Fue el mismo presidente Alejandro Giammattei quien anunció el pasado 14 de enero que buscaría endurecer las penas por tráfico de migrantes, por lo que envío una iniciativa al Congreso, donde los diputados la sometieron a discusión.
En esa oportunidad, el mandatario propuso endurecer las penas de prisión contra los traficantes, conocidos como “coyotes”, y pidió a Estados Unidos – principal destino de la migración guatemalteca – recibir en “extradición” a “este tipo de delincuentes que se enriquecen con la migración irregular y el sufrimiento de las familias”.
Pero fue hasta este martes 1 de febrero que, con 91 votos a favor, los diputados aprobaron las reformas y, justamente, endurecieron las penas para los traficantes de personas.
Con 87 votos los parlamentarios aprobaron una modificación al artículo 108 de la Ley de Migración, con la que se aumentará la condena para los “coyotes” en dos terceras partes en algunos casos específicos.
“Artículo 108. Agravantes. La pena prevista para los delitos de tráfico licito de personas y tráfico ilegal de guatemaltecos, será aumentada en dos terceras partes cuando:
- La persona migrante sea niño, niña o adolescente
- La mujer migrante se encuentre en estado de embarazo.
- Se ponga en peligro la vida, la integridad o la salud del migrante, por las condiciones o medios en las que se ejecute el hecho, o se le cause grave sufrimiento físico o mental.
- El autor o partícipe sea funcionario o empleado público.
- El autor o participe sea notario, que en ejercicio de sus funciones y con conocimiento, favorezca o facilite la acción ilícita.
- El hecho se realice por un grupo de tres o más personas, se trate o no de delincuencia organizada.
- La persona migrante resulte ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Cuando la persona migrante sufra privación de libertad en el extranjero, sea víctima de otros delitos de cualquier orden, o falleciere.
La reforma agrega que “en ningún caso se tendrá como eximente o atenuante de responsabilidad el requerimiento, el pago o consentimiento prestado por la persona migrante, su representante legal o de un tercero.
Por lo anterior y con la modificación del artículo 107 bis de la Ley de Migración, quienes trafiquen guatemaltecos irían a prisión entre 10 y 30 años (inconmutables), con un pago de entre Q100 mil y Q200 mil por connacional traficado. Anteriormente las penas eran de 6 a 8 años.
En los últimos años, decenas de guatemaltecos han sido víctimas durante su periplo hacia Estados Unidos, la última de estas ocurrida en diciembre pasado, cuando un tráiler cargado con centroamericanos volcó en una carretera de Chiapa de Corzo, Chiapas México, donde 56 migrantes perdieron la vida y más de un centenar resultó herido. 40 de los fallecidos eran guatemaltecos.
Además, El 22 de enero de 2021, los cuerpos de 19 personas fueron localizados carbonizados en un camino del municipio mexicano de Camargo, estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos y golpeado desde hace años por el crimen organizado. De estos, 16 eran de Guatemala.
Operativo
Guatemala dijo el viernes recién pasado haber desbaratado una red de traficantes de personas señalada como la presunta responsable de haber transportado ilegalmente a 15 guatemaltecos migrantes que fueron asesinados en México en 2021 en su intento por llegar a Estados Unidos.
El grupo, denominado “Los Coronado”, fue desmantelado tras varios allanamientos en Comitancillo, San Marcos, en los que se arrestó a 10 personas acusadas de integrar la red de trata, dijo Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Entre los detenidos figura uno de los supuestos líderes de la red de “coyotes”, como se les conoce a los traficantes, mientras que otro de los presuntos cabecillas, un exalcalde municipal de Comitancillo está prófugo junto a otras cinco personas, añadió Campo.
La mayoría de los detenidos fueron llevados a la capital tras la operación que tuvo apoyo de agentes del departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos.
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El 22 de enero de 2021, los cuerpos de 19 personas fueron localizados carbonizados en un camino del municipio mexicano de Camargo, estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos y golpeado desde hace años por el crimen organizado.
De las víctimas, 16 eran guatemaltecas y las otras tres de origen mexicano. En el grupo de centroamericanos, 15 eran migrantes y uno era el guía o “coyote”, parte de la red desmantelada este viernes.
Los cadáveres fueron hallados en el interior de un vehículo que había recibido 113 impactos de bala y fue posteriormente quemado, según investigaciones de las autoridades. Doce policías mexicanos fueron detenidos por su responsabilidad en lo ocurrido.
Los cuerpos de los guatemaltecos, todos originarios de Comitancillo, fueron repatriados casi dos meses después de la matanza.
“Se estableció que la estructura criminal captaba a las víctimas, acordando con ellas un pago que oscilaba entre los Q95 mil y los Q120 mil (unos US$11 mil 875 y US$15 mil), para trasladarlos hacia el territorio estadounidense”, agregó el fiscal.
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Por su lado, el ministro del Interior, David Barrientos, declaró en conferencia de prensa que en los operativos se incautaron grandes cantidades de quetzales y dólares, así como un arma de fuego, municiones y equipo de cómputo, entre otras evidencias.
Cada año, miles de guatemaltecos, muchos con apoyo de traficantes, emprenden el peligroso camino sin papeles para atravesar México y llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia que azota la región.
