“En esta operación, 64 de los 65 arrestados ya habían sido deportados del país, y la mayoría tiene o condenas criminales o cargos criminales pendientes”, explicó el responsable de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) en Nueva York, Thomas R. Decker.
Los detenidos proceden de Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México y Ucrania; y fueron apresados en los cinco distritos de Nueva York y en los condados de Nassau y Suffolk, en Long Island.
Los delitos imputados a los individuos abarcan el
abuso sexual, la posesión y el tráfico de cocaína, el fraude de pasaporte, la agresión o la posesión de armas, entre otros, además de la entrada ilegal en ese país y la entrada tras una deportación.
Seis están siendo juzgados por tribunales estadounidenses y tres han sido remitidos a la Fiscalía para ser procesados criminalmente, mientras que 31 eran delincuentes condenados y 17 tenían cargos pendientes.
En la lista facilitada por ICE figura un individuo mexicano de 41 años que había sido deportado de EE. UU. en seis ocasiones y tenía sentencias por robo de identidad agravada, vandalismo, conducción bajo la influencia del alcohol, hurto, resisto al arresto y reinserción ilegal tras una deportación.
Esa persona había sido liberada por las autoridades bajo una orden de detención de Inmigración, igual que otro individuo, un salvadoreño de 35 años que también había sido deportado previamente y tenía una condena por abuso sexual en tercer grado.
La agencia criticó en el comunicado que 29 de los detenidos habían sido liberados con anterioridad por las autoridades locales bajo una orden de retención de Inmigración que no “fue respetada”, lo que perjudica su “capacidad de proteger la seguridad pública”.
“Ahora que muchas ciudades santuario, incluida Nueva York, no respetan las órdenes del ICE, estos individuos, a menudo con historiales criminales significativos, son puestos en las calles y presentan una potencial amenaza a la seguridad pública”, añadió.
La agencia denunció los esfuerzos de los “políticos locales de Nueva York”, que han “protegido a extranjeros criminales deportables” de las autoridades de inmigración y han creado “otro imán para más inmigración ilegal”.