Dicha política debe dar los lineamientos generales de actuación para cada institución. Hoy en día, 21 dependencias tienen que ver con el tema migratorio, pero cada una trabaja por su lado y con poca coordinación.
Especialistas en temas migratorios creen que esta política es crucial para atender a los migrantes en tránsito. Esta semana se pudo ver a miles de ellos —en especial de Venezuela— en Esquipulas, Chiquimula, y en la Central de Mayoreo (Cenma) sin ninguna asistencia y transitando a su suerte. Esta migración tiende a aumentar.
Autoridades han retomado la discusión de esta herramienta y se espera que esté lista este mes.
El artículo 114 del Código de Migración define a la política migratoria como “el conjunto de normas, instituciones, procedimientos, programas, planes, presupuestos y acciones que el Estado de Guatemala destina con exclusividad para atender el derecho a migrar de las personas”.
Instituciones van a ciegas
“Con una política migratoria se tendrían definidas las acciones que deben llevar a cabo las instituciones relacionadas a la migración, incluyendo sus planes, programas y presupuestos”, indicó Fernando Castro, analista en temas migratorios.
“Hoy en día estamos a ciegas y cada institución trabajando por su lado o duplicando funciones”, puntualizó. Algunas instituciones, prosiguió, no cumplen con su mandato y otras hacen un trabajo en favor de los migrantes, aunque no está especificado en ninguna ley o reglamento.
Danilo Rivera, integrante del Grupo articulador de la sociedad civil en materia migratoria, citó, como ejemplo de la urgencia de que se apruebe la política, que el Estado no se ha encargado por años de la atención de los migrantes en tránsito y es una tarea que se ha dejado a grupos sociales.
“No es posible que —la atención a los migrantes en tránsito— sea solo por gestión de las casas del Migrante o de la iglesia, cuando esta atención requiere recursos y personal”, subrayó.
Aunque en la atención a los retornados, en los consulados o a solicitantes de asilo se han hecho esfuerzos, Rivera considera que hay muchos pendientes relacionados a los migrantes en tránsito, por lo cual, la política migratoria será la guía de cómo ejecutar las acciones establecidas en la ley.
“No puede ser que todavía el sistema bancario o en otras instituciones se exija —a los extranjeros— solo el DPI”, apunta Rivera; además, precisó, la política debe garantizar el acceso a la justicia de estas personas que constantemente denuncian sobornos por parte de la Policía Nacional Civil para permitirles continuar el viaje.
Qué incluye
El proyecto de borrador de la política se encuentra en los últimos análisis por parte de diversos sectores vinculados al tema. El documento original fue producto de una consultoría que efectuó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según el diputado Edgar Batres, miembro de la Comisión del Migrante del Congreso.
Consta de cuatro ejes: derechos humanos y personas en situación de vulnerabilidad; integración y reintegración sustentable; servicios migratorios, consulares y gestión integral de fronteras; así como migración y desarrollo sostenible.
Estos ejes tienen por objetivo, garantizar la atención integral de los migrantes y asegurar la protección de sus derechos humanos, integrarlos o reintegrarlos a ellos y a sus familias en las comunidades de acogida y ofrecer servicios migratorios y consulares simples, ágiles y accesibles. También favorecer la migración segura, ordenada y regular.
La propuesta contiene 160 acciones. Para su elaboración participaron 117 instituciones, 50 del Estado, 31 de la sociedad civil, seis representantes departamentales, 13 de guatemaltecos en el exterior, seis organismos internacionales, cinco del sector privado, cinco académicas más la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
Batres precisó el próximo 26 de septiembre tendrán una última reunión para homologar criterios, entre la sociedad civil y las 21 instituciones del Estado involucradas y que han invitado a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para que conozca la política, puesto que deberá ser implementada por el próximo gobierno.
Por tal motivo, el legislador espera que las próximas autoridades planteen ante la Comisión de Finanzas del Congreso la necesidad de que se programen recursos en el presupuesto 2024 para financiarla y evitar que se convierta en “una política más” y que quede en el olvido.
“Actualmente, como no hay política, cada institución hace lo que puede”, señaló Batres, quien actualmente migrantes venezolanos y de otras nacionalidades duermen en las calles sin ninguna protección, cuando hay institucionalidad que está obligada a atenderlos.
El IGM, por medio de su oficina de Comunicación Social, destacó que la construcción de la política ya ha finalizado y que será emitida “próximamente”, mediante un acuerdo de la Autoridad Migratoria. Para concretarla fueron necesarias alrededor de 90 actividades.
Añadió que este instrumento coordinará las acciones de aproximadamente 41 instituciones y que se implementará inmediatamente después de que cobre vigor, para lo cual se contempla la conformación de grupos de trabajo.
¿Y el vicepresidente?
Castro y Batres señalaron que el vicepresidente Guillermo Castillo, quien preside la Autoridad Migratoria, ha tenido poco o nula participación en las reuniones para concretar la política. Sin embargo, este respondió a Prensa Libre que ha tenido un “rol activo” con distintos actores que “ha permitido avanzar”.
Destacó que a él le fue entregado el proyecto de política en marzo pasado por parte de la OIM, y aseguró que solo esperan el dictamen técnico-jurídico que deben emitir las instituciones que integran la Autoridad.
