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“No estoy haciendo una nueva ley, estoy eliminando las malas políticas”, dijo el mandatario, citado por medios estadounidenses, al firmar las medidas, en un intento por revertir los polémicos decretos de su antecesor, Donald Trump.
Biden dijo que, con estas decisiones, busca un Estados Unidos más seguro, fuerte y próspero, pero sobre todo “un sistema de inmigración legal, justo, ordenado y humano”.
En las nuevas directrices también se ordena a los departamentos de Justicia, Estado y Seguridad hacer una revisión del proceso de naturalización, para que sea accesible a los más de nueve millones de migrantes.
Según Los Angeles Times, “Biden ha pedido también el fin de los controvertidos acuerdos de asilo firmados por la administración Trump y funcionarios de Guatemala, El Salvador y Honduras.
“En ocasiones, los funcionarios estadounidenses llevaron a las familias a países que no eran los suyos sin decirles adónde se dirigían”, dice la publicación.
En el caso de este acuerdo, llamado de “tercer país seguro”, solo se concretó con Guatemala, según un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, adonde fueron enviados unos mil solicitantes de asilo desde noviembre de 2019.
Sin embargo, dice el documento elaborado por una delegación demócrata, sólo 34 casos fueron procesados y ninguno ha recibido el asilo.
Otra de las órdenes firmadas está relacionada con el acceso a los permisos de trabajo (green card) a personas que reciben algún beneficio estatal, cuyo derecho había sido vedado por las políticas de Trump.
El 26 de julio de 2019, Enrique Degenhart, entonces ministro de Gobernación, y Kevin K. McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, firmaron el convenio de tercer país seguro.
Respecto del acuerdo, hubo cuestionamientos de sectores a la administración del entonces presidente Jimmy Morales, porque señalaban que un convenio de este tipo debía ser ratificado por el Legislativo, sin dejar de tomar en cuenta que Guatemala no estaba en condiciones de procurar una calidad de vida a migrantes con solicitud de asilo en el país norteamericano.
La medida establecía que, mientras se solucionaba la solicitud de asilo de migrantes que llegaran a Estados Unidos, estas deberían permanecer en uno de los “países seguros”.