La iniciativa consta apenas de dos páginas y tres artículos que reforman el Decreto 95-98, Ley de Migración, y básicamente lo que hace es incrementar las penas por tráfico de personas por el territorio guatemalteco, que estaban de cinco a ocho años, hasta 10 a 30.
En cuanto al delito de “tráfico ilegal de guatemaltecos” las penas de seis a ocho años de prisión establecidas para quien “capte, aloje, oculte, traslade o transporte por cualquier vía o medio” a connacionales para que emigren a otro país sin cumplir con los requisitos legales se aumentan de 10 a 30 años.
Las penas aumentarán en dos terceras partes, entre otros agravantes, cuando el migrante sea menor de edad, se trate de una embarazada, el autor del delito sea un funcionario público o un notario en el ejercicio de sus funciones, el delito se lleve a cabo por un grupo de tres o más personas y cuando el migrante sufra tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Giammattei espera que los diputados aprueben la iniciativa de urgencia nacional, que EE. UU. extradite a traficantes de personas y que se homologuen estas penas con México y el resto de Centroamérica.
Pero la anterior reforma a la Ley de Migración que se aprobó en diciembre de 2015 y que incluyó prisión por el delito de “tráfico ilegal de guatemaltecos” no disuadió en absoluto el éxodo de los connacionales. De 2016 hasta 2021 las detenciones en la frontera sur de EE. UU. se incrementaron 279%.
Guatemala, en especial sus áreas rurales, son terrenos que experimentan con más fuerza los embates de la pobreza, acentuada por los fenómenos climáticos —si no son inundaciones son sequías— y la reciente crisis por la pandemia del coronavirus.
Esto convierte a los territorios en áreas donde en existe una alta demanda de los propios pobladores por contratar coyotes para migrar a EE. UU. por la falta de oportunidades de vida. Es por eso por lo que analistas consultados ven poco o ningún impacto en la reducción de la migración.
No es un disuasivo
“Es puro populismo penal. Está demostrado que con aumentar penas para los coyotes o polleros no se resuelve nada”, dijo el abogado Oswaldo Samayoa, quien estuvo muy involucrado en la elaboración del Código de Migración que se aprobó en 2015.
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Para Samayoa, el tráfico de personas es un mercado criminal millonario en el que “hoy detienen a unos y mañana hay más”. “Lo que debe hacerse es trabajar sobre las condiciones que generan migración y por tanto alimentan ese mercado criminal, pero son condiciones sociales y para nada penales”, remarcó.
El analista en temas de migración Pedro Pablo Solares anticipó que, de aprobarse la ley “podemos anticipar fácilmente que va a tener un impacto nulo en el crecimiento de la industria de tráfico de migrantes”.
En ese sentido, recordó que tras las reformas aprobadas en el 2015 no se ha producido un gran número de capturas o desmantelamiento de estructuras que se dediquen al tráfico de personas. “La pena no es el problema, sino la capacidad del Estado de capturar a esas personas que es muy limitada”, añadió.
En todo caso, como ocurrió en aquel año, dijo Solares, al imponer sanciones penales a los traficantes de personas, más la instalación de muros de seguridad, especialmente en México, provocará el encarecimiento de los viajes con el consecuente fortalecimiento financiero de estas estructuras criminales.
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La directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales de la Universidad Rafael Landívar, Úrsula Roldán, dijo que el aumento de penas para los traficantes de personas debería ser una conclusión después de que se investigue cómo actúan las redes de tráfico, sus alcances y su interrelación con otros crímenes.
Con el tráfico de personas puede suceder lo mismo que con el narcotráfico, que funciona en la ilegalidad total y a los narcotraficantes no los disuaden penas más grandes ya que si alguien cae capturado rápidamente habrá un reemplazo, y por lo tanto no cae el tráfico de drogas.
Roldán cree que la clave es la investigación de las redes y la coordinación que se tenga con otros países.
“Eso ayudaría a determinar iniciativas de ley que ataquen realmente el problema, porque si no, vamos a seguir encarcelando a personas que no necesariamente están cometiendo el delito principal”, subrayó. De momento, “lo más importante es poner en funcionamiento el Código Migratorio y su institucionalidad que garantiza la protección de los migrantes”.
EE. UU. lo ve bien
Ambos analistas coinciden en que una iniciativa de ley de esta naturaleza es bien vista por el Gobierno de EE. UU. porque lo que busca son acciones concretas para desincentivar la migración irregular, y las estructuras de tráfico son quienes la facilitan.
Pero el beneficio posiblemente sea más del lado político porque la administración Biden podría anotarse un avance en la lucha contra la migración irregular si vende la idea de que la ley, si es que se aprueba finalmente, fue producto de sus negociaciones diplomáticas.
Solares afirma que EE. UU. sabe de las limitadas capacidades del país para capturar a dichas estructuras criminales, pero “en términos políticos puede servir a los funcionarios actuales en campañas electorales” en un momento en que la oposición política les señala de tener las fronteras abiertas para los centroamericanos.
“El hecho de que en Guatemala se sancione una ley anticoyotaje puede, en el futuro cercano, salir en discursos de la vicepresidenta Harris resaltando que es el resultado de las alianzas diplomáticas”, dijo el analista.
El internacionalista y catedrático universitario Roberto Wagner considera que “sin duda” la iniciativa de ley responde a la comunicación que han mantenido los gobiernos de Guatemala y EE. UU., quienes creen que desmantelar las redes de coyotaje es lo que debe hacerse para tener un impacto en el corto plazo para reducir la migración y “es un punto en el que ambos gobiernos pueden cooperar y generar resultados visibles”.
Coincide en que, si la medida tienen algún resultado, la administración Biden lo venderá como uno de sus logros políticos con miras a las elecciones de medio término.
Mientras que. para Guatemala, en el corto plazo, puede calmar las aguas en los temas espinosos que trata con EE. UU. y que son la lucha contra la corrupción, la cooptación de las cortes y las restricciones a la libertad de expresión.
