no sean de estos cuatro países deben solicitar y programar una cita en un puerto de entrada.
El resto de migrantes, los que ingresen sin autorización a EE. UU., se presumirá, de entrada, que son “inelegibles” para obtener asilo a menos que puedan comprobar que se enfrentan a una emergencia médica aguda, a una amenaza extrema que pone en riesgo su vida o que fueron víctimas de una forma grave de trata.
Según la normativa propuesta, también podrían aplicar a dicho alivio migratorio aquellos migrantes que pasaron por un tercer país en su ruta a la frontera sur de EE. UU., pidieron asilo y les fue negado.
Tercer país
A pesar de que, al asumir el poder, Biden ofreció restaurar y fortalecer el sistema de asilo estadounidense, la nueva medida recuerda a las impulsadas por el gobierno anterior.
Durante la administración Trump se puso en marcha una normativa similar en 2019 que también negaba el asilo categóricamente a cualquiera que lo pidiera en la frontera sur y que hubiera transitado por un tercer país. La norma fue anulada por un tribunal federal porque la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU. (INA, en inglés) establece que los solicitantes pueden ser enviados a otro país solo si hay un acuerdo de tercer país seguro.
De esa forma, Trump recurrió al Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) que suscribió con Guatemala para tener, en teoría, un país seguro que acogiera a los migrantes a quienes se les negaba dicha posibilidad al llegar a la frontera sur.
Si se trataba de hondureños o salvadoreños que arribaban a un puerto de entrada en la frontera sur de EE. UU. se les deportaba inmediatamente a Guatemala para que procesaran aquí una petición de asilo. Si eran guatemaltecos se les devolvía a México.
Óscar Chacón, Alianza Américas
Ahora, el reglamento que impulsa el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. señala que los migrantes que violen la norma se procesarán bajo el Título 8 y serán expulsados del país y tendrán la prohibición de ingresar en los siguientes cinco años.
Un análisis de la Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica (Wola) advierte que la medida que impulsa la administración Biden podría ser ilegal ya que “el derecho a solicitar asilo al llegar a suelo estadounidense en la frontera entre EE. UU. y México está establecido en el artículo 208 de la INA de 1952”, una ley fundamental de inmigración.
“Este derecho existe independientemente de la nación de origen, la ruta tomada hasta la frontera o el medio por el que el migrante cruzó a EE. UU.”, añade.
Trato inhumano
Organizaciones en EE. UU. se han pronunciado en contra del reglamento, que está abierto a comentarios hasta el 27 de marzo. Afirman que es “cruel e inhumana” y un “retroceso” del sistema de asilo.
“Estas medidas están orientadas a limitar y detener la entrada de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. El Gobierno está tratando de obligarlos a buscar protección en otro país antes que en los EE. UU.”, denunció Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una organización promigrante que agrupa a 59 organizaciones en 18 estados de la Unión Americana.
Por aparte, Rita Robles, representante de la misma organización en México, expuso que los solicitantes llegan a EE. UU. en busca de protección porque saben que no la encontrarán en ningún por donde transiten. “Las cifras de asesinatos, desapariciones, violaciones, secuestros y otras formas de violencia en México y Centroamérica hablan por sí solas”, remarcó.
El Instituto de Políticas Migratorias de EE. UU. (MPI, en inglés) destacó en una publicación del pasado 23 de febrero que las citas en la aplicación CBP One, la única vía legal para intentar acceder a asilo a ciudadanos que no sean Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, “son muy limitadas”, lo que puede dejar a muchos sin poder para asegurar una cita. Aparte, se han detectado muchas dificultades para usarla.
Según la publicación, el MPI cree que quienes se sometan a un proceso de expulsión acelerada, principalmente los adultos que llegan solos, tendrán menos probabilidades de pasar las pruebas de detección de miedo creíble, y a los que se les permita ingresar para buscar asilo tendrán menos posibilidades de obtenerlo.
Doble moral
Aunque exista la percepción de que las administraciones demócratas pueden ser más amigables con los migrantes, los números dicen otra cosa.
Durante la presidencia de Barack Obama, EE. UU. deportó a tres millones 62 mil migrantes, una media anual de 383 mil. En los cuatro años de Trump, las expulsiones alcanzaron un promedio de 240 mil al año.
El analista en temas migratorios Fernando Castro afirmó que las políticas migratorias, cuando el huésped de la Casa Blanca es demócrata, “han sido mucho más severas y contundentes”. Añadió que la migración será un tema fundamental en la campaña presidencial del 2024 y los candidatos tratarán de utilizarlo.
Coincidió en que la norma que regirá los procedimientos de asilo a partir del próximo 11 de mayo es muy similar a lo que propuso Trump en su momento y que esta “viola el derecho humano internacional de petición” de las personas que huyen de sus países de origen.
Asimismo, señaló que en EE. UU. se maneja una “doble moral” ya que esa nación necesita de la mano de obra migrante, pero no se hacen esfuerzos reales para regularizar los flujos.
“Debería haber una ampliación de visas de trabajo ya que los migrantes cubren esa necesidad de mano de obra y están sosteniendo la productividad de ese país”, subrayó Castro.
