Mick Mulvaney, jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, dijo en una conferencia de prensa el 17 de octubre, que ese es un ejemplo de cómo esa gestión maneja las relaciones exteriores.
“Hacemos eso todo el tiempo. Estábamos reteniendo dinero al mismo tiempo para los países del Triángulo Norte. Estábamos reteniendo la ayuda para que cambiaran sus políticas de migración”, señaló.
Incluso fue más allá al decirle a los críticos: “Tengo noticias para todos: supérenlo. Va a haber influencia política en las relaciones exteriores”.
Ucrania era el tema principal en aquella conferencia de prensa, pero Mulvaney usó a Centroamérica como ejemplo para evidenciar que la administración corta la cooperación como una estrategia.
Aquel país europeo ha sido parte de una controversia que tiene como protagonista a Trump. Estados Unidos suspendió la ayuda militar luego de que el presidente norteamericano llamó a su homólogo Vladimir Zelenski el 25 de julio último para, según un testigo, presionarlo a fin de que ese país investigara a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, exvicepresidente de Estados Unidos y el precandidato favorito del Partido Demócrata, con lo cual es un rival político del presidente estadounidense, y es el núcleo del proceso de juicio político que está en marcha en su fase previa y contra el cual Trump se opone.
Esa declaración dista de la retórica diplomática empleada recientemente por Mike Pompeo, secretario de Estado, cuando oficializó que la ayuda -por alrededor de US$150 millones, según Washington Examiner- será restablecida.
De acuerdo con una carta de Pompeo al Congreso norteamericano, en marzo se suspendió la ayuda a Guatemala, El Salvador y Honduras “hasta que sus respectivos gobiernos adoptaran medidas suficientes para reducir la abrumadora cantidad de migrantes que llegan a la frontera de EE.UU”.
Resultado de la “política del presidente” Trump y la respuesta de estos países “estamos observando grandes avances”, expuso Trump, al mencionar los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA, en inglés).
La cooperación se restablecerá en generación de oportunidades económicas, fortalecimiento del estado de Derecho, afianzamiento institucional, la buena gobernanza y desarrollar capacidades para cumplir con los acuerdos, pero hasta que esos convenios estén en funcionamiento, algo que en Guatemala está entrampado porque la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que se requiere la aprobación del Congreso, contrario a lo que busca el Ejecutivo.
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