El juez Dana Sabraw, con jurisdicción en San Diego, dio plazo hasta este jueves 26 de julio para que el Gobierno entregue a sus padres indocumentados a más de 2.500 menores de entre 5 y 18 años, aunque los abogados de la Administración Trump han dicho que solo 1.634 son elegibles para ello.
“Demandamos al presidente
Donald Trump que reunifique inmediatamente a los niños separados de sus padres en la frontera. (…) Esto es una vergüenza y va en contra de los valores estadounidenses”, sostuvo hoy en una conferencia de prensa el senador demócrata Dick Durbin, el segundo de mayor rango dentro de su partido en el Senado.
Sin embargo, él y sus colegas lamentaron que el Gobierno de Trump “no cumplirá” con la fecha límite, ya que, a día de hoy, “hay cerca de 2 mil niños” que permanecen separados de sus progenitores a causa de la política de “
tolerancia cero” con la
inmigración ilegal.
“Esto es una mezcla tóxica de crueldad e incompetencia”, denunció Durbin.
Hasta el momento, el Gobierno estadounidense ha reunido a 58 de los 103 niños menores de 5 años con sus padres, según datos que ofreció la legisladora
demócrata Yvette Clarke en la misma conferencia de prensa.
Además de criticar la lentitud en el proceso de reunión de menores con sus padres, los demócratas censuraron algunas de las condiciones bajo las que padres e hijos están viviendo en los centros de detención.
“Estos centros no son de propiedad federal, sino que son privados. Eso significa que quieren maximizar sus beneficios a toda costa”, dijo en declaraciones a Efe el miembro de la Cámara de Representantes Luis Gutiérrez.
Entre otras cuestiones, lamentaron que los padres de los niños estén obligados a pagar ocho dólares por llamada telefónica para poder hablar con sus hijos.
De hecho, un grupo de 145 legisladores demócratas exigieron este lunes en una carta dirigida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) que deje de cobrar esta cantidad a los padres inmigrantes retenidos en centros de detención.
El juez Sabraw ordenó en junio pasado al Gobierno la reunificación de los cerca de 3.000 menores que fueron separados de sus familias tras cruzar la frontera con México como parte de la política de Trump de “tolerancia cero”.
