Eso permitirá la entrega a los tres países de la asistencia económica y de seguridad internacional que el Congreso aprobó para ellos dentro del presupuesto de los años fiscales 2019 y 2020, este último todavía en curso, explicó a Efe un funcionario del Departamento de Estado, que pidió el anonimato.
El Departamento de Estado no quiso corroborar a cuánto asciende la ayuda, y el citado funcionario insistió en que el desembolso no será inmediato, dado que aún está sujeto “a discusiones con el Congreso” para resolver “sus preocupaciones” sobre la situación en esos países.
“Soy optimista de que podremos concluir ese proceso rápidamente” y entregar la ayuda, aseguró la fuente.
Más de US$500 millones para toda Centroamérica
La ley presupuestaria aprobada por el Congreso solo indica que debe desembolsarse a la región un mínimo de 525 millones de dólares para el año fiscal 2019 y de 515 millones para el 2020, pero esas cantidades no solo atañen al Triángulo Norte, sino a toda Centroamérica, incluidos Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Belice.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha recortado sustancialmente la ayuda a Centroamérica desde que llegó al poder, e incluso suspendió la asistencia al Triángulo Norte durante unos meses el año pasado, aunque esos fondos correspondían a los años fiscales 2017 y 2018.
Este año fiscal, el Gobierno de Trump pidió al Congreso 69,4 millones de dólares en ayuda para Guatemala; 65,7 millones para Honduras y 45,7 millones para El Salvador; pero no está claro si los legisladores han autorizado una cantidad de asistencia todavía mayor para esos países.
En el año fiscal 2019, el Congreso aprobó más del doble de fondos para Guatemala de los que les había pedido Trump (un total de 153,3 millones), y también autorizó más ayuda de la solicitada para Honduras (77,6 millones) y El Salvador (al menos 78,1 millones), según datos de la web oficial foreignassistance.gov.
Preocupaciones sobre corrupción y narcotráfico
La certificación emitida este miércoles indica que los Gobiernos de los tres países están “combatiendo la corrupción e impunidad, incluyendo mediante el procesamiento de funcionarios gubernamentales corruptos”, además de “proteger los derechos de la sociedad civil, la oposición” y los medios de comunicación.
También afirma, entre otras cosas, que esos Ejecutivos están garantizando la independencia del sector judicial y las instituciones electorales, además de “combatir el tráfico de personas” y las “actividades de las bandas criminales y los narcotraficantes”.
El funcionario consultado por Efe reconoció que Washington aún tiene “preocupaciones” importantes respecto al grado de cumplimiento de esos puntos en la región, en particular “los presuntos lazos con el narcotráfico” del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
En abril, la Fiscalía de Nueva York acusó de tres cargos relacionados con el narcotráfico al exjefe de la Policía Nacional de Honduras Juan Carlos Bonilla Valladares, y nombró como conspirador en ese caso al presidente hondureño, que ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico.
La fuente también citó como preocupante la decisión de Hernández de cerrar la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y al Impunidad en Honduras (MACCIH), aunque valoró los “sinceros” esfuerzos de Tegucigalpa de sustituirla por una nueva unidad contra la corrupción.
