Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) no confirmó la información, guatemaltecos en Misisipi y organizaciones humanitarias dan cuenta de que EE. UU. comenzó a deportar a los connacionales, mientras otros solo están a la espera del día y hora para ser devueltos al país.
De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) da cuenta que del total de guatemaltecos que fueron detenidos y que quedaron en prisión el segundo día de las redadas, al menos 75 ya firmaron su deportación voluntaria mientras que otros 72 enfrentan cargos criminales, entre otros delitos, por reingresar sin autorización a EE. UU. y por utilizar un nombre o documento falso.
El pasado 7 de agosto, ICE efectuó siete redadas en procesadoras de pollo de seis ciudades de Misisipi y detuvo a unas 700 personas, de las cuales, al menos 390 eran guatemaltecas; sin embargo, un día después fueron liberadas casi la mitad puesto que alegaron que tenían hijos y no tenían quién se hiciera cargo de su cuidado.
Según migrantes consultados, los retornos comenzaron el pasado 10 de septiembre y entre estos se cuentan los casos de dos madres que tenían tres hijos y que ya se encuentran en Comitancillo, San Marcos.
Estas historias ejemplifican cómo los operativos causaron la división de las familias. Una de las madres debió dejar a uno de sus hijos con el padre, mientras que los otros dos se quedaron solos al cuidado de la más grande que ya es mayor. La madre ya se encuentra en Guatemala.
De esa forma, lo que hasta hace unos meses era una familia unida de cinco integrantes ahora se encuentra dividida en tres lugares distintos de dos países.
De la otra mamá se cuenta un caso similar, porque sus tres hijos, todos menores de edad, están ahora bajo el cuidado del padre mientras ella ya se encuentra de regreso en Guatemala. Aparentemente la obligaron a firmar un documento para aceptar su deportación.
Han tocado jueces duros
La organización Justicia para Nuestros Vecinos afirmó que del total de personas que quedaron detenidas después de las redadas los jueces apenas han otorgado entre 15 y 20 fianzas cuando hay acusaciones que pueden calificar para esa medida.
“Da mucha tristeza. Hay personas que posiblemente califican —para una fianza— entonces ¿por qué no se las quieren dar? ¿Por qué son tan duros? y ¿Por qué causan tanto dolor y trauma?”, cuestionó Dalila Reynoso, activista de la organización.
Según Reynosa, los procesos judiciales han sido lentos y todavía hay niños que no tienen a su mamá o su papá o a ambos y están viviendo una “pesadilla”. Además, se quejó de que las audiencias han sido a puerta cerrada y aunque en teoría cualquiera puede acceder a las mismas, los jueces “hacen lo que quieren”.
Retardan procesos
Los jueces, a criterio de grupos humanitarios, pueden estar retardando los casos a propósito.
Así lo afirma Ray Ybarra, un abogado experto en inmigración que lleva por lo menos dos casos de detenciones en Misisipi, entre estos el de María Domingo García, una mexicana que aún amamantaba a su bebé de 5 meses y está detenida y cuyo esposo es guatemalteco.
La pareja tiene otros dos hijos. Los tres menores son estadounidenses.
En la reciente audiencia judicial Ybarra denunció que el juez no tomó “ninguna acción” respecto de su defendida lo cual, a su criterio, demuestra que es una táctica para “mantenerla en custodia y lejos de su familia”.
Por ejemplo, citó que una las razones por las cuales el juez no actuó fue porque le pareció que ella había presentado un certificado de nacimiento falso, pero no le avisaron a él —a Ybarra— hasta el día de la audiencia, y si lo hubieran hecho antes seguramente habría llevado a la cita judicial el documento para desmentirlo.
Efectos devastadores
El principal problema para las familias radica en el sufrimiento de los niños, muchos de los cuales tienen la incertidumbre de si volverán a ver a sus padres, mientras que los más pequeños que no están conscientes de que sus progenitores fueron detenidos se sienten abandonados.
Reynoso asegura que los efectos en los menores de edad pueden ser “devastadores” y para toda la vida.
En ese sentido, la psicóloga clínica Méshelle Kababié explicó que entre más pequeños son los niños más profundos pueden ser los impactos hasta generar un trauma, que en psicología ocurre cuando un evento sobrepasa las capacidades de una persona de manejar una situación adversa.
Las consecuencias se pueden experimentar tanto en el corto como en el largo plazo, explica Kababié, por ejemplo, los más pequeños experimentarán necesidad constante de llorar, conductas regresivas (como orinarse en la cama o no avisar cuando necesita ir al baño), angustia, miedo y pesadillas, sobre todo porque la partida fue abrupta y el proceso quedó “inconcluso” ya que ni siquiera hubo una despedida y prácticamente se trató de una desaparición.
Aunque los efectos dependerán de la capacidad de la persona para manejar la situación, la experta apuntó que en la vida adulta también puede haber repercusiones, entre estas, conductas de inseguridad y desconfianza así como falta de capacidad para adherirse a grupos sociales, también podría desarrollar una tendencia de sentirse siempre discriminada porque dentro de ella existirá una “inseguridad de que puede ser engañada”.
La psicóloga también se refirió a los efectos que lleva la desintegración familiar, los cuales pueden ser muy negativos si los menores se quedan a cargo de cuidadores con quienes no se sientan protegidos.
En el caso de los adolescentes, por ejemplo, corren el riesgo de que puedan buscar esa seguridad en grupos externos al entorno familiar, incluso delincuenciales, e imitar esas conductas porque allí encuentran esa protección.
Drama continúa
Pero no solo los niños continúan sufriendo las secuelas de las redadas. Los padres y madres de familia que se quedaron a cargo de los hijos siguen sin hallar empleo y con deudas que se acumulan.
Freddy López un guatemalteco que reside en Carthage, Misisipi, desde hace más de 20 años fue liberado por razones humanitarias un día después de las redadas. Con cinco hijos a cargo, sigue desempleado y debe esperar hasta junio del 2020 cuando ocurra su audiencia con un juez de inmigración para saber si tendrá una oportunidad de pelear su caso y tener derecho a un permiso de trabajo.
“La gente —afectada— sigue llegando las iglesias a pedir ayuda”, dice López, quien agrega que solo en Carthage al menos 80 familias aún son asistidas.
Entre cólera y frustración, el migrante asegura que ha escrito a las cuentas de redes sociales del presiden electo Alejandro Giammattei para saber si existe alguna posibilidad de ayudarlos, aunque a la fecha no ha recibido respuesta. Quisiera saber, afirma, si hay algún plan para apoyar a los guatemaltecos en caso sean deportados o si deciden regresar con sus familias.
“Nosotros quisiéramos que hagan algo bueno, que no solo lleguen a tomar el dinero del pueblo y que hagan algo para que la gente ya no migre, porque dejan empeñados sus terrenos y casas para venirse aquí a toparse con esta cruel realidad”, afirmó López.
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