“Para mantener el compromiso del presidente con la población estadounidense, el DHS continuará aplicando la ley de forma humana y seguirá examinando un rango de opciones para asegurar las fronteras de nuestra nación”, explicó Waldman a EFE.
La portavoz mantuvo la retórica de la Administración y resaltó que “los agujeros de la ley incentivan a los que cruzan ilegalmente la frontera a realizar este viaje peligroso, porque es poco probable que afronten consecuencias por su conducta ilegal y serán casi con total seguridad liberados”.
De acuerdo con las fuentes de la Casa Blanca citadas por The Washington Post, el Gobierno estudia mantener juntos bajo custodia a las familias durante los primeros 20 días de detención, el tiempo máximo permitido para retener a un menor de edad.
Pasado ese tiempo, daría dos opciones a los mayores de edad mientras procesan su deportación: liberar a los niños, separándoles de ellos, o mantenerles encerrados con ellos.
Violaría acuerdo
Esta opción, que está siendo considerada junto a otras, parece atentar contra los términos fijados en el llamado acuerdo de Flores, aprobado en 1997 y que establecía el límite máximo que un niño inmigrante puede ser privado de libertad.
El pasado 6 de septiembre, el Ejecutivo registró una propuesta que de facto acabaría con este acuerdo y eliminaría ese límite de detención para menores, que la Casa Blanca considera un obstáculo para aplicar sus políticas migratorias.
La noticia llega después de que en abril, el Gobierno comenzó las políticas de “tolerancia cero” que provocaron esas separaciones de familias en la frontera hasta que Trump firmó en junio una orden que acababa con esa división familiar, aunque distintas ONG denuncian que han seguido ejecutándola después.
De acuerdo con el último informe federal, se ha reunificado a dos mil 296 de los dos mil 654 niños que fueron separados de sus padres en la frontera.
Del grupo restante, 136 menores continúan bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), y 96 de ellos tienen padres que ya han sido deportados del país.
Otros 219 niños no serán elegibles para reunificación, ya sea porque los propios padres renunciaron a dicho derecho o porque se detectaron antecedentes criminales, por lo que el Gobierno considera que se pone en riesgo al menor.
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