Lo que motivó la actividad era triste, aunque un tanto confortante. El matrimonio Pablo Mauricio hablaba de su satisfacción parcial por el fallo de la justicia mexicana que halló culpables a 12 estatales de Tamaulipas por la masacre ocurrida en la ciudad de Camargo, el 21 de enero de 2021 que dejó 19 muertos, entre ellos 16 migrantes guatemaltecos.
Uno de ellos era Anderson Pablo, el hijo mayor de la familia, que se había marchado a EE. UU. empujado por la falta de oportunidades en su natal Comitancillo, San Marcos, al ver la prosperidad que alcanzaban rápidamente amigos y conocidos suyos que tenían éxito en su travesía.
“Tal vez el cambio de clima le hizo mal”, comentaba Marco Antulio, al tratar de explicar la insistente tos de su hija, a quien considera un “milagro de Dios” ya que estaba en el vientre de su madre cuando ocurrió la tragedia y le afectó tanto que, recién nacida, la pequeña Zury debió estar un mes en cuidados intensivos.
“Cuando nos dieron la noticia —de la masacre, y de que su hijo era una de las víctimas—, mi esposa sufrió mucho, lloró, se enfermó y le dijeron que la bebé tal vez nacería mal, pero gracias a Dios no fue así”, dice el padre.
Justicia a paso de tortuga
Esta familia es una de las pocas que ha visto justicia —aunque sea parcial— luego de la muerte de un ser querido mientras migraba a EE. UU., posiblemente porque el caso ha sido uno de los más mediatizados debido a que en el juicio se comprobó la participación de agentes del Estado en la masacre.
Pero cientos de familias más han sufrido la muerte de un padre, hijo o hermano y han tenido que tragarse su ira, sin que les quede más que aferrarse a la justicia divina.
En los últimos tres años, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) reporta el fallecimiento de 477 guatemaltecos mientras iban rumbo a EE. UU., y 197 denuncias de desaparición.
Dentro de las muertes ocurridas en este país se cuentan por accidentes automovilísticos, asfixiados dentro de un camión, violencia del crimen organizado y ejecuciones extrajudiciales, por negligencia en los centros de detención, como el incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde perecieron 19 guatemaltecos del total de 40 migrantes que perecieron.
Audiencias virtuales
La sentencia en la masacre de Camargo ha sido una excepción a la norma de impunidad, quizás, porque las pruebas que evidenciaban la responsabilidad de los efectivos policiales del estado de Tamaulipas eran muy contundentes, afirma la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), organización no gubernamental de México que dio acompañamiento al proceso legal.
Sin embargo, el proceso legal ha representado muchos retos para las familias de los migrantes ejecutados.
La investigación no termina con la sentencia condenatoria, afirma Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la FJEDD. “Hay un caso abierto en la Fiscalía General de la República en donde se pide que se investiguen responsabilidades a nivel del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades”, subraya.
Para que se diera la sentencia condenatoria se presentaron cerca de 60 medios de prueba, entre peritajes, testimonios de vecinos del lugar, así como análisis de peritos forenses y expertos en múltiples disciplinas, detalló la Fundación en un comunicado.
A modo de ilustrar lo difícil que ha sido para los parientes de las víctimas participar en el proceso, refirió que, “si para una familia mexicana es complejo, es mucho más difícil para las familias que están en otro país”, ya que se enfrentan a un sistema judicial complejo que desconocen por completo.
El juicio empezó el pasado 23 de mayo y el fallo judicial llegó el 14 de septiembre. El gran reto para las familias fue definir un mecanismo para que pudieran intervenir en el proceso cuando fuera necesario, lo que fue posible hasta que pasó la primera etapa del proceso.
Fue así como el juez del caso autorizó que participaran a través de videoconferencias que se desarrollaban a distancia, de Tamaulipas hasta Comitancillo, San Marcos, por medio de Zoom. En estas audiencias los familiares explicaban su parentesco con las víctimas, si tenían hijos y la vida que tenían en Guatemala que los llevó a migrar hacia EE. UU.
“Es una metodología novedosa que buscamos se ponga en práctica en todos los casos donde haya migrantes de Centroamérica y de Latinoamérica, porque se entiende que es difícil que las familias lleguen a México a exigir justicia, y estar presentes en un juicio que va a durar meses. Sería imposible estar físicamente presentes”, precisó Valdez.
Sin embargo, el papá de Anderson afirma que hubo audiencias “desesperantes” ya que a veces no llegaba una de las partes, un defensor o uno de los detenidos o alguien esencial, y se suspendía. “Fue cansado y complicado, hubo audiencias que empezaban a las 9 de la mañana y llegaban las 7 de la noche y no habíamos terminado”, recordó.
La participación en el proceso representó dejar de trabajar por días, dejar al resto de la familia y gastar en transporte y alimentación para trasladarse de las aldeas al centro del municipio. No obstante, se muestra satisfecho por la sentencia.
“El fallo satisface, en parte, por lo menos se ha logrado algo que en otros casos se ha quedado impune”, remarca Marco Antulio.
En cuanto al Gobierno de Guatemala, aunque no acompañó el proceso legal, ofreció construirles viviendas a las familias. Así, dos años y nueve meses después de la tragedia comenzaron a llegar los materiales y algunas casas ya se comenzaron a construir.
Tragedias masivas
De 2010 a la fecha los migrantes que han fallecido en México rumbo a EE. UU. Se cuentan por cientos. Solo la FJEDD ha dado seguimiento a cinco masacres en las cuales se produjeron, al menos, 352 muertos.
En San Fernando, Tamaulipas, han ocurrido dos. La primera en agosto de 2010, donde se hallaron enterrados en un rancho 72 víctimas, presumiblemente ejecutadas por los Zetas. De estas, 13 eran originarias de Guatemala.
Este camino en búsqueda de justicia durante 13 años también ha sido tortuoso. El pasado 24 de agosto se cumplió un aniversario más de esta masacre sin que a la fecha haya una condena.
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El drama es tal en este caso que los familiares de las víctimas ya se empezaron a morir, como los papás de Maria Isabel Cifuentes, una de las migrantes fallecidas, que partieron de este mundo sin ver justicia.
En otros casos, igual de dramáticos, los parientes en Guatemala no tienen la certeza de que los cuerpos que sepultaron hace años son los de sus seres queridos, debido a que, en aquella ocasión recibieron ataúdes sellados, sin un dictamen de causa de muerte y que no se les permitió abrir.
Esta incertidumbre tiene fundamento. En 2014, una comisión forense instalada en México para determinar la identidad de los fallecidos determinó se había enviado un cadáver a Honduras con la identidad equivocada. La familia en aquel país sepultó a su ser querido, pero oficialmente no ha muerto.
Doble dilema
Una madre guatemalteca que pelea un caso de esta masacre de San Fernando de 2010 fue diagnosticada con Alzheimer y sufre porque cree que puede perder la memoria antes de tener la certeza de que enterró a su hija.
La FJEDD también da acompañamiento en este caso y dice que para tener la seguridad de que esta madre sepultó a su hija se necesita exhumar el cadáver, algo que no ha podido hacerse porque el Ministerio Público (MP) se opone.
La razón aparente es porque se trata de un caso ocurrido en otro país y porque pide que esta diligencia la haga el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y no una institución particular, como lo planea hacer la familia y la Fundación. La fiscalía no respondió a una solicitud de comentarios de Prensa Libre.
Esta petición escaló hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), pero a la fecha está pendiente de emitir una resolución.
“Son trece años de impunidad de parte de las autoridades mexicanas y vemos indiferencia absoluta de las autoridades de México y de Guatemala en cuanto a lo sucedido a estas familias”, se lamentó Rosemary Yax, representante en Guatemala de la FJEDD.
“Esta situación ha generado enfermedades y muerte, por la angustia de no saber si eran o no sus familiares a quienes sepultaron. Esto y la incertidumbre han generado secuelas terribles e irreversibles en la salud física y mental de todas las familias”, refirió Yax.
Trece años después de la masacre todavía hay nueve víctimas por identificar, que probablemente sean guatemaltecos.
Por tal razón, la FJEDD piden a la Cancillería de Guatemala que proporcione información de personas que se reportaron como desaparecidas cerca de esa fecha para constatar si se encuentran entre los fallecidos que aún no han sido identificados.
“No hay sentencia en este caso y eso es un mensaje muy grave para la sociedad porque la impunidad… es como decir ‘pueden hacer lo que quieren, cometer cualquier delito que aquí no pasa nada, no se les va a sentenciar’”, refirió Yax.
Testimonio
María Marcelina habló de lo que representó para ella la muerte de su hijo mayor, Anderson, y dijo que desde entonces ha vivido “una historia muy dura y dolorosa”. Llegó a sentir que su vida no tenía sentido.
“Perder a un familiar no es nada fácil, menos con una muerte tan cruel”, refiere la madre, quien en ese entonces estaba embarazada Zury, su hija más pequeña, lo que causó que naciera, según el diagnóstico médico, con problemas de la cabeza y del corazón.
“Yo he sufrido por la ausencia de mi hijo que perdió la vida solo por buscar un futuro mejor. Ellos —los migrantes fallecidos— no hacían nada malo y a pesar de eso les quitaron la vida”, reprocha en medio de sollozos.
También lamenta que en Guatemala no hay oportunidades “para salir adelante”, y en el campo, los jóvenes se gradúan e inmediatamente deciden migrar. “Fue el caso de mi hijo que se fue en busca de un sueño y su sueño se quedó en Tamaulipas”, dijo.
María Marcelina y su familia pueden estar un poco más tranquilos luego del fallo judicial. Mientras carga en sus brazos a Zury, dice que seguirá adelante por sus hijos. “Mi niña es divertida y me hacer recordar el carácter de mi hijo que murió”, expresa.
