En el 2020, según reporta el Sistema de Contabilidad Integrada para entidades descentralizadas, el nivel de ejecución es del 33.87 por ciento. Destaca el rubro de estudio en materia migratoria y política pública integral, cuyo nivel de inversión es 0%. Mientras que del fondo de emergencia por el covid-19, que es de Q9.3 millones, se ha ejecutado el 67.71 por ciento.
En abril, el Congreso de la República decidió destituir a Carlos Narez al frente de Conamigua, “derivado de la ineficiente administración (…), lo que ha dado como resultado una mala ejecución en esa institución”, también por no contar con planes y proyectos en favor de la población migrante ante la crisis sanitaria, según el acuerdo 13-2020.
La actual secretaria en funciones, Rita Elizondo, aseguró que cuando recibió el cargo, la ejecución era poco más del 6 por ciento y actualmente ya se comprometió el 41.85 por ciento del presupuesto. Respecto de la baja ejecución, dijo que no hubo una buena planificación por parte del secretario anterior y mencionó como obstáculo el hecho que tiene poco personal 0-11, lo que le dificulta lanzar licitaciones.
La funcionaria dijo que solicitó a los integrantes del Consejo Nacional que se le autorice licitar en las próximas semanas, para dar transporte vía aérea a migrantes retornados hasta su departamento y proveerles de kits de higiene y alimentación a su llegada. “Esos eventos suman más de Q90 mil”, justificó.
Fallas
Pedro Pablo Solares, analista en temas migratorios, consideró que en los últimos años los nombramientos en Conamigua obedecen más a intereses políticos particulares, y a ello se debe su inoperancia.
A la fecha, el ente no ha formulado proyectos o planes para la prevención de la migración forzada ni para la atención de las personas retornadas. Tampoco ha logrado que las remesas que se envían desde EE. UU. se inviertan en el desarrollo, advirtió el entrevistado.
Además, hay otras entidades que pueden desarrollar las funciones que actualmente desempeña Conamigua, como el Instituto Guatemalteco de Migración o Cancillería, dijo.
“Es reprochable insistir en que Conamigua va a poder ejecutar el presupuesto de forma seria. El fenómeno migratorio no debería estar enfocado en esa institución. Mi opinión es que la vía correcta es la disolución de esa entidad, creada con el objetivo de otorgar favores políticos con la excusa de migración. La población migrante, que según el Ministerio de Relaciones Exteriores es de alrededor de tres millones de personas, no se identifica con esa institución”, cuestionó Solares.
Rodulfo Santizo, miembro de la Asociación Primaveral y del Foro Migrante Guatemalteco en Washington DC, afirma que la inoperancia de Conamigua se debe a la falta de visión de quienes han desempeñado la secretaría ejecutiva.
“Aunque no se puede ejecutar en el extranjero, tampoco ha habido un plan operativo para atender a migrantes deportados”, dijo Santizo.
Ligia Hernández, diputada de Movimiento Semilla y secretaria de la Comisión del Migrante en el Congreso, afirmó que uno de los problemas que tiene la institución para ejecutar sus recursos es que requiere la aprobación del Consejo, que lo integran el Canciller —quien lo preside—, el titular de Segeplán, un diputado electo por el pleno, viceministros de Economía y Trabajo y el gerente general del Banguat. El secretario ejecutivo tiene voz, pero no voto.
“Conamigua no es una entidad que pueda por sí sola aprobar ejecución, sino que depende del Consejo, y por cómo se organiza se dificultan las sesiones. Hubo un año donde el consejo se reunió una sola vez; eso hace que sea difícil ejecutar”, comentó Hernández.
Mario Gálvez, presidente de la Comisión del Migrante, comentó que se desarrollan mesas técnicas en las que se discuten reformas a la Ley de Conamigua “para dotarla de dientes y hacerla más efectiva”.
En dicha mesa participan líderes migrantes y actores de la sociedad civil. No obstante, prefirió no adelantar algunos cambios que se discuten para no mostrar preferencia hacia una u otra propuesta.
