“Usó —Trump— las armas del inmigrante, la del muro durante su campaña, pero no se le hará fácil firmar decretos y decretos. Estas medidas todavía las tiene que aprobar el Congreso. Obama firmó un decreto que iba a cerrar Guantánamo, y ya salió, y Guantánamo se quedó abierto”, recordó Luis Mejía, residente en Nueva York.
Elmer Sandoval, quien vive en Nueva Jersey, dijo que, por tratarse de una ley ejecutiva, es posible que no necesite ser aprobada por el Congreso.
“Las nuevas órdenes afectarían a las familias que ahora se ven una vez a la semana. Todo esto nos causa preocupación. No hay claridad de dónde saldrán los fondos para la construcción del muro”, agregó.
Ciudad santuario
El alcalde Jorge Elorza considera a la ciudad que dirige, Providence, Rhode Island, como santuario.
No es que exista una definición adoptada por el gobierno federal. Lo que sucede es que organizaciones sociales son las que la han catalogado así, por sus “leyes amigables” con los inmigrantes, refirió Víctor Morente, asistente del alcalde.
En ese lugar residen 178 mil personas y tiene una población migrante de 51 mil, incluyendo refugiados.
“Tenemos organizaciones comunitarias que dependen de fondos federales, ayudan con educación, vivienda, recurso para encontrar trabajos, y podrían verse afectadas”, explicó.
“La ciudad seguirá siendo amigable con los inmigrantes, especialmente con quienes no tienen récord criminal”, comentó.
Los fondos
En los primeros días, el nuevo presidente tomó acciones directas, afirmó el abogado especialista en temas migratorios Pedro Pablo Solares.
Recordó que las promesas que Trump lanzó durante su candidatura fueron desestimadas por la oposición en Estados Unidos, incluso por el gobierno guatemalteco.
“Cualquier acción que necesite modificación presupuestaria debe pasar por el Congreso de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Interna, a cargo de estas acciones, depende del Ejecutivo”, agregó.
“Si el Departamento de Seguridad Interna tiene el presupuesto suficiente para ejecutar, el presidente tendría una limitación menos que superar, al no tener que solicitar la modificación presupuestaria al Legislativo”, explicó Solares.
Fin a política
El anuncio del fin de la política de Catch and release afectará a Guatemala.
Se trata de una legislación por medio de la cual los menores de edad que son detenidos en la frontera y que provienen de países que no sean México o Canadá son acogidos y se les da el derecho de presentarse a una audiencia judicial; mientras tanto pueden vivir con un familiar o tutor.
“Esto puede ser un cambio dramático, porque hoy los menores guatemaltecos viajan porque saben que serán reubicados con sus familias”, advirtió Solares.
Existen acuerdos internacionales que protegen a los menores que viajan solos. “No es tan fácil que EE. UU. pueda cancelar esos beneficios; tiene que haber un proceso previo”, opina Evelyn Leiva, abogada especialista en migrantes que residen en ese país.
“La decisión de construir el muro generó muchas críticas, pero la migración no se detendrá con un muro; parará cuando Guatemala ofrezca condiciones dignas a sus habitantes”, dijo.
La política de deportar a los criminales está establecida y Obama la ejecutó de manera muy fuerte, recordó Leiva.
“Trump —elegido para cuatro años— tendría que deportar cerca de siete mil personas a diario para igualar las cifras de Barack Obama durante sus ochos años de gestión”, agregó.
Entre los centroamericanos, los guatemaltecos encabezaron el incremento de migrantes, con el 389 por ciento del 2000 al 2013, según un reporte del Instituto de Políticas de Migración (MPI, en inglés).
